La imposición y entrada en vigor por "decretazo" del Gobierno de Sánchez del uso obligatorio de las balizas V-16 para vehículos a partir del próximo 1 de enero es una arbitrariedad más de este ejecutivo, denuncia VOX. Por eso ha registrado hoy en el Ayuntamiento de Murcia una moción que llevará el próximo pleno de diciembre. VOX está llevando a cabo, estos días, iniciativas similares en toda España

En esta moción se instará al Gobierno de Sánchez a suspender inmediatamente esta medida, modificarla atendiendo a motivaciones objetivas y a estudios independientes ausentes en la elaboración de esta normativa y, en su caso, anularla.

El 65% de los españoles desconoce la entrada en vigor de esta norma y el 30% no sabe que está expuesto a una multa de 80 euros por incumplirla. Para VOX la obligatoriedad de esta baliza o luz de emergencia para vehículos va contra los intereses económicos de los españoles, obligados a adquirirla en época navideña a un alto precio, contra su libertad de seguir optando por los eficaces triángulos reflectantes, contra la igualdad de todos ante la Ley, ya que no afecta a los vehículos no matriculados en España aunque circulen por nuestro país, y contra la integridad física y la propia vida de los ciudadanos, ya que se introducen severos riesgos para la seguridad personal de los ocupantes de vehículos.

VOX señala que resulta peligroso y va contra las recomendaciones nacionales e internacionales de seguridad vial el que, ante una avería en carretera, se haga creer a los españoles que basta colocar la luz de emergencia sobre el vehículo permaneciendo los ocupantes en el interior mientras la DGT, presuntamente conectada con la baliza, envía la ayuda necesaria. Buena parte de los accidentes mortales en carretera se producen por el impacto de vehículos parados con otros vehículos, riesgo que aumenta debido a las claras limitaciones de estas balizas, que apenas se ven con luz diurna o en condiciones climatológicas adversas y no son en absoluto visibles en curvas cerradas, cambios de rasante o zonas sin visibiidad directa. Es decir, no son en absoluto visibles en una parte importante de los tramos de carretera de un país tan montañoso y de orografía abrupta como es España.

Por si fuera poco, en España hay ámplias zonas del territorio con una conexión muy débil a internet o sin conexión en absoluto, con lo que estas balizas no pueden enviar señal alguna de emergencia a la DGT y, por lo tanto, no tienen utilidad alguna.

VOX comparte el parecer de asociaciones de conductores y de la Guardia Civil que muestran profundas dudas respecto a estas balizas. No son eficaces en situaciones de emergencia sino que, al contrario, pueden aumentar los riesgos, incluyendo los mortales.

Además, el "decretazo" del Gobierno no contempla la posibilidad de seguir optando por los triángulos reflectantes, que sí han demostrado perfectamente su eficacia, funcionan de manera sencilla y no necesitan conexión a internet, algo fundamental en una parte importante de nuestro país.

VOX concluye que, hasta que no existan estudios técnicos, periciales y forenses concluyentes que demuestren de forma objetiva la utilidad del dispositivo para aumentar la seguridad vial, resulta imprescindible suspender esta medida del Gobierno de Sánchez. Mientras tanto lo necesario es proporcionar ayudas para que familias y empresas puedan renovar el parque móvil, algo que sí repercute directamente en el aumento de la seguridad vial.

De imponerse la obligatoriedad inmediata de estas balizas, se trataría de otra más de las medidas arbitrarias y directamente contra los intereses de los españoles que toma el Gobierno de Sánchez.

Alba Franco, portavoz adjunta de VOX; "las balizas que el Gobierno pretende imponer pueden costar hasta 60 euros. Para muchas familias eso supone elegir entre obedecer los caprichos del Gobierno o llenar el depósito de su vehículo para ir a trabajar. Esto no es seguridad vial, esto es un negocio. Como acostumbra, el Gobierno crea un problema donde no lo había, impone su solución y castiga a quien no pase por caja. Se trata de otro impuesto encubierto y otro abuso más sobre las familias españolas. Desde VOX hemos registrado hoy esta iniciativa para exigir la retirada inmediata de esta normativa injusta, improvisada y profundamente lesiva para los españoles".

GMVOXMURCIA