La titular de Trabajo ha presentado las conclusiones del Informe sobre la Democracia en el Trabajo, que plantea el desarrollo de un índice de desarrollo democrático corporativo y ratios para sentar a los trabajadores en los consejos de administración.

Comisión de Expertos y Expertas sobre la Democracia en el Trabajo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recibido el Informe de la Comisión Internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la Democracia en el Trabajo de manos de la presidenta de la Comisión, Isabelle Ferreras.

El informe profundiza en el mandato del artículo 129.2 de la Constitución Española, lo que los expertos y expertas consideran como voz y propiedad y, en definitiva, la Democracia en el Trabajo.

"Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".

Para la vicepresidenta segunda del Gobierno "una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de sus ciudadanos. Si queremos una democracia fuerte, no podemos conformarnos con una democracia a medias. Es hora de que la democracia entre en nuestros lugares de trabajo. Es hora de democratizar las empresas y la economía", ha enfatizado.

Detalles del informe

El texto presenta un diagnóstico actual del estado de la Democracia en el ámbito laboral, una estrategia para el desarrollo futuro del artículo 129.2 de la Constitución Española y un apartado práctico que aporta herramientas y recursos para su implementación. El informe considera que es "muy tímido" el acceso a la voz de las personas trabajadoras dentro de ámbito laboral y que no hay un desarrollo del mandato del acceso a la propiedad.

También identifica nueve desafíos como la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, la competitividad y la innovación, la resiliencia territorial y la pobreza y la desigualdad, entre otros.

Según el dictamen de la Comisión de expertas y expertos internacionales, las personas trabajadoras, las empresas son entidades políticas que deben construirse en una arquitectura democrática que integre a accionistas y personas trabajadoras a las que considera "inversoras de trabajo".

Para propiciar la transición democrática en las empresas, la Comisón plantea el desarrollo del Índice de desarrollo democrático corporativo que permita beneficiar a las empresas que alcancen estándares de democracia elevados en su gestión.

Propuestas de la Comisión

La Comisión también plantea ratios para que las personas trabajadoras se sienten en los consejos de administración, hasta la mitad de los puestos en el caso de empresas de más de mil trabajadores y trabajadoras y un tercio de los sillones en el caso de las empresas de entre 50 y mil empleados y empleadas.

También propone el derecho a la codecisión en la Inteligencia Artificial para los comités de empresa y el acceso a la propiedad entre un 2% y un 10% en el caso de las grandes corporaciones y la creación de fondos ciudadanos que eviten la disolución de empresas viables en crisis de sucesión.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia