Alfonso Segura, presidente de la Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Región de Murcia desde julio de 2019, señala que las administraciones tienen que apostar por la construcción por ser un sector "refugio", que puede acoger a muchos de los trabajadores que, como consecuencia de la crisis del COVID-19, pueden verse expulsados de actividades tales como el comercio o la hostelería.

Segura afirma que la construcción ha sido "la gran olvidada" de las administraciones durante el estado de alarma e insiste en que se necesita una importante política de inversión. El representante de los contratistas de la Región de Murcia apunta además que es el momento de actuar en la rehabilitación y que es necesario "empezar a cambiar el modelo de construcción, a favor de la naturaleza".

La Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Región de Murcia es asociación sectorial de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (FRECOM), de la que el totanero Alfonso Segura es vicepresidente de Obra Pública y relación con los asociados.

Para ser la construcción un sector palanca de la recuperación económica de España, ¿están las administraciones actuando en consecuencia?

Tras una década de demonización del sector como consecuencia de la crisis iniciada en 2008, ahora las administraciones empiezan a ver al sector como generador de riqueza y empleo y, en consecuencia, palanca de la recuperación. Sin embargo, no se está produciendo un cambio rápido por las limitaciones presupuestarias y por la conciencia social que todavía existe de la construcción como un sector especulativo. Las administraciones tienen que reordenar sus prioridades y apostar por la construcción, que puede ser un sector refugio que recoja a trabajadores que se vean expulsados de otras actividades como el comercio o la hostelería como consecuencia de la crisis de COVID-19.

No debemos olvidar que la inversión pública en construcción genera la segunda mayor creación de empleo de nuestra economía (10 puestos directos y 5 indirectos por cada millón invertido). Genera la mayor actividad económica inducida, equivalente a 0,92€ por cada euro invertido. Crea el mayor impulso a nuestra industria nacional, con la menor cuota de importaciones de todos los sectores productivos (el 9%) y todo, con un retorno fiscal del 49% por cada euro invertido.

¿Cómo ha visto al sector durante el estado de alarma? ¿Considera que ha sido el gran olvidado de las administraciones?

Durante el estado de alarma, el sector de la construcción ha sido ejemplar. Ha tratado de mantener su actividad y ha sido de los primeros en respetar al máximo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y eso que no eran claras. Pese a la confusión que ofrecía el Ministerio de Sanidad, nuestros sistemas de prevención de riesgos laborales, que son ejemplares, han proporcionado la máxima seguridad a todos los trabajadores de la construcción. Prueba de ello es el escasísimo índice de contagios en este sector. La construcción se ha comportado como lo que es, un sector generador de actividad económica, prosperidad y empleo.

Las empresas de construcción han procurado mantener el empleo. A fecha de 19 de julio, en el portal de transparencia de la CARM se puede ver que solamente hay 171 expedientes de regulación de empleo temporal relacionados con la construcción, que afectan a un poco más de 770 personas. Estas cifras son menos del 1% del total de personas afectadas en la Región de Murcia, cuyo dato asciende a 79.359.

En cuanto al trato recibido por las administraciones, sin duda, ha sido el sector más olvidado. Se han tomado medidas que no han tenido en cuenta las características particulares de la construcción. Se ordenó parar la actividad de un domingo por la noche a un lunes, cosa imposible en construcción, ya que hay que asegurar las obras. Por suerte, nuestros servicios de prevención explicaron las necesidades a la administración para que nos habilitaran un día más, para asegurar las obras y así poder parar la actividad durante 14 días. Tampoco se han tenido en cuenta las circunstancias que, en algunos casos, afectaban a las micropymes. Entre los supuestos para presentar un ERTE por fuerza mayor no se encontraban los que afectaban a estas empresas de construcción. Muchas se encontraron con obras paralizadas o suspendidas por la propia administración, otras se encontraron con que las comunidades de propietarios no les dejaban trabajar por miedo al contagio…

Para los contratistas de obra pública, ¿cuáles son las principales actuaciones que se deberían de haber llevado a cabo para reforzar al sector durante el estado de alarma?

Lo importante viene ahora. Las administraciones tienen que apoyar claramente a este sector porque es la mejor palanca de recuperación que tienen a su alcance por su potencial de generación de actividad; por su capacidad para absorber trabajadores y generar empleo; y, sobre todo, por su capacidad de relanzar la economía para ponerla en unos niveles de actividad como los anteriores a la crisis. Tenemos una oportunidad y las administraciones no deben desaprovecharla.

Algunas de las medidas que se podrían haber tomado era: facilitar o flexibilizar el pago de los acopios realizados a los empresarios cuyas obras públicas se paralizaban; incluir la posibilidad de pagar mensualmente las indemnizaciones que preveía el artículo 34 del RDL 8/2020, en lugar de esperar al final del estado de alarma que nadie sabía cuándo sería; abonar inmediatamente todas las certificaciones debidas para aliviar la carga económica de estos meses a los empresarios; haber reconocido la prestación por el cese de actividad a los autónomos de forma más flexible y; en general, haber aprovechado los meses de paralización para diseñar un plan de inversión pública en edificación, infraestructuras y equipamientos; así como para agilizar los trámites necesarios para preparar los expedientes de contratación para que la reanudación de la contratación pública hubiera sido más rápida.

¿Qué volumen económico y de empleo mueve la obra pública en la Región de Murcia?

