El Gobierno parece dispuesto a permitir que algunos profesionales se puedan jubilar a los 60 años sin penalización económica por la naturaleza penosa, peligrosa, tóxica o insalubre de su actividad. Una repetitiva demanda expresada por el Sindicato de Técnicos de Enfermería y que, en principio, la reforma de las pensiones no tenía contemplada.

Así se desprendía de su respuesta a la pregunta planteada por el Partido Popular a este respecto en el Congreso.

En todo caso el Gobierno reconoce que la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 206.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre establece que la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación podrá ser rebajada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. Se contempla, también el mecanismo para que nuevas profesiones o actividades tengan esta consideración.

Sin embargo, la primera etapa de la reforma de pensiones en vigor desde el 1 de enero no lo contempla por lo que los Técnicos en Cuidados de Enfermería y el resto de profesionales sanitarios, deberán esperar a que avance la reforma.

Ante el anuncio de la reforma de las pensiones, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ejerció nuevamente, pues ya fue denegado años atrás, su Derecho de Petición a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones para que se iniciasen los procedimientos necesarios que concluyan en el reconocimiento de la profesión sanitaria como profesión de riesgo y, por lo tanto, la reducción de la edad de jubilación a los 60 años para los profesionales sanitarios y sociosanitarios, sin penalización.

Estos profesionales se enfrentan a riesgos para su salud al estar expuestos a posibles infecciones, radiaciones y productos tóxicos, pero también al desgaste físico, psíquico y social que conllevan los turnos rotatorios y nocturnos, la escasez de personal, el envejecimiento de la población, en su mayoría dependientes/grandes dependientes, y la presión asistencial. Todas estas tensiones, implicación y esfuerzos deterioran su salud y provocan altos índices de morbilidad, obligando a estos profesionales a jubilarse de manera anticipada, aun perdiendo dinero por los coeficientes reductores que se aplican. Sin embargo, el endurecimiento de estos coeficientes que recoge la anunciada reforma penalizaría demasiado anticipar la jubilación o la haría inviable.

SAE lleva años exigiendo la reducción de la edad ordinaria de jubilación con el 100% de su cuantía para el personal sanitario debido a las características de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad propias de la atención sanitaria. Estas condiciones hacen que nuestra profesión deba ser considerada una profesión de riesgo, tal y como ha quedado demostrado durante la pandemia.

De hecho, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su Boletín de prevención de riesgos laborales expone que tanto los diplomados como los Técnicos de Enfermería son los dos colectivos del sector sanitario que tienen el índice más elevado de accidentes y enfermedades profesionales, tales como el contagio de enfermedades, más o menos peligrosas, como la tuberculosis, la hepatitis B y C o el Sida, y actualmente el Covid-19.