Tras la manifestación celebrada el 24 de febrero a la que acudieron 8.000 Técnicos Sanitarios, José Luis Aceves, diputado del PSOE, ha mantenido una reunión con los responsables del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), Dolores Martínez, secretaria general de SAE, Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación, y Cristóbal Arjona, secretario autonómico de SAE en Andalucía.

Aceves ha manifestado en esta reunión que la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado solo afectaría a los profesionales de este ámbito y no a los profesionales estatutarios (la mayor parte de los titulados sanitarios de Formación Profesional), que dependen de la aprobación de las leyes de función pública autonómicas.

A pesar de que el recorrido de la manifestación, cercano al Congreso de los Diputados, facilitaba tanto a José Luis Aceves como al resto de los diputados a los que SAE solicitó mantener un encuentro que les permitiera, además, comprobar el hartazgo de los manifestantes, esta reunión no se ha mantenido hasta el día de hoy.

Uno de los motivos, tanto de esta multitudinaria manifestación como de la reunión de hoy, es insistir al diputado socialista en la necesidad de poner fin a la Disposición Transitoria del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), cuya transitoriedad debió hacer finalizado en 2009. Sin embargo, 13 años después sigue sin aplicarse el artículo 76 del propio EBEP y la debida clasificación de los Técnicos Sanitarios en el grupo que les corresponde, esto es, los de Grado Medio en el Subgrupo C1 y los de Grado Superior en el Grupo B.

Es inadmisible que el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Comunidades Autónomas se trasladen la responsabilidad unos a otros sin que se ponga fin a esta lamentable situación que afecta a miles de profesionales.

Los políticos respaldan su desidia y ninguneo a estos profesionales argumentando la aprobación de leyes reguladoras de Función Pública de las Comunidades Autónomas. La experiencia está demostrando la falta de responsabilidad al respecto de unos y otros dado que se da la circunstancia de la aprobación de la Ley de Función Pública de la Comunidad Valenciana y la nula voluntad de cumplir lo establecido en la propia ley. Una vez aprobada la ley autonómica trasladan la responsabilidad de su aplicación al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

"En definitiva, están jugando con los derechos de miles de profesionales y se pasan la pelota de unos a otros. Por eso, los Técnicos Sanitarios dijeron basta el día 24 de febrero y desde SAE continuamos trabajando con insistencia para que se cumpla la ley", manifiestan las responsables de SAE.