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Un bufete murciano logra que el Ayuntamiento de Granada se haga cargo de la indemnización de 4 vigilantes de seguridad sustituidos por policías

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El Ayuntamiento de Granada tendrá que indemnizar a cuatro vigilantes de seguridad por cubrir sus plazas por policías

Un bufete murciano logra que el Ayuntamiento de Granada se haga cargo de la indemnización de 4 vigilantes de seguridad sustituidos por policías

Así lo ha estimado la magistrada-juez del Juzgado de lo Social Nº 6 de Granada, que en su sentencia culpa al Consistorio de la rescisión de los contratos de estos trabajadores.

Un bufete de abogados murciano representaba a la nueva empresa contratista del servicio, a quien se le achacaba tal rescisión contractual.

La magistrada-juez señala al Ayuntamiento como responsable del despido de esos cuatro vigilantes de seguridad, por lo que tendrá que indemnizarlos con 73.060 euros, al considerar que sus puestos de trabajo no se suprimieron, ni amortizaron, ni desaparecieron, sino que fueron asumidos por la Corporación municipal.

De este modo, la juez ha estimado las demandas presentadas por los trabajadores al considerar que se ha producido “un despido improcedente”, absolviendo a las empresas concesionarias de ese servicio de toda responsabilidad.

Y es que, los principales edificios de la administración en la ciudad de Granada habían sido tradicionalmente vigilados por empleados de la seguridad privada; hasta que, con la nueva contrata administrativa, en octubre del año 2017, el Ayuntamiento de Granada, con la intención de reducir costes, comenzó a cubrir esas horas del servicio de vigilancia con los Agentes Municipales, ocupando estos los mismos puestos de trabajo que venían cubriendo, anteriormente, los vigilantes de seguridad privada.

Esa maniobra de sustituir vigilantes de seguridad privada, por Agentes Municipales de Granada, iba encaminada con el objetivo de reducir el déficit municipal y supuestamente ahorrar costes por parte del Ayuntamiento de Granada, lo que provocó que la empresa concesionaria, que se hizo con el servicio durante el año 2017, no tuviera los suficientes puestos de trabajo para dar ocupación efectiva y poder subrogar a todos los vigilantes de seguridad.

Así, la empresa entrante ha podido salvaguardar sus intereses a consecuencia de los recortes introducidos por el propio Ayuntamiento de Seguridad, siendo dicha entidad local quien asuma los costes de la indemnización por despido de esos vigilantes de seguridad privada.

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