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Impulso de la cogobernanza, reducción de la conflictividad y avance en cooperación bilateral y multilateral y en los traspasos pendientes

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Impulso de la cogobernanza, reducción de la conflictividad y avance en cooperación bilateral y multilateral y en los traspasos pendientes

El Ministerio de Política Territorial presenta un balance positivo de los avances durante la XIV legislatura, especialmente en 2021, con una considerable reducción de la conflictividad con las comunidades autónomas, el impulso de la Conferencia de Presidentes y de las conferencias sectoriales y un avance importante en el diálogo, tanto multilateral como bilateral, y en los traspasos pendientes.

Con la ministra Isabel Rodríguez asumiendo la cartera el 12 de julio, este Ministerio hace su propio balance, en el que también destacan el impulso de las ayudas para la modernización de las administraciones locales y por catástrofes naturales, la revitalización de la conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea (CARUE), la mejora de la presencia de la AGE en el territorio o la reducción de las desigualdades territoriales.

Impulso de la cooperación multilateral entre el Estado y las CCAA

El compromiso del Gobierno con la colaboración entre administraciones públicas se ha manifestado con rotundidad durante la gestión de la pandemia. En 2020, el número de reuniones de conferencias sectoriales se incrementó en más de un 200%, pasando de una media anual de 56 reuniones a 169 en 2020. En 2021, el Gobierno ha mantenido este compromiso, celebrándose hasta hoy 171 reuniones.

También se han creado nuevas conferencias sectoriales en 2020 y 2021, de las que tres son de carácter más transversal, dada la particular naturaleza de las políticas públicas y los desafíos que debe enfrentar el siglo XXI: Conferencia Sectorial para la Agenda 2030, Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico, las dos creadas en 2020, y la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia surgida en 2021.

Otras conferencias recientemente constituidas (estrictamente sectoriales) han sido la del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo (noviembre 2020), la de Memoria Democrática (marzo 2021), Conferencia Sectorial de mejora regulatoria y clima de negocios en julio, y la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en septiembre.

Además, en 2020, durante el estado de alarma y en el contexto excepcional de la pandemia, se celebraron 17 Conferencias de Presidentes, más que en toda la historia desde su constitución. En 2021 se han celebrado dos Conferencias de Presidentes, una en julio, y otra con carácter urgente el 22 de diciembe. En esta última, el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos pusieron sobre la mesa medidas para frenar el avance de la sexta ola del Covid-19 y el refuerzo de capacidades existentes de vacunación.

Asimismo, el 26 de noviembre se celebró una reunión del Comité Preparatorio, de Impulso y Seguimiento de la Conferencia de Presidentes, con carácter previo a la próxima Conferencia de Presidentes que se celebre con carácter ordinario. En dicha reunión se presentó una propuesta de modificación del Reglamento de la Conferencia para agilizar su funcionamiento y que, en palabras de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, "adaptará este órgano a las nuevas necesidades que existen en el marco de la cooperación entre administraciones".

Refuerzo de la cooperación

Este Ministerio trabaja para presentar al Consejo de Ministros la modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para la mejora de las relaciones de colaboración entre las administraciones públicas. Además, reformará también la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local para incluir, entre otras cuestiones, un estatuto especial para los municipios de menor población, contribuyendo así al firme compromiso del Gobierno frente al Reto Demográfico. La reforma de estas leyes está prevista en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Reducción de la conflictividad competencial

Se ha alcanzado un número elevado de acuerdos con las comunidades autónomas mediante el proceso previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC): desde enero, se han firmado 55 acuerdos finales. De esos 55 acuerdos, 4 de ellos han sido parciales. Casi se han doblado los acuerdos firmados este año en comparación con 2020, año en el que se alcanzaron 31 acuerdos finales, de los que uno fue parcial. En total, ha habido 86 acuerdos en la XIV Legislatura que reducen la conflictividad. Desde 2018, se ha reducido la conflictividad en más de un 74% con respecto al periodo equivalente anterior, lo que demuestra la efectividad del diálogo y la cooperación para evitar recursos ante el Tribunal Constitucional.

