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El Ministerio de Hacienda y Función Pública cumple los principales objetivos de 2021 con la aprobación de sus segundos Presupuestos y de la ley para reducir la temporalidad en la Administración

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El Ministerio de Hacienda y Función Pública cumple los principales objetivos de 2021 con la aprobación de sus segundos Presupuestos y de la ley para reducir la temporalidad en la Administración

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha logrado durante este año cumplir una parte significativa de los compromisos del Gobierno correspondientes a este departamento, lo que contribuye a incrementar la nómina de objetivos alcanzados de los marcados para el conjunto de la legislatura, que se encuentra ya en su ecuador.

Así se recoge en la nueva edición del informe 'Cumpliendo' que ha presentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en La Moncloa. La elaboración y publicación de este documento es un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas sin precedentes en España. En él se mide de manera dinámica el grado de cumplimiento de los compromisos, objetivos y promesas del Ejecutivo.

El logro fundamental del Ministerio de Hacienda y Función Pública durante el último semestre y en el conjunto del año ha sido la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que superaban su último trámite este martes en el Congreso de los Diputados y que se publicaban ayer mismo en el Boletín Oficial del Estado, lo que permite su entrada en vigor el próximo 1 de enero.

El departamento que dirige María Jesús Montero reedita el hito, ya que las cuentas de 2021 también entraron en vigor con el inicio del ejercicio. No se aprobaban dos Presupuestos consecutivos en tiempo y forma desde mediados de la década pasada. Además, en ambos ejercicios, el grado de apoyo en las Cámaras ha sido muy amplio: los PGE para 2022 han recibido el respaldo de hasta quince formaciones políticas.

Las cuentas públicas para el próximo año tienen el objetivo de lograr asentar una recuperación económica y social justa, con la mayor inversión productiva de la historia favorecida por la llegada de los fondos de recuperación, y con una inversión social récord que hace posibles cifras inéditas en las partidas para educación, becas, igualdad de género o dependencia.

Población ajustada

Las cuentas de 2022 también ponen en el centro el objetivo de la cohesión territorial, con inversiones inéditas para afrontar el reto demográfico y la España vaciada, y con fondos extraordinarios para Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Mientras el Gobierno ha seguido apoyando financieramente a los territorios, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha avanzado en el desarrollo de reglas y principios para el diseño del nuevo sistema de financiación autonómica: el pasado 3 de diciembre se remitió a las Comunidades Autónomas de régimen común una propuesta sobre población ajustada, uno de los ingredientes fundamentales que se usará como criterio para el reparto de recursos.

El apoyo del Gobierno a las Comunidades Autónomas también se ha manifestado en el fondo dotado con 7.000 millones de euros con que los territorios han podido prestar ayuda a autónomos y pymes. Esos recursos se suman a aquellos de los que ha dispuesto el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, del que ya son beneficiarias una docena de compañías.

Justicia tributaria

Hacienda también ha avanzado en su objetivo de crear un sistema tributario más justo y redistributivo. En este sentido, los PGE para 2022 incluyen el tipo mínimo efectivo en el Impuesto sobre Sociedades, que se aplicará a empresas con facturación superior a 20 millones de euros o que constituyen un grupo consolidado. España se ha convertido en pionera en la aplicación de una medida en línea con la acordada internacionalmente, con amplio consenso, tanto en el Marco Inclusivo de la OCDE como en la Unión Europea. Se trata de un acuerdo global en cuya génesis el Gobierno ha participado muy activamente.

También en materia tributaria, la lucha contra el fraude es una de las misiones que se ha marcado este Ejecutivo. Como destacado avance en la cuestión, hay que recordar que el pasado 10 de julio entraba en vigor la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que recoge medidas como la prohibición de amnistías fiscales, la actualización de la lista de paraísos fiscales, el endurecimiento del listado de deudores a la Hacienda Pública, la reducción del límite para pagos en efectivo, la prohibición del software de doble uso o medidas para permitir un mayor control sobre las criptomonedas.

