El segundo semestre de 2022 ha estado marcado por un intenso calendario normativo y por hitos relevantes en el proceso de transformación del Servicio Público de Justicia, entre los que destacan el impulso de las innovadoras Oficinas de Justicia en los municipios (OJM) para hacer una Justicia más próxima, sostenible y digital.

La titular de Justicia, Pilar Llop, ha señalado que las OJM "permitirán que cualquier ciudadano, con independencia de su condición social, económica o generacional, pueda acceder a un recurso de Justicia en igualdad, en cualquier lugar del territorio en el que se halle".

Estas oficinas, cuya fase piloto se ha puesto en marcha en Tarazona de la Mancha y en Formentera, abrirán una puerta al Servicio Público de Justicia en los municipios que las acogerán, con un catálogo de servicios que multiplicarán los de los actuales juzgados de paz.

La OJM es una de las tres figuras que, junto a los Tribunales de Instancia y la Oficina Judicial, sustentan el proceso de transformación organizativa del Servicio Público de Justicia, gracias a la implicación y cogobernanza entre el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas (CCAA), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En este segundo semestre, el Ministerio de Justicia ha avanzado en el impulso de las leyes de eficiencia, compareciendo en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con el objetivo de analizar los diferentes aspectos del Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. Junto a las leyes de eficiencia organizativa y digital, la ley de eficiencia procesal supone un impulso para avanzar en el proyecto país, favoreciendo, mediante la modernización de la Justicia, la cohesión social, económica, territorial y digital.

Modernización del sistema de acceso a la carrera judicial

Por otro lado, el Ministerio de Justicia ha distribuido las 245 becas a los beneficiarios de la primera edición de las ayudas para la preparación de las pruebas de acceso a las carreras judicial y fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al de Abogados del Estado. Además, en los Presupuestos Generales 2023, el departamento de Llop ha duplicado el importe de esta partida, alcanzando una dotación de 3,2 millones de euros.

La ministra ha recordado que con estas becas "facilitamos el acceso a estas profesiones jurídicas a quienes tengan la capacidad necesaria, con independencia de su situación socioeconómica".

Avances normativos: ley contra la trata

En este segundo semestre el departamento que dirige Llop también ha llevado a Consejo de Ministros, en primera vuelta, el Anteproyecto de Ley Orgánica (APLO) Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, un texto fruto del consenso interdepartamental que acaba con la dispersión normativa actualmente existente en nuestro país y sigue las recomendaciones que se han ido aprobando a nivel internacional. La norma aborda conjuntamente la lucha contra todas las formas de trata de seres humanos y contra todas las formas de explotación que constituyen la finalidad de la trata, incluyendo el trabajo forzoso, la servidumbre, la esclavitud y todas las formas de explotación.

Derechos colectivos de los consumidores

Otro de los avances legislativos impulsado desde el Ministerio de Justicia es el Anteproyecto de Ley (APL) de Acciones de Representación para la Protección de los Intereses Colectivos de los Consumidores. Este texto, elevado en primera vuelta a Consejo de Ministros tiene el fin de lograr mayor eficacia en las acciones que se ejerzan de forma colectiva contra acciones y omisiones de un empresario que los consumidores consideren ilícitas.

Equipos conjuntos de investigación

También en primera vuelta, se ha aprobado en este semestre el APLO que amplía la figura del agente encubierto y del registro remoto para las investigaciones de máxima gravedad y complejidad, como son los homicidios y sus formas agravadas y que lleva a cabo una nueva regulación para la constitución de los equipos conjuntos de investigación (ECIs).

Ley Concursal

En el marco de la nueva Ley Concursal, que ha sido aprobada definitivamente en este semestre y cuya entrada en vigor está prevista el 1 de enero próximo, el Ministerio de Justicia ha trabajado intensamente para habilitar un formulario electrónico que permitirá a los destinatarios completar de manera rápida y sencilla el contenido de los planes concursales. El modelo de formulario se va a poder aplicar a las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo una actividad empresarial o profesional, que hayan tenido un número medio de empleados durante el ejercicio anterior no superior a 49, y cuyo volumen de negocio anual o balance general anual no supere los 10 millones de euros y no entren dentro del concepto de micropyme recogido en la norma.

Esta iniciativa forma parte de la hoja de ruta del Ministerio de Justicia para poner a disposición de la ciudadanía soluciones tecnológicas que agilicen la tramitación y simplifiquen la publicidad y la liquidación de activos en materia concursal.

Ley de protección al informante

Por otra parte, la ley de protección al informante, también conocida como Whistleblower, ha pasado ya a tramitación parlamentaria tras recibir el visto bueno del Consejo de Ministros en segunda vuelta. Esta ley regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional y que, en consecuencia, contribuyan a la lucha contra la corrupción con el objeto de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea (UE).

El objeto de la Directiva, aprobada ya por el Congreso, es proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho de la UE y del ordenamiento jurídico interno, mediante el establecimiento de canales protegidos de información y la prohibición de cualquier represalia contra ellas.

Eurojust

Igualmente, el Congreso de los Diputados ha aprobado, sin votos en contra, el Proyecto de Ley por el que se adapta al ordenamiento nacional el Reglamento (UE) 2018/1727 sobre Eurojust, que regula los conflictos de jurisdicción, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior.

