Clara Martínez Baeza, por su parte, presentará ante la corporación una moción sobre vivienda en la que insta al pleno a modificar varias de sus políticas con el fin de asegurar y aumentar la protección y el acceso a mujeres víctimas de violencia de género y a familias en situación de vulnerabilidad.
Una comunidad energética es una agrupación de personas, físicas o jurídicas, que se unen para beneficiarse colectivamente de las mismas instalaciones de generación de energía fotovoltaica y de otras medidas relacionadas con el consumo y la producción de la energía. "Es, por tanto, un nuevo actor en la transición energética que actúa desde una posición local en cuanto al territorio en que operan y en cuanto al beneficio socioeconómico generado".
Para el portavoz del Grupo Municipal Podemos, es prioritario que el consistorio murciano estimule el desarrollo de las comunidades energéticas, teniendo en cuenta "el contexto del mercado energético que atravesamos así como las evidentes consecuencias del cambio climático". Por ello, Ruiz Maciá señala ejemplos como el del Ayuntamiento de Bullas, donde el apoyo, asesoramiento y agilización de trámites ha supuesto una experiencia exitosa en este campo.
"Creemos fundamental que el Ayuntamiento de Murcia desarrolle su propia estrategia de promoción de estas comunidades, estableciendo cómo potenciarlas, cómo asesorar a la ciudadanía y llegar a acuerdos con otras administraciones para impulsar esta vía de desarrollo de las energías renovables en nuestro municipio". Por tanto, Ruiz Maciá pedirá apoyo al Pleno para instar a la Junta de Gobierno a que informe a ciudadanos y Pymes sobre la creación y puesta en marcha de estas comunidades energéticas y de las subvenciones que tienen a su disposición así como la simplificación de los trámites y requisitos necesarios para su formación. Además, solicitará que se estudie la posibilidad de cesión de cubiertas, terrenos y espacios municipales para facilitar la generación de energía renovable a las comunidades energéticas.
Por otra parte, el portavoz del grupo pedirá que el Ayuntamiento, como ente local, forme parte de la Comunidad Energética que se inició en la zona de Joven Futura e instará a la elaboración de un listado con la previsión de instalaciones fotovoltaicas municipales a realizar y ya realizadas, con indicación de ubicación, potencia, año de puesta en funcionamiento y producción facturada, o registrada en el último año, así como el listado de consumos anuales y facturas eléctricas de las dependencias municipales.
De manera conjunta con el grupo socialista, Clara Martínez Baeza defenderá ante el Pleno la mejora de las políticas municipales de vivienda con el fin de garantizar su acceso a familias vulnerables y a mujeres víctimas de violencia de género. Según la Ley de Protección a la infancia y la Adolescencia, las Administraciones Públicas deben priorizar las soluciones habitacionales ante los desahucios de familias en los que alguno de sus miembros sea menor de edad para reducir el posible impacto emocional. "Nuestra normativa municipal no prioriza esta situación", señala Clara Martínez Baeza. Por ello, la edil pedirá apoyo a la corporación para acordar la modificación del Reglamento Municipal del registro de demandantes de vivienda y la Ordenanza municipal reguladora de Prestaciones Económicas en materia de vivienda para que se ajusten a la legislación señalada anteriormente.
Martínez Baeza denuncia además que para poder acceder a las ayudas del alquiler hay que aportar recibos justificativos de pagos satisfechos, "por lo que las personas con imperiosa necesidad quedan descartadas de estas ayudas ya que les resulta imposible adelantar este pago". Por ello, la concejala del grupo Podemos instará con la moción a la revisión de las bases de las convocatorias de Ayuda al alquiler para poder hacer frente a las personas más vulnerables que no puedan adelantar las rentas necesarias para acceder a estas ayudas.
Finalmente, Martínez Baeza expondrá otra contrariedad. Las mujeres víctimas de violencia de género se ven obligadas a justificar su condición con una sentencia firme con una validez de dos años o bien mediante orden de protección por el tiempo de duración de la misma o por un año desde la emisión del informe de la Fiscalía o del CAVI o EMAVI. "Esto choca frontalmente con lo que lo que se considera condición de víctima de violencia de género, dado que el Tribunal supremo ha venido a asentar que ser víctima de violencia de género no es una situación, sino una propiedad o una cualidad y que por tanto no tiene dimensión temporal". Por ello, la edil solicitará al Pleno la revisión de las bases de las convocatorias de ayuda de alquiler de vivienda en lo referido a la interpretación errónea de la condición de víctima de violencia de género y su acreditación.
