Los ordenanzas interinos de los institutos en la Región de Murcia enfrentan una situación de acoso laboral que resulta prácticamente imposible de denunciar debido a las enormes dificultades para recopilar pruebas. Esta realidad, unida a la ineficacia de los protocolos existentes, deja a este colectivo en un estado de total desamparo frente a los abusos.
El principal obstáculo para abordar el acoso laboral es la carga probatoria que recae sobre las victimas según los expertos, demostrar situaciones como el ostracismo, el ninguneo o las humillaciones de directivas de los institutos, requiere de evidencias tangibles, como testigos o documentos, que rara vez están disponibles. En muchos casos, los compañeros temen represalias y evitan declarar, lo que perpetúa el silencio y la impunidad.
Además los protocolos actuales no flexibilizan esta carga probatoria ni ofrecen garantías reales para proteger a las victimas durante el proceso, Esto esta dando lugar a que muchas denuncias serán archivadas sin ni siquiera investigarlas. Un sistema que no protege a pesar de que el Tribunal Constitucional ha reconocido en sentencias recientes que mantener un trabajador sin funciones o aislarlo constituye acoso laboral y vulnera su integridad moral. En la practica estas situaciones se repiten con muchísima frecuencia en las Administraciones Públicas. Los ordenanzas interinos no solo sufren estas prácticas, sino que carecen de herramientas legales efectivas para defenderse.
Los protocoles actuales permiten incluso que las denuncias sean rechazadas sin una investigación previa sino cumplen con los requisitos formales estrictos. Esto deja a los afectados sin opciones más allá de abandonar sus puestos de trabajo o solicitar bajas médicas temporales por ansiedad o depresión, lo cual no resuelve el problema y agrava mucho más su situación personal.
Es imprescindible que quienes gobiernan en nuestra Región actúen de inmediato para proteger a este colectivo, vulnerable. Se beberían de abordar medidas urgentes tales como:
Permitir que los ordenanzas interinos puedan solicitar cambios de destino cuando sufra acoso o indicios razonables del mismo.
Una reforma legislativa actualizando las normativas laborales para garantizar la igualdad de derechos entre interinos y funcionarios fijos, eliminando las actuales discriminaciones estructurales. El acoso laboral no solo afecta gravemente a las víctimas, sino también al funcionamiento general de los institutos y al servicio público.
Los políticos murcianos tienen la responsabilidad y el deber moral de implementar reformas inmediatas para proteger a los ordenanzas interinos. Sin estas acciones concretas, este colectivo seguirá siendo victima del abandono sindical e institucional y del abuso sistemático. El personal interino no tiene derecho a solicitar traslados ni excedencias cuando sufre acoso. En la mayoría de los casos, se ven obligados a abandonar sus puestos de trabajo sin acceso a prestaciones por desempleo.
José Antonio Carbonell Buzzian
