Los empleados públicos cuentan con una nueva jornada laboral de 35 horas semanales, tras la aprobación de una regulación que, acorde a las últimas directivas europeas, refuerza las necesidades de cuidado y la conciliación de la vida familiar y profesional.

¿Qué es la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos?

Mediante resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública del 14 de abril de 2026, se fijó en 35 horas semanales la jornada laboral ordinaria de los empleados públicos, lo que supone un cómputo de 1533 horas al año. Antes de la reducción, el tiempo de dedicación a la semana estaba establecido en 37,5 horas.

¿Qué objetivos persigue la reducción de la jornada laboral?

Se trata de una medida que no solo busca mejorar la organización del trabajo, sino también reforzar las condiciones de trabajo de los empleados y adaptar los horarios a los criterios en materia de conciliación de la vida personal y profesional que marcan las directivas europeas. En todo caso, su implementación debe garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos y atención a la ciudadanía.

¿A qué empleados públicos se aplica la reducción horaria?

Las nuevas instrucciones son de aplicación a todos los empleados públicos al servicio de la Administración General del Estado, de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y de los organismos autónomos, agencias y otras entidades vinculadas o dependientes de la AGE.

En total, la medida afectará aproximadamente a 250.000 empleados públicos.

No se aplica esta jornada de 35 horas semanales al personal militar de las Fuerzas Armadas, ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tampoco será de aplicación a las entidades locales ni a otras administraciones, que continuarán rigiéndose, con carácter supletorio, por lo establecido en la normativa vigente desde 2018.

En el caso particular de quienes trabajan en instituciones y establecimientos penitenciarios y sanitarios, centros docentes, o de quienes ejercen un trabajo de naturaleza singular, las nuevas instrucciones deberán adaptarse a las regulaciones específicas que procedan.

¿Qué ocurre con los puestos de especial dedicación?

En las administraciones públicas existen puestos que, por la naturaleza de sus funciones, su nivel de responsabilidad o las necesidades del servicio, requieren una mayor dedicación. En estos casos, la nueva regulación también introduce una reducción de la jornada, que pasa de las 40 horas semanales actuales a 37,5 horas. No obstante, se mantiene la posibilidad de ampliarla de forma puntual cuando sea necesario para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios.

¿Cuándo se aplica la reducción?

La nueva jornada laboral entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, por lo que está vigente desde el 16 de abril de 2026. No obstante, su aplicación práctica requiere que los distintos departamentos, organismos y entidades adapten sus calendarios y sistemas de control. Para ello, dispondrán de un mes desde la entrada en vigor de la resolución. Este proceso deberá tener en cuenta las particularidades de servicios con horarios especiales, como las oficinas de atención al público o los registros, donde será necesario realizar las adaptaciones oportunas para garantizar la continuidad del servicio.

Novedades: reconocimiento de las personas cuidadoras

Entre las principales novedades de la nueva regulación destaca el refuerzo del reconocimiento de las personas cuidadoras. La norma incorpora de forma expresa esta figura y amplía las medidas de flexibilidad horaria para quienes tengan a su cargo personas dependientes cuando convivan en el mismo domicilio, y que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos, facilitando así una mejor adaptación de la jornada a las necesidades de cuidado.

Evolución de la jornada laboral de los empleados públicos

La implantación de la jornada de 35 horas es el resultado de un proceso progresivo de negociación colectiva. En 2012 se fijó, a través de las leyes presupuestarias, que la jornada mínima en el sector público debía ser de 37,5 horas semanales. Posteriormente, esa limitación se flexibilizó con las modificaciones introducidas en 2023 sobre la normativa de 2018, lo que permitió a las administraciones establecer otras jornadas mediante negociación colectiva. Tras eliminarse estas restricciones y a partir del acuerdo alcanzado el 27 de marzo en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, se ha dado paso finalmente a la implantación de la jornada de 35 horas.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia