Este virus ha impactado en la economía sobre nuestro PIB (Producto Interior Bruto) dejando un panorama desolador en el mercado laboral; ante esta situación las autoridades económicas se han visto obligadas a reaccionar tomando medidas urgentes en todos los ámbitos para paliar los efectos de escenarios como en la salud pública y en lo social. Hace apenas unos años se debatía de como salir de la anterior crisis, pero es más que evidente que esta pandemia es mucho más devastadora, por lo que el Estado está llamado a ocupar un papel muy activo y dinámico en lo que se refiere a nuestra economía, con una inyección de dinero público que permita comenzar a salir de la situación tan sumamente grave en la que nos encontramos, por lo que es sumamente importante ya que con esta intervención se abrirían nuevos escenarios dando lugar a inversiones y a la apertura de nuevos mercados.
Esta intervención del Estado tendrá que articularse en diferentes ejes, prioritarios para la reconstrucción de nuestro país, como prestaciones de desempleo para trabajadores, avales y créditos para la mediana y pequeña empresa, ingreso básico de emergencia, aprender de los errores y estar preparados en caso de un nuevo rebrote, reforzar y aumentar la capacidad de respuesta de nuestro sistema sanitario, previsión de nuevos confinamientos con recursos disponibles para poder llevarlos a cabo y actuaciones de calado para fortalecer nuestras industrias para no volver a depender de importaciones de productos que tanto hemos necesitado, como mascarillas, geles y test suficientes para toda la población. Esto debería servirnos de aprendizaje para no volver a cometer los mismos errores y no caer en la equivocación de definir una estrategia económica basada en la austeridad y recortes que a día de hoy pagamos sus consecuencias todos los ciudadanos.
El sistema fiscal que tenemos en nuestro país se nutre y recae sobre las clases medias y los autónomos que son los que mayor presión fiscal poseen, mientras que las multinacionales, millonarios y los grandes patrimonios, tienen menor carga fiscal dando lugar a una pérdida de siete puntos menos de la eurozona traducidos en 80.000 millones menos de euros que, se recaudan al año y que no van a nuestros Presupuestos Generales del Estado. Para corregir y luchar contra este fraude se tiene que ejercer mayor presión fiscal a los que más tienen, sobre todo los grandes patrimonios ya que en nuestro país el 1% posee el 20% del la riqueza. El economista Gabriel Zucman y la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuestan por cobrar impuestos a los más ricos, como mecanismo para la reducción de la desigualdad sin que afecte a la economía y que con la tasa covid-19 se consiga que miles de ciudadanos aguanten esta tempestad.
José Antonio Carbonell Buzzian
