El sector de seguridad privada enfrenta una de las reformas más profundas en décadas que podría reducir derechos laborales conquistados y precarizar aún más un trabajo ya exigente

La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei amenaza con deteriorar significativamente las condiciones laborales de los aproximadamente 200.000 profesionales que trabajan en el sector de seguridad privada en Argentina. Vigiladores, guardias de seguridad y personal de custodia se enfrentan a cambios que, según los expertos, impactarán directamente en sus bolsillos y en su estabilidad laboral.

Las pérdidas concretas para los trabajadores

Menor estabilidad laboral: La extensión del período de prueba de tres a ocho meses significa que los vigiladores podrán ser despedidos sin indemnización durante casi todo el primer año de trabajo. Esto implica ocho meses de incertidumbre total, donde el empleador puede rescindir el contrato sin costo alguno. Para trabajadores que muchas veces sostienen familias con un único ingreso, esta falta de estabilidad representa una amenaza constante.

Reducción de indemnizaciones: La reforma propone un tope a las indemnizaciones por despido, lo que afectará especialmente a quienes llevan años en el mismo puesto. Un vigilador con 15 años de antigüedad, que hoy podría cobrar una indemnización significativa, vería ese monto drásticamente reducido. Esto elimina un colchón económico fundamental para quienes pierden su empleo en un sector donde la reinserción laboral no siempre es inmediata.

Pérdida de poder adquisitivo: La limitación en las negociaciones colectivas y la posibilidad de que los convenios individuales prevalezcan sobre los acuerdos sindicales debilita la capacidad de los gremios para negociar mejoras salariales. En un contexto inflacionario, esto significa que los sueldos de los vigiladores perderán sistemáticamente frente al costo de vida, sin posibilidad de recuperación mediante paritarias efectivas.

Jornadas laborales extendidas sin compensación justa: La flexibilización de horarios permitirá a las empresas imponer guardias más largas o esquemas de disponibilidad que ya no deberán compensarse como horas extras. Un vigilador podría pasar de trabajar 8 horas con plus por hora extra, a jornadas de 12 o 14 horas consideradas "normales" según acuerdos individuales, sin recibir el pago adicional que correspondería.

Mayor precarización laboral: La reforma facilita la tercerización y subcontratación. Esto significa que muchos vigiladores que hoy tienen contrato directo con grandes empresas o instituciones pasarán a depender de pequeñas agencias intermediarias, perdiendo beneficios como obra social de mejor calidad, aportes jubilatorios completos, aguinaldo proporcional y vacaciones pagas. El trabajador pierde la relación directa con el empleador final y queda en manos de estructuras más precarias.

Reducción de aportes jubilatorios: Con la promoción del monotributo y esquemas de contratación alternativos, muchos vigiladores verán reducidos sus aportes previsionales. Esto se traduce en jubilaciones más bajas en el futuro, perpetuando la pobreza en la vejez de trabajadores que dedicaron décadas a una actividad riesgosa y desgastante.

El testimonio de quienes trabajan en el sector

Carlos, vigilador con 12 años de experiencia en empresas del microcentro porteño, resume la situación: "Ya ganamos poco y trabajamos muchas horas. Si encima nos quitan la posibilidad de cobrar una indemnización digna cuando nos despiden o nos obligan a trabajar más horas por el mismo sueldo, ¿de qué vivimos? Tenemos familias que mantener".

Desde el sindicato SUTCA (Sindicato Único de Trabajadores de Custodios y Afines) son contundentes: "Esta reforma no flexibiliza, precariza. Nuestros compañeros ya trabajan en condiciones límite: jornadas nocturnas, exposición a situaciones de riesgo, salarios que apenas superan el mínimo. Perder derechos básicos como indemnizaciones justas o estabilidad laboral nos condena a la pobreza permanente. No es casualidad que apunten a sectores como el nuestro, donde la organización sindical ya es débil y muchos trabajan en la informalidad".

