El ministro de Consumo asegura que la transición ecológica no puede esperar "un minuto más" y que la crisis climática es "una amenaza también para el acceso a alimentos seguros y asequibles".

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha defendido a las personas consumidoras como "el centro de un modelo de producción y consumo transformador que no ignore los límites planetarios ni rompa los equilibrios ecosistémicos de la vida".

Así lo ha señalado en su comparecencia en el pleno del Congreso de los Diputados sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, donde el ministro ha desgranado los programas y políticas a los que destinará los 63,69 millones de euros -un 11,38% más que en 2022- que tiene su departamento para el próximo año.

Según ha explicado, su departamento trabaja desde hace tres años por "situar a las personas consumidoras como protagonistas, y no como meras receptoras, en la transformación ecológica". Principalmente, ha añadido, porque las políticas relativas al consumo saludable, la seguridad alimentaria y el impacto ecológico están actualmente marcadas por "dos graves eventos históricos: la invasión de Rusia al territorio de Ucrania y la crisis climática".

Ante tales hechos, Garzón ha advertido de que la transición ecológica "no puede esperar un segundo más". "El cambio climático es una amenaza clara para la biodiversidad y los sistemas alimentarios, pero también para el acceso a alimentos seguros y asequibles, para mantener el empleo, el futuro y la sostenibilidad del sector primario", ha apostillado.

Esta es una de las razones por las que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) aumenta su presupuesto un 7,19% respecto a 2022. Gracias a ello, este organismo intensificará su labor inspectora, de vigilancia y de control en sus respectivos centros de investigación y fomentará el desarrollo de políticas vinculadas al concepto One Health, una única salud.

Según ha esgrimido Garzón, desde el Ministerio de Consumo se continuarán fomentando patrones sostenibles de alimentación y se intensificará el trabajo de los expertos de la AESAN relativo a las recomendaciones para que los menús de los escolares y las residencias de mayores sean de mayor calidad.

Asimismo, se pondrá en marcha un nuevo estudio quinquenal Aladino (el último se realizó en 2019) con el objetivo de obtener los primeros datos científicos sobre cómo ha afectado la pandemia de la Covid-19 a la alimentación y salud de los menores. "Seguimos profundizando la línea de trabajo sobre dietas saludables y sostenibles. En un país con un 40% de sobrepeso y obesidad entre niños y niñas de 6 a 9 años, mejor dieta significa mejor salud", ha remarcado el ministro.

Más investigación para prevenir los riesgos del juego

En el capítulo relativo a las políticas de apuestas y juegos de azar, Garzón ha informado de que el presupuesto para la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) aumenta un 9,46%, lo que posibilitará, entre otras cuestiones, reforzar la lucha contra el fraude en las apuestas deportivas y financiar proyectos de investigación para la prevención de los trastornos provocados por el juego.

Como novedad, el ministro de Consumo ha resaltado que se pondrá en marcha un mecanismo de detección de jugadores con comportamientos de riesgo. Para ello, según ha explicado, se creará un algoritmo, basado en estudios científicos de prevalencia y modelos de evaluación de riesgo, que permitirá conocer cuándo un jugador online puede estar incurriendo en conductas peligrosas o adictivas.

Además, la DGOJ impulsará la firma de convenios con las CC.AA. para interconectar los registros de autoprohibidos autonómicos y proteger a las personas en situación de vulnerabilidad. "Es una demanda histórica de las asociaciones de exjugadores y jugadores rehabilitados a la que vamos a dar cumplimiento tras la aprobación definitiva de la modificación de la Ley de Regulación del Juego", ha apostillado Garzón.

Defensa de los derechos de las personas consumidoras

Por último, el ministro ha detallado los programas de fomento de las políticas de protección para las personas consumidoras y usuarias, a los que se destinarán más de 17 millones de euros (un 17,27 % más que en 2022).

Además de la creación de una nueva subdirección general de inspección y régimen sancionador dependiente de la Dirección General de Consumo (DGC), en 2023 se seguirá impulsando la modernización y digitalización de centros como el de Investigación y Control de la Calidad, el Observatorio del Consumo en Internet o el Centro Europeo del Consumidor. También se impulsará el Sistema Arbitral de Consumo con diferentes subvenciones para las Juntas Arbitrales de Consumo regionales y locales.

El ministro de Consumo ha enfatizado, asimismo, la continuidad de los trabajos para el desarrollo normativo en materia de accesibilidad universal en el etiquetado. "Queremos que las personas consumidoras conozcan sus derechos, pero, sobre todo, que sean parte protagonista de los cambios y transformaciones para lograr una sociedad más justa, igualitaria y sostenible", ha concluido.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2023