Registro Civil

Durante este periodo, el nuevo modelo de Registro Civil ha continuado con su implantación, habiendo llegado ya los partidos judiciales de Molina de Segura (Murcia), Bilbao, Cartagena, y a las Oficinas Generales del Registro Civil de Madrid, Barcelona, Murcia y Tarragona.

El nuevo modelo del Registro Civil mejora la eficiencia de este servicio público y ahorra trámites y tiempos a la ciudadanía, a la que se le liberará de la carga de actuaciones presenciales en el Registro, en particular en lo relativo a la aportación de certificaciones.

Robotización y nacionalidades

Otro importante avance en este semestre es el relativo a la aplicación de robotización a la tramitación de expedientes de nacionalidad que ha supuesto un punto de inflexión en la agilización de estos procedimientos.

Tal y como ha explicado la ministra Pilar Llop, la resolución de solicitudes ha aumentado en un 300% desde el pasado mes de agosto, pasando de un promedio de 4.800 resoluciones mensuales a 19.000.

Lenguaje jurídico claro

Otra de las iniciativas del Ministerio de Justicia ha sido la puesta en marcha la Comisión para la claridad y modernización del lenguaje jurídico que ya ha comenzado a realizar trabajos, a través de la Orden JUS/ 912 2022 de 12 de septiembre.

Violencia de género

Para combatir la violencia contra las mujeres, el Ministerio de Justicia ha elaborado la Guía de criterios de coordinación en el ámbito de los procesos penales y civiles en materia de violencia sobre la mujer, cuyo objetivo es favorecer la seguridad jurídica, evitando vacíos temporales que afecten a la protección de las víctimas de violencia de género.

En la misma línea, la titular de Justicia ha recibido este mes a un grupo de expertas en psicología forense de institutos de medicina legal y ciencias forenses dependientes del Ministerio de Justicia, que le han presentado la Guía de buenas prácticas para la declaración en el proceso penal de menores y personas con discapacidad necesitadas de una especial protección: intervención desde la psicología forense, en particular en la prueba preconstituida.

Entre los objetivos que recoge la guía están proporcionar recomendaciones de actuación a psicólogos forenses cuando intervienen en la declaración de menores, adolescentes y personas con discapacidad necesitadas de especial protección; mejorar la atención a la víctima y prevenir la victimización secundaria durante todo el procedimiento.

Convocatoria de plazas

Esta misma semana, el Ministerio de Justicia ha convocado el proceso selectivo para acceso por el turno libre a un total de 2.874 plazas, correspondientes a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

También se han convocado cinco procesos selectivos para cubrir 5.050 plazas. Del total, 4.915 plazas irán destinadas a cuerpos generales de la Administración de Justicia y 84 plazas para el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. De estas 5.050, 44 plazas se destinarán para el Cuerpo de Abogados del Estado y siete a personal laboral fijo.

Unidades judiciales, obras, patrimonio y Bosque de la Justicia

Por otro lado, el Ministerio de Justicia ha impulsado en Consejo de Ministros el Real Decreto (RD) para la creación de setenta unidades judiciales correspondientes a la programación 2022 y la adecuación a la planta judicial. El objeto del RD, aprobado en noviembre, es afrontar, atender y resolver la carga de trabajo existente en la Administración de Justicia en todo el territorio nacional.

Además, con la aprobación del RD se procede a la creación de un total de 12 nuevas agrupaciones de partidos judiciales para el conocimiento de asuntos de violencia sobre la mujer en las Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Extremadura.

Una de las actuaciones más significativas en materia de obras y patrimonio en el segundo del semestre ha sido el proyecto de reforma y ampliación de una de las salas de vistas de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) para que pueda acoger la celebración de macrocausas.

Además, el Ministerio que lidera Llop ha adquirido en Inca (Mallorca) el edificio judicial, por un valor aproximado de 1,8 millones de euros. También en Illes Balears se ha avanzado el acuerdo de compromiso de compraventa de tres parcelas en Son Pardo, con el fin de construir la nova seu judicial de Palma.

En Valladolid, el Ministerio de Justicia y el Ayuntamiento han formalizado la semana pasada un protocolo por el que se comprometen a la cesión de parcelas, por parte del consistorio, para la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia en la capital pucelana, con una inversión cercana a los 80 millones de euros por parte del departamento de Llop.

El Ministerio de Justicia ha incluido en su plan de nuevas construcciones judiciales el Bosque de la Justicia. Un proyecto piloto de implantación de zonas verdes que compensen las emisiones de CO2 de las nuevas edificaciones y contribuyan a su sostenibilidad.

La creación de este proyecto piloto, que se incluirá en las nuevas construcciones que desarrolle el departamento de Llop, -inicialmente en Valladolid, Cartagena y Palma de Mallorca-, sigue el modelo aprobado en la Conferencia Sectorial de Justicia del pasado mes de marzo.

Presupuestos 2023

En el apartado presupuestario, el Ministerio de Justicia tiene asignados un total de 2.304,58 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023. De ellos, 2.197,36 millones de euros corresponden al presupuesto ordinario, lo que supone un incremento de 159,63 millones respecto a 2022, un 7,83 % más. En relación a la ejecución presupuestaria de este ejercicio, cabe destacar que la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, sobre un presupuesto total de 180,5 millones de euros, alcanzará una ejecución de casi el 100% del presupuesto ordinario y de un 97,15% de los fondos europeos.