El Gobierno aprobará un real decreto para crear este registro, contemplado en la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), tras pasar por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, preside la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
El Gobierno y las comunidades autónomas pondrán en marcha el Registro Central de información sobre violencia contra la infancia y la adolescencia (RCIVIA), que aunará datos reportados por el Consejo General del Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios sociales y las distintas administraciones públicas.
Además, como ha informado hoy la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, también se creará el Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (RUSSVI). La información recabada en el mismo se incluirá también en el RCIVIA.
La creación de ambos registros viene mandatada por la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia (LOPIVI), aprobada en 2021, y ha sido desarrollado a través de un real decreto del que Juventud e Infancia ha informado hoy en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
La finalidad de estos mecanismos es "recopilar información que permita el conocimiento uniforme del estado de situación de la violencia contra la infancia y la adolescencia con el objetivo de mejorar el diseño de las políticas públicas orientadas a aumentar la protección de las personas menores de edad contra la violencia, así como facilitar la coordinación y cooperación entre las distintas entidades participantes".
Asimismo, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se ha ratificado la transferencia de 35 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas para la atención de la infancia migrante no acompañada, aprobada el pasado martes en Consejo de Ministros.
Debido a su situación geográfica, las comunidades autónomas de Canarias e Illes Balears y las Ciudades de Ceuta y Melilla "se ven afectadas por una mayor presión migratoria", por lo que reciben una mayor asignación presupuestaria. En este caso, utilizando como criterio la tensión a la que están sometidos sus sistemas de acogida (en base a la capacidad ordinaria de los sistemas de cada uno de los territorios y el número de menores migrantes no acompañados que se encuentran en los mismos), el Gobierno transferirá a Canarias 4 millones de euros, a Illes Balears 2 millones, a Ceuta 5,5 millones y a Melilla 4 millones de euros.
El resto de los 35 millones de euros se reparte proporcionalmente entre el resto de las comunidades autónomas, en base a la actual acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia
