En Estados Unidos millones de personas se han visto obligadas a solicitar ayudas por empleo, mientras que en otros países los ingresos de trabajadores formales en el sector privado que no fueron despedidos, se redujeron de forma significativa.

La obligación de los gobiernos es la de apoyar a las poblaciones más vulnerables protegiendo al máximo a trabajadores y empresas, sobre todo a aquellos que se hayan visto sobrepasados con este tsunami llamado covid-19.

Esta situación ha llevado a muchos países a tener que financiarse a través de los mercados financieros con un encarecimiento de los mismos. Ahora toca hacer llegar un mensaje a la ciudadanía donde la austeridad es uno de los caminos a tomar debido al momento tan critico que están atravesando empresas y trabajadores, debiendo aplicar medidas de control presupuestarios y por ende se tendría que trasladar también a nuestros gobernantes y con esta premisa servirían de ejemplo, retirándose las dietas, tributando por ellas si no se retiran y bajándose el salario. La Administración en el año 2019 duplicó el gasto previsto en el apartado partidos políticos y elecciones, con la cantidad de 125 millones de euros, por lo que pediría que antes de comenzar la carrera para ver quien gobierna nuestro país, lo que debería tener prioridad es la reconstrucción del mismo y ganar esa credibilidad en los mercados financieros que poseíamos antaño con las triples AAA (la más alta calificación de compañías estables y fiables de gran calidad y de bajo riesgo).

La protección de los servicios públicos esenciales (las comunicaciones, la electricidad, suministro de agua, transporte etc..) cuenta con un ingrediente esencial, el cual es el funcionario público donde corre el rumor de que se está barajando la posibilidad de bajarle el  sueldo. Pues bien, deberíamos cuestionarnos el cómo va a asegurar la Administración que esta propuesta no vaya a afectar a la calidad de los servicios públicos urgentes y esenciales, además del porqué no buscar otras vías como incentivar el talento humano para que se ofrezcan servicios de mejor calidad al ciudadano.

Sería fundamental proteger la calidad de estos servicios por parte de las Administraciones ya que es obligación de la misma, por ello se tendría que reforzar la gestión de los recursos humanos del estado ipso facto y tendrían que implementarse más mecanismos de reconocimiento de los servicios públicos para fortalecer la motivación de este personal, debiendo ver esta crisis como oportunidades a medio plazo para llevar a cabo adaptaciones en el marco normativo del servicio civil atajando las necesidades actuales, haciendo un ajuste a la planificación de los trabajadores y acoplándolas a las necesidades de un modelo de gobierno con una gran capacidad fiscal.

José Antonio Carbonell Buzzian