La modificación de la Ley de Seguridad Nacional continúa su tramitación, una vez superado el debate a la totalidad en el Congreso. La defensa del Proyecto de Ley ha corrido a cargo del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.
El nuevo texto, que no afecta al contenido esencial de la ley de 2015, pretende garantizar que el Estado pueda disponer de los recursos estratégicos necesarios para hacer frente a los grandes riesgos y amenazas que afecten a la seguridad nacional. Además, trata de dotar al Estado de herramientas para anticiparse a las crisis y agilizar la toma de decisiones, en coordinación con el resto de administraciones y actores implicados.
"Contamos con un Estado fuerte y preparado que nos permite afrontar con garantías cualquier eventualidad. Y nuestra pertenencia a la Unión Europea refuerza esa situación privilegiada ante las crisis. Así se ha evidenciado durante la pandemia del Covid y ahora con la guerra de Putin. Pero eso no significa que no podamos mejorar. Esta ley va de eso. De fortalecer nuestras capacidades y estar mejor preparados", ha concluido el ministro.
Reserva estratégica de productos esenciales
Entre las principales novedades del proyecto, destaca la creación de la "Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial", que tiene como objetivo garantizar el suministro de recursos esenciales ante situaciones excepcionales. El Estado se dota de este modo de una herramienta que permitirá afrontar futuras situaciones de emergencia con una tensión mucho menor en los ámbitos productivo y comercial.
Además, se crea un Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica para identificar medios y tecnologías que puedan producir y atender la demanda de bienes estratégicos o de primera necesidad. Con ello, se da respuesta a algunas de las lecciones más importantes aprendidas de la pandemia: que es necesario tener un nivel de producción industrial basal que garantice el suministro de recursos esenciales; que esa producción tiene que poder abastecer en situaciones excepcionales y que, para ello, es necesario promover una producción industrial polivalente, con líneas comerciales que puedan adaptarse a la producción de bienes estratégicos.
"El Estado aprende de las crisis. Y es labor de un Gobierno responsable trasladar ese aprendizaje a las leyes para mejorarlas y dejar un país mejor preparado del que nos encontramos para afrontar cualquier tipo de crisis en el futuro. No se trata de contar con un instrumento por si llega otra crisis. Se trata de tener un instrumento eficaz para cuando llegue", ha afirmado Bolaños.
Una visión más ágil y coordinada
El proyecto reconoce la importancia de la contribución de recursos a la seguridad nacional. En este sentido, por ejemplo, sitúa la protección de recursos estratégicos al mismo nivel que la ciberseguridad o la seguridad energética o sanitaria. Además, regula por completo el proceso de organización, preparación y disposición de dichos recursos.
Entre las cuestiones más relevantes destaca la participación del sector privado, distinguiendo entre prestaciones obligatorias personales, sin derecho a indemnización, y prestaciones obligatorias patrimoniales, con derecho a indemnización. También la creación del Catálogo de Recursos del Sistema de Seguridad Nacional, en el que se incluirán los datos de los recursos humanos, medios materiales, instalaciones y activos, tanto del sector público como privado que puedan ser de utilidad para afrontar una crisis.
Por otra parte, el texto prevé que el Consejo de Seguridad Nacional pueda activar la puesta a disposición de estos recursos, antes de que el presidente del Gobierno declare la situación de interés para la seguridad nacional, si se detecta un escenario que pueda derivar en una crisis.
Por último, se incrementan los mecanismos de coordinación territorial y de participación de las comunidades autónomas, regulándose la obligación del Consejo de Seguridad Nacional de coordinarse con las administraciones autonómicas para hacer efectiva la contribución de recursos al Sistema de Seguridad Nacional.
