UNICEF España, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 presentan una serie de recomendaciones en el ámbito local para luchar contra la pobreza infantil.

Hoy se ha presentado Recomendaciones para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (GIE) en España desde el Ámbito Local, un estudio que aporta recomendaciones a las diferentes administraciones, especialmente las locales, para que puedan diseñar sus planes a la hora de implementar la GIE. El informe identifica los obstáculos, factores de éxito y buenas prácticas de las entidades locales en el ámbito de las políticas contra la pobreza infantil, que engloba la GIE; además, ofrece recomendaciones para su implementación en nuestro país, donde el 30,3% de los niños, niñas y adolescentesviven en riesgo de pobreza o exclusión social.

La GIE, coordinada en España por la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia y por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, es la guía para la inversión en infancia en situación de pobreza o exclusión social en esta década mediante la que se garantizará el acceso de la infancia y la adolescencia a seis derechos básicos: educación y cuidado infantil, educación y actividades extraescolares, al menos una comida saludable por día lectivo, asistencia sanitaria, vivienda adecuada y alimentación saludable.

Las diferentes medidas y políticas identificadas en el estudio se relacionan con cada una de las áreas de actuación definidas por la GIE, a las que se añade una quinta área: gobernanza y participación.

Así, en el ámbito de Educación se propone, entre otras, ampliar el acceso a transporte escolar para niños, niñas y adolescentes en barrios sin acceso, aumentar el acceso a dispositivos digitales mediante préstamos o concesiones, o implementar programas socioeducativos comunitarios para lograr la plena integración de niños en riesgo de exclusión social.

En el área de Sanidad, se plantean medidas como atención oftalmológica y bucodental gratuita para los niños, niñas y adolescentes en situación de exclusión social o pobreza, ofrecer soporte psicológico para evitar que un malestar psicológico derive en un problema de salud mental, o implementar actividades de ocio saludable durante el verano.

En lo que se refiere a Nutrición, las propuestas van desde programas para reducir la obesidad infantil, a garantizar alimentación básica para todos los niños a través de comedores sociales, bancos de alimentos o reparto a domicilio.

En el ámbito de Vivienda, las medidas propuestas van encaminadas a prevenir la pérdida de vivienda en el caso de unidades familiares con hijos menores, aportar ayudas para la rehabilitación de viviendas y pago de suministros básicos como energía y agua, e identificar a través de equipos de intervención de calle- a los niños, niñas y adolescentes sin alternativas habitacionales.

Por último, en cuanto a Gobernanza y Participación, se propone promover una participación real a través de consejos locales de participación infantil, contar con sistemas de información integrales que conecten a todos los agentes de infancia para que sus intervenciones estén coordinadas, e identificar a los niños de manera que, si se cambian de residencia, no se pierda su registro.

La falta de financiación adecuada es uno de los obstáculos identificados para el éxito de las medidas. El estudio señala igualmente la carencia de sistemas de información disponibles en los municipios y provincias para abordar un problema tan complejo como la pobreza infantil, ya que se suele desconocer la cantidad exacta de niños, niñas y adolescentes elegibles para los distintos recursos y servicios públicos que se ofrecen desde la Administración, así como la cobertura e impacto real de estas medidas. Esta situación contribuye a que no existan indicadores de medición y evaluación que permitan orientar y mejorar las políticas locales

En la presentación del estudio, a la que se han conectado más de 200 personas, han participado Mª Ángeles Espinosa, miembro del Patronato de UNICEF España; Fernando Soriano Gómez, presidente de la Comisión de Juventud e Infancia de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP; Lucía Losoviz Adani, directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia; y Ernesto Gasco Gonzalo, alto comisionado contra la Pobreza Infantil.

En la apertura del acto, Mª Ángeles Espinosa, miembro del Patronato de UNICEF España, ha asegurado que "con este estudio pretendemos que las administraciones locales cuenten con recomendaciones útiles y prácticas que les permitan diseñar unos buenos planes para implementar de manera exitosa los fondos de la Garantía Infantil Europea, fundamental para combatir la pobreza infantil".

Para poder implementar medidas como estas en el ámbito local es fundamental contar con financiación suficiente, tal y como ha señalado Fernando Soriano Gómez, presidente de la Comisión de Juventud e Infancia de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, y alcalde de Bollullos de la Mitación, que ha reclamado que tanto el "Marco financiero plurianual de la UE 2021-2027 como los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deben servir, entre otras cuestiones, para concentrar esfuerzos en el desafío común de erradicar la pobreza infantil en nuestro país" y a llamado a abordar la pobreza infantil "con políticas de amplio calado, con actuaciones que vayan a la raíz del problema".

En el despliegue de las políticas, programas y diseño de fondos, es fundamental considerar la dimensión territorial de la pobreza infantil, que establece diferencias entre municipios rurales o urbanos. En este sentido, Ernesto Gasco Gonzalo, alto comisionado contra la Pobreza Infantil, ha recordado durante su intervención que "en España se ha producido una reurbanización de la pobreza infantil, desde 2013 la concentración en zonas urbanas no ha dejado de crecer. Además, la intensidad de la pobreza aumenta según lo hace el grado de urbanización, vemos como se acrecienta también la desigualdad y como existen más dificultades en el acceso a la vivienda. Es necesario tener en cuenta la dimensión territorial de la pobreza y las distintas necesidades en entornos rurales y urbanos a la hora de combatirla de forma eficaz".

La Garantía Infantil Europea contará con una coordinación a nivel estatal, establecida en la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, cuya titular, Lucía Losoviz Adani, ha explicado que "la Garantía Infantil es una oportunidad única para repensar y definir las bases sobre las que debe asentarse la reconstrucción social y justa, y para materializar el compromiso de todas las administracionesde nuestro país con los niñas, niños y adolescentes que están en situación de pobreza y exclusión social. Nos interpela a pasar de las palabras a los hechos, y hacer de los derechos de la infancia y la adolescencia una auténtica prioridad política".