La derecha conservadora, la ultraderecha, la jerarquía católica y la patronal de la concertada han vuelto a agitar las banderas de la tergiversada y maltratada “libertad de enseñanza”.

Pero para analizar esta cuestión es necesario tener en cuenta una serie de consideraciones previas que nos sitúen en un debate tan dado a la manipulación interesada. España es uno de los países con menos Escuela Pública y más educación concertada de toda Europa: un 28'1%. Muy lejos de la media europea donde la educación es fundamentalmente pública. Según datos del propio Ministerio de Educación, la escuela concertada española ganó un 25% de financiación desde 2007 a 2017, últimos datos que se han hecho públicos, mientras la pública se quedo estancada con un ligero aumento del 1'4%.

La reacción desmesurada de la derecha, la jerarquía católica y la concertada a las declaraciones de la Ministra de Educación en funciones Isabel Celaá responde a un claro interés de estos sectores por no renunciar ni a sus privilegios ni al control de la educación que ejercen bajo un modelo educativo católico -el 70,2% de las y los estudiantes de la concertada lo hacen en centros religioso- y elitista -estos centros tan sólo acogen a un 7% de alumnado procedente de clases desfavorecidas.

Pero además, tiene otro interés que ha quedado de manifiesto con la innumerable cantidad de reacciones que se han dado en los últimos días, desde obispos a líderes políticos nacionales o regionales pasando por representantes de instituciones concertadas. Todos ellos empiezan a mostrar el tipo de oposición airada de la que van a hacer gala cada vez que consideren que se cuestiona el pilar educativo sobre el que estos sectores sostienen los medios fundamentales de reproducción ideológica y de perpetuación de su control.

Hasta nuestra nueva Consejera de Educación, Esperanza Moreno, se ha subido a la ola de declaraciones para airear una vez más el mantra de la “libertad educativa” y defender que la educación pública o la concertada puedan ser elegidas libremente por las familias murcianas, arrogándose la “obligación” de defender el modelo de libertad educativa. Sin embargo, lo que está en cuestión no es la libertad de enseñanza sino quien la paga.

El precio de financiar la educación concertada en nuestra Región está cercano a los 250 millones de euros anuales. Un desvío de fondos públicos que termina alimentando un modelo educativo segregador que provoca grandes desigualdades educativas. Todo ello en detrimento de la Escuela pública, prioritaria y fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho a una educación de calidad para todas y todos.

Sin embargo, la factura que deberemos pagar en la Región de Murcia por la apuesta, ciega y cortoplacista, de quienes quieren mantener la educación como un medio para reproducir y mantener las relaciones sociales desiguales será aún más cara. Y la estamos pagando ya en forma de altísimas tasas de abandono y fracaso escolar, problemas de cohesión e inclusión social y altos niveles de pobreza y exclusión social que lejos de reducirse siguen aumentando cada año.