Fue la civilización romana, sobre el siglo I a. C., la que impulsó la agricultura a gran escala y la administración del agua en España. Posteriormente, la civilización islámica, sobre los siglos XI-XII, desarrolló de manera sistemática el mejor aprovechamiento del agua, construyendo una extensa red de acequias que hoy en día todavía funcionan en nuestra región.

Lo que queda claro es que el regadío ha desempeñado un papel fundamental en la historia, la economía y la estrategia agrícola en España.

En el ámbito económico, el regadío es un motor insustituible para el sistema agroalimentario español, sistema que aporta en torno a un 10 % del PIB nacional, proporcionando cerca de 2,5 millones de empleos. Aporta el 73 % de la producción vegetal, dando más en valor que en volumen, permitiéndonos producir mucho más y ser más competitivos.

En la Región de Murcia, el sector agroalimentario supone el 20 % del PIB regional, siendo un pilar fundamental para nuestra economía. Genera el 23 % del empleo total de nuestra región.

Gracias al desarrollo agroalimentario, la Región de Murcia es la autonomía que tiene más superficie de regadío en relación con su extensión geográfica, junto a Andalucía y la Comunidad Valenciana. Cuenta con 177.916 ha de regadío, el 4,79 % del total nacional. De la superficie regable regional, la gran mayoría se encuentra con riego localizado: 155.624 ha, que representan el 7,27 % del total nacional.

Pues bien, todo esto se lo quieren cargar desde Bruselas, junto a la complicidad del actual gobierno socialcomunista. De nada les valen los datos económicos y laborales que aportan riqueza a nuestras regiones.

Con la excusa del "cambio climático", que ya nadie cree, nos quieren recortar el recurso más preciado: el agua, convenciéndonos de que no hay agua para todos y que, por lo tanto, tenemos en cierta manera que racionarla. Cosa que no es verdad.

En la actualidad, los ríos españoles vierten al mar alrededor de unos 6.000 hm³ de agua al año, aunque se estima que la cantidad sobrante que se pierde por encima de los caudales ecológicos podría llegar a superar los 40.000 hm³.

¿Por qué, en vez de poner tanto empeño en recortar el agua a las regiones con menos recursos hídricos, no se dedican a realizar obras hidráulicas para gestionar las grandes cantidades de agua que se pierden por no tener recursos hidrológicos, como son la construcción de presas o pantanos?

Sabemos que el actual gobierno solo ha ejecutado tres de cada diez euros de la inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos, que ya estaban aprobados para hacerse.

¿Por qué no ejercen una mayor prevención sobre los efectos de fenómenos extremos como son las inundaciones, manteniendo limpias las ramblas y los barrancos, realizando obras para reconducir estas aguas, evitando inundaciones y, al mismo tiempo, aprovechar esa agua?

Nos engañan con cuentos de sirena, diciendo que el agua que nos van a quitar del trasvase, debido a los nuevos caudales ecológicos y la limitación de utilizar las aguas subterráneas, la van a compensar con agua de desalación. Todo es una gran mentira.

Han montado un circo para el 2027; nos tratan de convencer de que el recorte del trasvase, la limitación de las aguas subterráneas y el minitrasvase para la Comunidad de Castilla-La Mancha, que suponen una pérdida de agua para nuestra región de unos 320 hm³, lo van a cubrir aumentando el agua desalada.

En la actualidad, el agua procedente de desalación es la siguiente:Desaladora de Torrevieja, 20 hm³; desaladora de Águilas, 5 hm³; y desaladora de Valdelentisco, 13 hm³. Esto hace un total de 38 hm³, que no cubren ni el 12 % del recorte que pretenden hacer en 2027.

En la actualidad, aplicando todos los recursos de que dispone la cuenca del Segura, tendríamos un déficit de 97 hm³. Para el año 2027 se cuantifica en 287 hm³/año. Metiendo las limitaciones de las aguas subterráneas y los incrementos del agua desalada, a esta cifra habría que añadir los recortes por los volúmenes medios del trasvase, de unos 104 hm³. Todo esto nos daría un déficit para el año 2027 de unos 390 hm³, lo que supondría, según un estudio de la Universidad de Alicante, unas pérdidas económicas para nuestra región de unos 826 millones de euros anuales y la destrucción de 25.000 puestos de trabajo.

Como se deduce de dicho estudio, la situación es alarmante debido a la inoperancia, ineficacia y radicalismo de este gobierno central. Tenemos todos la obligación moral de unirnos, tanto las asociaciones agrarias, agricultores, ganaderos y partidos políticos, para defender la supervivencia del sector primario y dar un futuro digno a nuestros agricultores y ganaderos.

José García Martínez