Diálogo bilateral y avance en los traspasos pendientes

El Ministerio de Política Territorial ha asumido el compromiso de reactivar el diálgo bilateral. Con la Comunidad Autónoma de La Rioja se ha retomado la normalidad del diálogo institucional tras más de treinta años de interrupción. Con Cataluña, se ha acordado impulsar la actividad de los órganos de cooperación y la creación de grupos de trabajo en diversas materias.

Se ha formalizado el traspaso de la sanidad penitenciaria a la Comunidad Foral de Navarra, competencia que hasta el momento solo habían asumido Cataluña y País Vasco. El acuerdo, adoptado el 2 de junio de 2021 por la Junta de Transferencias, integrada por representantes del Gobierno de España, del Gobierno de Navarra y de las fuerzas políticas parlamentarias forales autonómicas, se producía 20 años después de la última reunión de este órgano, que data del 22 febrero de 2001.

El pasado 14 de diciembre de 2021 se reunió también la Comisión Mixta de Transferencias para traspasar los medios relativos a la prestación farmacéutica complementaria a los afectados por el síndrome tóxico a la Comunidad de Madrid, primera Comunidad Autónoma que recibe el traspaso en esta materia..

Asimismo, en diciembre de 2021 la ministra de Política Territorial y la consejera de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña han suscrito la ampliación de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia como consecuencia de la creación y puesta en funcionamiento de nuevos órganos judiciales en Cataluña en 2019 y 2020.

Por otro lado, se ha tramitado en el Congreso una proposición de ley orgánica sobre el traspaso de medios relativos a la Autopista AP-9, paso previo para el inicio, negociación y adopción de este traspaso, y se acaba de acordar esta semana un Real Decreto de bonificaciones de la Autopista del Atlántico AP-9, que une Tuy y Ferrol a través de 219,6 kilómetros.

Refuerzo de la presencia de la AGE en el territorio

La pandemia ha puesto de manifiesto que las delegaciones del Gobierno son un referente clave de la acción del Gobierno en el conjunto del territorio, demostrando una vez más su importante labor de coordinación y apoyo al resto de administraciones.

Como consecuencia de la evolución positiva de la situación y la progresiva vuelta a la normalidad, los servicios que prestan las delegaciones del Gobierno han ido retomado su actividad habitual aprovechando las mejoras organizativas desarrolladas durante la pandemia, como son las relacionadas con la Administración electrónica, tanto en lo que respecta a la relación electrónica con los ciudadanos como a la digitalización de los procesos.

El Plan Estratégico Integral para la mejora de los servicios de la AGE en el territorio (aprobado en diciembre de 2020) se configura como la hoja de ruta para los próximos años y buena parte de las 40 medidas ya están en marcha. Estas medidas giran en torno a cinco ejes: coordinación, mejora y simplificación de los recursos humanos y organizativos, digitalización, imagen corporativa y planes específicos dirigidos a servicios sensibles como las Oficinas de Extranjería y los Servicios de Inspección Sanitaria en Frontera.

En los últimos meses cabe destacar el refuerzo de la Delegación del Gobierno de Canarias con el objetivo de agilizar de las ayudas tras la erupción del volcán Cumbre Vieja, así como el inicio de los trabajos para la elaboración de los Planes Estratégicos de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

La ministra de Política Territorial se reunía el pasado 15 de julio con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta y el 30 de julio con el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla. Fueron los primeros encuentros institucionales en la sede del departamento, que marcaban el inicio de otros que se han producido posteriormente, como la reciente visita en diciembre del secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, a Ceuta y Melilla para presentar los futuros planes estratégicos integrales para las dos ciudades autónomas.

Compromiso para reducir la desigualdad

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, suscribieron el 28 de julio de 2021 el convenio del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 2021, con una presupuesto de 60 millones de euros, aportados a partes iguales por el Ministerio de Política Territorial y el Gobierno de Aragón, para promover la creación de un espacio de competitividad necesario que permita superar las peculiaridades socioeconómicas de la provincia de Teruel y favorecer la generación de actividad económica.

