El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha participado en un acto organizado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) para abordar los avances que supone la nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durate su intervención. (Foto: Moncloa / Raúl Salgado)
Durante su intervención, el ministro ha señalado que la Justicia entendida como servicio público y como mecanismo para proteger los derechos de la ciudadanía constituye una prioridad para el Gobierno actual. Con el objetivo de seguir avanzando en esta dirección, Bolaños ha destacado que, desde su llegada al ministerio, ha tenido clara la importancia de impulsar, de manera inmediata, todos los grandes proyectos transformadores que están en marcha para adaptar un sistema del S.XIX a las necesidades del S.XXI, entre los que se encuentra el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, una reivindicación histórica del CGAE.
Se trata de una norma que, tal y como ha explicado el ministro, contribuye de forma trascendental al propósito sobre el que pivota la acción del ministerio en esta legislatura: avanzar en una justicia que tenga a las personas en el centro a través de una transformación integral de la Administración de Justicia. Y lo hace, tal y como ha explicado, cumpliendo a su vez con dos grandes objetivos: por un lado, lograr que todas las personas conozcan las garantías que les corresponden como titulares del derecho de defensa; y por otro, conseguir que se asegure su salvaguarda a través del establecimiento de los deberes de los profesionales de la abogacía y de la organización colegial.
Durante su intervención, Bolaños también ha subrayado que la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa ha de ir acompañada de toda una serie de reformas -que el ministerio está abordando con determinación y celeridad-, que refuercen el buen funcionamiento del servicio, como la aprobación de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia o de la batería de medidas de eficiencia procesal y digital incluidas en el Real Decreto-Ley 6/2023.