Antes de 2008 la construcción llegó a alcanzar el 12% del PIB regional. Actualmente no estamos en esos datos, pero la construcción en general supone aproximadamente un 5,5% del PIB regional. Las cifras de licitación del 2019 fueron un 2,12% de dicho PIB (660 millones) y un 1,8% en 2018 (558 millones). La obra pública es prácticamente el 40% de toda la actividad de construcción de la Región. Respecto al empleo, las cifras de empleo por cada millón son de 10 puestos directos y 5 indirectos. Por lo tanto, en 2019 la cifra alcanzó los 6.600 empleos directos y los 3.300 indirectos. Obviamente, en la construcción hay empleados en el sector privado y en el de la obra pública, pero los 9.900 empleos representan el 45% de los empleados en construcción por cuenta a ajena de la Región de Murcia. Según los datos del observatorio de la construcción, los afiliados a la seguridad social por cuenta ajena son 25.166 a junio de 2020.

Se habla de la rehabilitación y las reformas como piezas claves para estabilizar el sector, ¿Cuál es su opinión al respecto?

Efectivamente la rehabilitación es uno de los grandes campos en los que se debe actuar en estos momentos. El parque de viviendas en la Región de Murcia es muy antiguo y necesitan una puesta a punto. Pero también hace falta avanzar de forma decidida hacia la construcción sostenible. Implementar soluciones basadas en la naturaleza en todas las obras de construcción y promover la renaturalización de las ciudades. Estamos en un momento idóneo para empezar a cambiar el modelo de construcción, a favor de la naturaleza, en lugar de enfrentarse a ella.

En España, tomando como referencia los datos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), un total de 10 millones de inmuebles necesitan una rehabilitación energética y, sin embargo, muy pocos inmuebles han sido rehabilitados (solo 31.000 el año pasado). En la Región de Murcia hay una oportunidad importante para, por un lado, ser más sostenibles y, por otro, generar actividad, pues se necesitará mucha inversión y recursos económicos.

También hay que subrayar la necesidad de aumentar el parque público de vivienda para alquiler (inferior a la media europea), que durante años ha supuesto problemas de acceso a la vivienda para muchos ciudadanos y ha podido tensionar los precios por falta de oferta. Las administraciones deben activar suelos suficientes y necesarios para hacer reservas para vivienda protegida y, sobre todo, agilizar los planeamientos urbanos para desarrollarse lo antes posible.

Asimismo, es importantísimo que las administraciones apuesten por agilizar la tramitación de licencias, habilitar los mecanismos que ayuden a los ayuntamientos a mejorar el uso de las tecnologías disponibles para reducir los procesos administrativos.

¿Cuáles son las demandas del sector a los gobiernos (locales, regional y nacional)?

Inversión, inversión e inversión. Necesitamos una política de inversión. Hay que invertir en parque de viviendas, rehabilitación, mantenimiento de infraestructuras (importantísimo para que España no pierda patrimonio), construcción de nuevas infraestructuras estratégicas (puertos, AVE, Corredor Mediterráneo, infraestructuras hidráulicas) …

Al Gobierno Nacional le pedimos que aclare de una vez por todas la normativa de nuestra ley de contratos del sector público, relativa a las encomiendas de gestión y a los encargos a medios propios. En más de un caso, observamos que hay encomiendas que no nos parecen justas y que restringen la competencia. Dado que la competencia para legislar sobre contratación pública es Estatal, creemos que debe restringirse y regularse mejor.

A nivel autonómica y local, pedimos una mayor claridad y homogeneidad en la licitación. El Gobierno Central tiene modelos de pliegos aprobados que usan los diferentes ministerios. Es necesario que se redacten también modelos de pliegos para que sean empleados por las consejerías y los ayuntamientos, de forma que los empresarios se enfrenten a unos pliegos homogéneos en cuanto a estructura, aunque como es lógico- dependiendo del objeto del contrato cambien algunas cláusulas.

También pedimos que los presupuestos se ejecuten cada año al 100%. Esto debería ser imperativo. El deslizamiento que siempre insisto en mencionar no favorece a nuestra Región ni a España si se produce en el conjunto de las administraciones del Estado. Si se aprueban unos presupuestos es para ejecutarlos, porque de ello depende que se mantenga el empleo y la generación de riqueza.

A la administración autonómica le pedimos también que procure utilizar el banco de precios que tiene aprobado y que garantizaría que las licitaciones salgan a los precios de mercado. Nos hemos encontrado casos que, por no aplicarse el banco de precios, los presupuestos estaban en algunas partidas un 50% por debajo del precio de mercado. Esto solo tiene una consecuencia, ir en detrimento de la calidad de las obras.

Con la 'nueva normalidad', ¿la actividad de los contratistas ha vuelto a los niveles anteriores al estado de alarma?

Me gustaría decir que sí, pero todavía no. Desde luego se ha reactivado la actividad y cada mes hemos tenido mayor actividad, pero teniendo en cuenta el parón en la licitación y la necesidad de inversión que tenemos este año, es urgente que se acelere la tramitación de expedientes de contratación y la publicación de licitaciones nuevas. Es necesario no solo para volver al nivel de actividad anterior al estado de alarma, sino para duplicarlo, porque el nivel de actividad de la administración del primer trimestre de 2020 fue bastante inferior al mismo periodo de 2019.