Voy a hablar de William Wallace.

Si, no sé si ustedes recordarán aquella película de hace unos años, de las que no importaba ver de nuevo de vez en cuando.

Braveheart, se llamaba.

Trataba de escoceses e ingleses, los primeros luchando por su libertad contra la  tiranía del rey inglés.

De un héroe en esta guerra, llamado William Wallace, que  finalmente muere en el cadalso, como suele ocurrir a los héroes; desmembrado,  decapitado y colgado.

Y de un rey escocés que, en última instancia, toma el camino correcto, llamado Robert Bruce.

Todo ello, claro está, pasado por el prisma de  Hollywood.

Pero me sirve la comparación para lo que les quiero presentar.

Quiero llamar su atención sobre el proceso judicial de Wallace, tal como lo  presenta el filme.

Es un juicio donde el reo está juzgado de antemano; como recordarán  en la película, el juez estaba al servicio del poder real, se escenificaba un juicio, pero la  sentencia ya estaba puesta.

Frente a este tipo de “justicia” se levantó el pueblo en la  revolución francesa, exigiendo una separación de poderes para que hubiera verdadera  libertad.  Hablamos del momento histórico en que se reclaman los Derechos Humanos hoy  denominados de primera generación, civiles y políticos, que establecen aquellas  libertades fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad de expresión, de  conciencia… y derechos políticos como el derecho al sufragio, esto es, poder ser elegido y elegir a quienes nos gobiernan, entre otros.

Son los tiempos de reclamar libertad, igualdad y fraternidad, ya saben.  Y también son los tiempos donde se establece la separación de poderes, en la cual el poder Ejecutivo, el que gobierna, no puede interferir en las sentencias que dicten jueces  o tribunales.

Eso es lo que garantiza la imparcialidad del poder judicial.  De igual manera, la separación de poderes consagra que ningún poder del estado  pueda interferir o manipular a los otros poderes.

Esta es una de las funciones esenciales  del Derecho: la de limitación y legitimación de los poderes sociales.

Para conseguir la  adhesión voluntaria, por convicción, de los ciudadanos a las normas jurídicas, el  Derecho necesita estar respaldado por el poder político.

Y éste poder, a su vez, estará limitado por el Derecho.

Volvamos a nuestro tiempo.

A la España de hoy, 2 de noviembre de 2023.

La  Asociación Profesional de la Magistratura expresa su más firme rechazo a una futura ley  de amnistía que pretende aprobar el futuro gobierno de España, pago establecido por aquellos que proporcionarán al gobierno en ciernes los votos necesarios para su  investidura.

Y cito textualmente algunos párrafos del comunicado que emite esta Asociación  al respecto de lo que se está gestando: “… Rechazo a una futura ley de amnistía que tiene un claro objetivo, -más allá de la  oportunidad de tener los votos necesarios para una investidura-, anular al Poder Judicial, el  último dique de contención frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la  ley para privilegiar a unos pocos, la clase política… Una norma legal, cualquiera que sea la denominación que se le dé, que exonere a unos  pocos de las responsabilidades penales, ya declaradas por los Tribunales, o por enjuiciar, sin  modificaciones legales previas o sin entrar -formalmente, como parece que se pretende- en un  nuevo proceso constituyente es inaceptable e inasumible en una democracia plena… Quiebra un principio esencial en democracia, como es el de la separación de poderes… Deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que  aplicaron los jueces, lanzando el mensaje falaz de que el legislador tipifica penalmente y los  tribunales condenan en España por delitos políticos…” En resumen.

El poder Ejecutivo (el futuro gobierno), orquestando la aprobación  por el poder Legislativo (el Congreso de los Diputados) de una ley de amnistía acorde a  los fines que persigue (conseguir su investidura como nuevo gobierno) para dejar sin efecto sentencia/s, que condenaba/n a quienes vulneraron la legalidad establecida en su  momento.

Y todo ello como precio, públicamente conocido, a esta investidura.  Injustificable.

Inadmisible.

Lamentable… Como abogado, ¿qué explicación puedo dar a mi cliente que hoy cumple pena de  prisión, tras un juicio justo, cuando me pregunte por qué él sigue ingresado en prisión y  otros, igualmente juzgados y condenados, han sido amnistiados de esta manera…? No me importa la ideología política del grupo que, desde el poder, orqueste una  actuación así.

Lo veo como un verdadero golpe de estado pacífico, incruento, pero  demoledor para la Institución que representa.

Y para la democracia.

Porque se está rompiendo la separación de poderes, interfiriendo el poder  ejecutivo en el poder judicial.

Porque se está desautorizando al poder judicial, que en su día hizo bien su  trabajo.

Y porque se está minando el cimiento y sustrato de esa democracia.

Como ya se ha dicho antes, los pueblos que no aprenden de su historia vuelven  a cometer los mismos errores.

Y estos errores se pagan muy caros.

Vivir en democracia,  una democracia como la española, es a mi juicio un verdadero lujo; algo que debemos  merecer.

Una Democracia auténtica es muy difícil construir, pero se puede deslegitimar  y demoler muy fácilmente si no se respetan las “reglas de juego”, los principios  fundamentales sobre los que se asienta.

Por esto se desmoronan las democracias.

Todavía estamos a tiempo.

Ojalá la lucidez prevalezca.

Juan Aurelio Bernal Ruiz.

El profesor Bernal Ruiz es abogado, Doctor en Derecho, profesor tutor de  Introducción a la Teoría del Derecho en la UNED y profesor de Derecho Internacional  de los Derechos Humanos, Cooperación Internacional y Desarrollo y Derecho  Internacional Público en la Universidad de Murcia, Grado en Relaciones Internacionales