Las cifras que preocupan

Según datos del sector, el salario promedio de un vigilador ronda los $500.000 mensuales, apenas por encima del salario mínimo vital y móvil. Con la reforma, se estima que:

Un 40% de los trabajadores actualmente en relación de dependencia podrían pasar a esquemas de monotributo o cooperativas

Las indemnizaciones podrían reducirse hasta un 60% en casos de despidos con antigüedad superior a 10 años

El ingreso real podría caer entre un 15% y 25% en los próximos dos años por la imposibilidad de negociar paritarias efectivas

Soluciones posibles: una visión experta

Como especialista en relaciones laborales y seguridad privada, considero fundamental implementar medidas que protejan a este sector vulnerable sin frenar la necesaria modernización del mercado laboral:

Establecer pisos mínimos no negociables: La flexibilización no debe significar desprotección total. Es necesario mantener un piso de derechos básicos: indemnizaciones mínimas garantizadas, límites máximos a las jornadas laborales (no más de 10 horas diarias), y aportes jubilatorios obligatorios completos independientemente del tipo de contratación.

Crear un régimen especial para seguridad privada: Dada la naturaleza riesgosa de la actividad, debería establecerse un marco regulatorio específico que reconozca las particularidades del sector. Esto incluiría adicionales obligatorios por riesgo, seguros de vida y accidentes laborales reforzados, y períodos de descanso mínimos entre guardias.

Profesionalizar y certificar el sector: Implementar un sistema de certificación obligatoria con niveles de capacitación que se traduzcan en mejoras salariales concretas. Esto dignificaría la profesión y reduciría la informalidad, creando incentivos para la formación continua y el desarrollo de carrera.

Fondo de garantía sectorial: Crear un fondo de garantía específico para el sector, financiado con aportes patronales proporcionales, que asegure el pago de indemnizaciones y salarios adeudados cuando pequeñas empresas quiebran, protegiendo así a los trabajadores más vulnerables.

Fiscalización reforzada: Aumentar drásticamente los controles sobre empresas de seguridad privada para combatir el trabajo informal y las violaciones a derechos básicos. Sin fiscalización efectiva, cualquier marco legal resulta inútil.

Diálogo tripartito obligatorio: Establecer mesas de negociación permanentes entre Estado, empresas y sindicatos del sector para revisar periódicamente las condiciones laborales y ajustar salarios según indicadores objetivos de inflación y productividad.

Transición gradual y asistida: Si la reforma debe aplicarse, hacerlo de manera gradual con períodos de transición de al menos dos años, ofreciendo subsidios temporales a empresas que mantengan plantillas estables y capacitación gratuita a trabajadores para mejorar su empleabilidad.

La clave está en entender que un vigilador mal pago, precarizado y sin estabilidad no solo sufre personalmente, sino que representa un riesgo para la calidad del servicio de seguridad que toda la sociedad necesita. Una reforma laboral responsable debe equilibrar flexibilidad con protección, eficiencia con dignidad.

Un futuro incierto

Los profesionales de la seguridad privada se enfrentan a un escenario donde la reforma laboral profundizará problemáticas ya existentes: bajos salarios, jornadas extenuantes, falta de reconocimiento profesional y exposición a riesgos. La pérdida de derechos conquistados durante décadas no solo afecta el presente de estos trabajadores, sino que hipoteca su futuro y el de sus familias.

Mientras el gobierno argumenta que la flexibilización generará más empleo, los vigiladores y guardias de seguridad ven con claridad que el precio de esos supuestos nuevos puestos lo pagarán ellos: con menos estabilidad, menos ingresos y menos protección en un trabajo que, paradójicamente, consiste en proteger los bienes y la seguridad de otros.

La pregunta que queda es si habrá voluntad política para implementar salvaguardas que eviten que la flexibilización se convierta en precarización absoluta, o si este sector seguirá siendo la variable de ajuste de un sistema que necesita reformarse, pero no a costa de los más vulnerables.

Jose Antonio Carbonell Buzzian, auditor, consultor y asesor en seguridad.