Son muchos los años que se lleva hablando de la Tutela de Menores, pero esto me dice que hoy por hoy, tal melón seguirá sin abrirse y, hasta es posible que pase como a Monika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Económico del Parlamento Europeo sobre los 31.000 millones que enviaron al Gobierno de España donde se desean dar por buenos unos objetivos que están incumplidos y "ni idea de dónde han ido a parar ni cómo se ha gastado el dinero".
Un ejemplo concreto pasado en España sobre el 2010, uno de tantos: un padre se presenta con su hija de tres años y medio ante las dependencias de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Simplemente, fue llamado sin sospechar nada y cuando entraron, directamente se hicieron con la niña, diciéndole que ya se podía ir a casa, que "el tema se había resuelto". Más tarde se enteraría que, en el despacho contiguo donde estuvieron había otra familia esperando a la que le entregaron a la menor. Ya han pasado 25 años y sigue sin abrazar a su hija. Los nudos de las manos del padre se han gastado de tocar a las puertas de la Administración y, por supuesto, ni argumento alguno de qué ha pasado. Por lo visto, todo este espectáculo de suspense y terror parece ser lleva consigo: abandono, abuso sexual intrafamiliar o maltrato físico grave. Pero la vida va por otros derroteros. Ello no es así según me cuenta el Vicepresidente Nacional de ésta familias, un médico murciano.
Te quedas a cuadro cuando observas que entre el 2021 y 2022 el Boletín Estadístico de Medidas de Protección a la Infancia y la Adolescencia, del Observatorio de la Infancia, nos ofrece el número de tutelas asumidas por los sistemas autonómicos de protección de menores. Se incrementaría un 2´4% hasta los 30.657 niños y jóvenes. Por lo visto, el engranaje suele ponerse en funcionamiento cuando su sistema de protección recibe un aviso de posible negligencia o desamparo, que puede llegar lo mismo desde un ciudadano particular que desde el centro médico o desde su colegio, a partir de la observación. El problema viene cuando lo subjetivo no coincide necesariamente con la realidad, como se ha demostrado en cuantiosos casos.
Sobre las retiradas de tutelas y los efectos que ello ocasiona es muy reconocido que "apartar a un niño de su familia es traumático", Una de las más obvias irregularidades del modo en que se plantea este proceso parece ser la extrema celeridad del procedimiento de retirada, sobre todo, cuando por cada niño se recibe mensualmente una suma de dinero bastante elevada. Me comentan certeramente un caso del País Vasco del 2018. Pocos días después de que la abuela llevara a los más pequeños al hospital por crisis de asma, se presentaba un grupo de funcionarios en el domicilio familiar, en medio del cumpleaños de la niña que iba a ser llevada: se llevaron a la niña y a sus tres hermanos. Se alegaba que los menores sufrían las consecuencias del síndrome de Munchausen y maltrato emocional por parte de su madre, pero la familia no tenía idea de cómo arribaron a esa conclusión, pues estaban escolarizados y sus mismos profesores habían dado la cara por los padres.
Ante lo expuesto, "no es posible que sean un equipo de técnicos de la Administración los que investiguen a la familia, tomen las decisiones y retiren a los niños de buenas a primeras. Esta decisión solo la puede tomar un juez". ¿Qué pasa pues en nuestros países vecinos? En Francia, tras haber dictado el juez. Bélgica e Italia de igual manera.
Sabemos que en España el 80% de los casos, las tutelas de menores decretadas por los servicios sociales son "injustas, exageradas y abusivas", y en la mayoría de los casos se podría haber encontrado otra solución a los problemas detectados en las familias, sin necesidad de separar a los menores de sus padres, abuelos, tíos o padrinos. En pleno siglo XXI el mundo de las sospechas, denuncias anónimas o intuiciones no tienen cabida alguna y si hubiese peligro real ¿para qué si no están los profesionales de la medicina o de la psiquiatría? Los técnicos de la Administración no son ni médicos forenses expertos ni psiquiatras infantiles.
Ya va siendo hora de que dichas heridas que dejan cicatrices profundas, las que saldrán en el futuro, entre las que destaca el sentimiento de abandono, que es el que más secuelas deja y condicionará sus relaciones futuras, tal y como reconocen infinidad de psicólogos en estos ámbitos vayan resolviéndose desde aquellos estamentos oficiales que tengan poder específico para que esta debacle finalice de una vez por todas. Sabemos que alguna culpa la pueden tener las distintas administraciones que están a la sombra de los hechos que aquí se comentan, pero también, si fuese posible, el estudio concienzudo de cómo resolver tal desaguisado. Aplicado a cualquier territorio, que ni los sistemas de protección se comporten como Goliat, ni las familias sean empujadas como David. Porque aquí es un niño el que se lleva la pedrada.
Es una lástima que los protocolos establecidos partan de la premisa de que la familia es culpable hasta que no se demuestre que es inocente, pero más, cuando la propia Administración verbaliza que prefiere equivocarse en algunos casos a que se les escapen otros. Claramente, su actuación responde a la máxima de que mejor un inocente en la cárcel que un culpable fuera. A todo lo anterior tendríamos que sumarle el absentismo escolar. ¿Quién es el guapo que desea iniciarse en deshacer el ovillo?
MARIANO GALIÁN TUDELA