Ayudas para la modernización y digitalización de las EELL

En noviembre de este año, la ministra de Política Territorial firmó la convocatoria de subvenciones por importe de 92,77 millones de euros para la transformación digital y modernización de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En el periodo 2021-2023 se destinarán a la modernización y digitalización de las administraciones locales un total de 391,4 millones de euros. La digitalización de los servicios municipales tiene como consecuencia directa un aumento de la calidad de vida de los ciudadanos, acercándoles los servicios públicos y simplificando los procedimientos. Gracias a la digitalización, se agilizarán trámites facilitando el acceso a los servicios básicos, se gestionarán los presupuestos con más eficacia y se abrirán nuevas posibilidades para fomentar la colaboración entre las administraciones públicas.

La convocatoria de noviembre que finaliza el 29 de diciembre está destinada a los municipios con más de 50.000 habitantes, o con población inferior si son capital de provincia. En 2022 y 2023 se publicarán las siguientes fases de este programa que beneficiarán al resto de entidades locales.

Agilizar las ayudas por catástrofes a las entidades locales

Para mitigar los daños causados por la erupción volcánica en la Isla de la Palma y apoyar la reconstrucción económica y social de la isla, se aprobó el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, en el que se recogen medidas dirigidas a las entidades locales para financiar actuaciones de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o insular, incluyendo la red viaria de titularidad insular.

Estas ayudas se han canalizado en dos fases. Por un lado, una primera fase de activación inmediata, entre las que se incluyen 500.000 euros al Cabildo de la Palma para una obra de emergencia en la red viaria insular que adecuara caminos secundarios en zonas dañadas (Puerto Naos), que están terminando de ejecutarse. Por otro, una segunda fase en la que, finalizada la erupción, se trabaja en una valoración definitiva de los daños, y en la identificación de las actuaciones a realizar en las infraestructuras municipales e insulares afectadas.

Por otra parte, el pasado 17 de diciembre el Consejo de Ministros acordó declarar las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Navarra, País Vasco y Región de Murcia "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil", como consecuencia de inundaciones, incendios y otros fenómenos de distinta naturaleza. Esta declaración amplía el acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de septiembre de 2021, que abrió el cauce legal para la concesión de ayudas a nueve comunidades autónomas para paliar los daños provocados por incendios forestales o fuertes lluvias e inundaciones.

Por último, se aprobó el Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños ocasionados por la borrasca Filomena, que amplía la declaración de zona gravemente afectada por la emergencia (adoptada en enero para las comunidades autónomas de Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja, y Navarra) a Canarias, Cantabria, Cataluña, Región de Murcia y Comunitat Valenciana. Estas ayudas son las que cuentan con mayor presupuesto, con un total de 251.830.793,90 euros. A esto debe sumarse la suscripción de un Convenio con la Generalitat de Cataluña para que esta comunidad asuma la gestión de las ayudas por los daños ocasionados en su ámbito territorial, que fue suscrito en diciembre de 2021.

Además, se resolvieron en julio las subvenciones previstas en el Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto, por diversas situaciones catastróficas producidas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020, por un importe total de más de 32 millones de euros que irán destinados a entidades locales en Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla La-Mancha, Comunitat Valencia, Extremadura, Galicia y Región de Murcia.

En 2021, hasta el 21 de diciembre, se han transferido ayudas para paliar los efectos de catástrofes por un importe superior a 50 millones de euros. Se trata de un porcentaje de ejecución superior al 77%, una cifra récord. El segundo año en el que se logró un mayor porcentaje de ejecución fue en 2019, con un 39,90 %.

Impulso de la conferencia para asuntos relacionados con la UE (CARUE)

En 2021, se ha reunido en dos ocasiones la Comisión de Coordinadores de la Conferencia para Asuntos relacionados con la Unión Europea (CARUE), el 5 de mayo y el 23 de noviembre. En ellas, se acordó la participación de las comunidades autónomas en los Comités de la Comisión Europea para el periodo 2022-2025, y en los Comités Horizonte Europa 2021-2027. Las propuestas elaboradas por este Ministerio, bien recibidas y aprobadas por unanimidad, se basaron en criterios de rotación, orden de prioridad manifestado por las CCAA y equilibrio en el reparto, siempre respetando las reglas de participación autonómica acordadas en la CARUE. Además, en la reunión de 23 de noviembre, se renovó, también por unanimidad, el mandato de los dos consejeros de Asuntos Autonómicos de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

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