Otro hito a destacar en la búsqueda de la justicia impositiva en este 2021 ha sido la creación del comité de personas expertas para la reforma fiscal. Con el fin de contar con la más amplia colaboración y participación de todas las partes interesadas en el sistema tributario español, el comité realizó una consulta pública que finalizó el pasado 15 de julio. El grupo de personas expertas presentará el próximo mes de febrero su informe de diagnóstico y propuesta de reforma tributaria.

Igualmente, se debe destacar que este año el Gobierno adaptó ágil y velozmente el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de manera que los contribuyentes vuelven a tener seguridad jurídica sobre este impuesto, los Ayuntamientos tienen certidumbre sobre sus ingresos y se evitan distorsiones en el mercado inmobiliario.

También en materia fiscal, el Gobierno ha respondido con rapidez este año a la subida del precio de la energía en los mercados mayoristas con medidas para reducir su impacto en la factura de los hogares y de las empresas. Así, el pasado junio, se rebajó el IVA de la electricidad desde el 21% al 10%, se redujo el Impuesto Especial sobre la Electricidad hasta el 0,5% ­nivel (mínimo permitido en la UE) y se suspendió durante el segundo semestre del año la aplicación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica.

Estas rebajas fiscales vencían el 31 de diciembre de 2021, pero el Gobierno decidió el pasado día 21 su prórroga hasta el 30 de abril de 2022, con objeto de continuar apoyando a los hogares, las empresas y los autónomos en un contexto en el que el mercado eléctrico sigue tensionado a nivel mundial por el encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de CO2.

Fondos europeos

Los Presupuestos, tanto los de 2021 como los de 2022, han sido los encargados de canalizar los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia comunitario. En este sentido, el Plan de Recuperación español recibió la máxima calificación posible de los técnicos de la Comisión Europea en diez de las once variables que se analizaron para su aprobación el pasado mes de julio. En agosto, Tesoro ingresó 9.000 millones de euros en concepto de prefinanciación.

A continuación, en noviembre, España se convertía en el primer país en firmar con la Comisión Europea las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación, el documento técnico que establece el seguimiento del desarrollo del Plan. Y esta misma semana España volvía a ser pionera, al convertirse en el primer Estado miembro en recibir el primer desembolso a cargo del MRR, lo que supone el aval comunitario al cumplimiento de los 52 hitos y objetivos asociados a la percepción de esos 10.000 millones de euros.

Objetivos cumplidos en Función Pública

A mediados de este 2021 María Jesús Montero sumó la Función Pública a sus responsabilidades. En los últimos meses, se ha aprobado la mayor Oferta de Empleo Público de la historia, con un total de 30.445 plazas. A ello hay que sumar el incremento del 2% en los salarios de los empleados y empleadas públicas que incorporan los PGE para 2022 y una tasa de reposición del 110%, del 120% o del 125%, según los casos.

También en el ámbito de la Función Pública, el Senado ha aprobado este mes de diciembre definitivamente el Proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. La ley tiene su origen en un Real Decreto-ley fruto de un acuerdo con los sindicatos y los diferentes niveles de la Administración para cumplir el compromiso adquirido con la Unión Europea a través de las reformas contenidas en el Plan de Recuperación y con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo. El objetivo de la norma es rebajar la temporalidad laboral del conjunto de las Administraciones hasta situarla por debajo del 8%.

Objetivos para el próximo semestre

El informe presentado este miércoles por el Presidente del Gobierno también establece los objetivos a cumplir el próximo semestre. Entre ellos, destacan la profundización en la revisión y evaluación del gasto público, con el lanzamiento del segundo ciclo de revisión del 'Spending Review', que fue aprobado este martes en el Consejo de Ministros, así como la entrega de los resultados de la fase III del primer ciclo, de los que se realizará una presentación intermedia antes del 30 de julio de 2022; o la creación de un marco normativo que facilite y promueva la evaluación de las políticas públicas con la aprobación del Anteproyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas.

A ello hay que sumar la presentación del Libro Blanco sobre la reforma tributaria el próximo mes de febrero por parte del comité de personas expertas, así como el envío a la Comisión Europea de la actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025, en cumplimiento con las normas comunitarias.

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