La seguridad ciudadana no debería ser moneda de cambio electoral. Sin embargo, durante años hemos asistido a un debate estéril donde cada formación política utiliza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como arma arrojadiza contra sus adversarios. Mientras tanto, nuestros agentes siguen patrullando con equipamiento obsoleto, plantillas insuficientes y condiciones laborales que distan mucho de ser las adecuadas.

Es hora de aparcar la demagogia y abordar esta cuestión con la seriedad que merece. Dotar de más recursos a nuestras policías no es un capricho ideológico ni una bandera partidista: es una obligación del Estado y una demanda legítima de quienes arriesgan su vida por proteger la nuestra.

El coste de la dejadez

Cuando hablamos de recursos, no nos referimos únicamente a presupuesto. Hablamos de chalecos antibalas en condiciones óptimas, de vehículos que no se averíen en medio de una persecución, de tecnología actualizada para investigar delitos cibernéticos, de suficientes efectivos para cubrir todos los turnos sin que los agentes acumulen jornadas maratonianas.

La realidad es que muchas comisarías funcionan con infraestructuras del siglo pasado, con sistemas informáticos que se colapsan, con armamento que debería haber sido renovado hace años. Y lo más grave: con plantillas tan mermadas que resulta imposible garantizar una presencia policial efectiva en todas las zonas que lo necesitan.

Una cuestión de Estado, no de gobierno

Aquí radica el problema fundamental: cada cambio de gobierno trae consigo una nueva estrategia de seguridad, nuevas prioridades y, demasiadas veces, recortes encubiertos bajo eufemismos presupuestarios. Lo que necesitamos es un pacto de Estado que bllinque los recursos mínimos indispensables, al margen de quién gobierne.

Nuestros policías no pueden ser rehenes de los ciclos electorales. No pueden depender de que un ministro esté más o menos sensibilizado con sus demandas. Necesitan la certeza de que, independientemente del color político del ejecutivo, contarán con los medios necesarios para desempeñar su labor.

Inversión, no gasto

Destinar más recursos a las policías no es un gasto, es una inversión en prevención. Cada euro destinado a mejorar la formación de los agentes, a dotarles de tecnología punta o a aumentar su presencia en las calles se traduce en menos delitos, en investigaciones más eficaces y en una ciudadanía más segura.

Los datos son contundentes: las sociedades con cuerpos policiales bien dotados y profesionalizados presentan menores tasas de criminalidad y mayor confianza ciudadana en las instituciones. No se trata de militarizar las calles, sino de garantizar que quienes nos protegen tengan las herramientas adecuadas para hacerlo.

La hora de actuar

No podemos seguir esperando a que ocurra una tragedia para reaccionar. No podemos seguir pidiendo a nuestros policías que hagan milagros con recursos del siglo XX frente a delincuentes que operan con medios del siglo XXI.

Es urgente un incremento real y sostenido de la inversión en seguridad. Es necesario un plan integral que aborde desde la mejora salarial hasta la renovación tecnológica, pasando por el aumento de efectivos y la modernización de instalaciones.

Y sobre todo, es imprescindible que la clase política entienda de una vez que la seguridad ciudadana está por encima de réditos electorales. Nuestras policías merecen respeto, reconocimiento y, sobre todo, los medios necesarios para hacer su trabajo.

No es una petición. Es una exigencia democrática.

Jose Antonio Carbonell Buzzian