En los últimos años, Europa y otras democracias occidentales han presenciado una curiosa contradicción: mientras los gobiernos implementan restricciones cada vez más estrictas sobre el uso de efectivo por parte de los ciudadanos comunes, diversos escándalos han revelado que algunos de sus propios representantes políticos manejan cantidades significativas de dinero en metálico, frecuentemente sin justificación clara.

El Doble Rasero del Efectivo

La ironía es palpable. Los ciudadanos europeos enfrentan límites cada vez más bajos para transacciones en efectivo 3.000 euros en Francia, 1.000 en España, 500 en Grecia bajo el argumento de combatir el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo. Paralelamente, los bancos están obligados a reportar movimientos sospechosos, y las autoridades fiscales pueden solicitar justificación de ingresos y gastos en efectivo.

Sin embargo, cuando se descubren fajos de billetes en las oficinas o domicilios de políticos, las explicaciones suelen ser vagas: "ahorros personales", "regalos familiares", o simplemente "prefiero no usar bancos". Lo que sería motivo de investigación exhaustiva para un ciudadano común, a menudo recibe un tratamiento considerablemente más benevolente cuando el protagonista ostenta un cargo público.

Casos Emblemáticos

Los ejemplos abundan en la política europea reciente. Desde vicepresidentes europeos encontrados con maletas de efectivo en circunstancias comprometedoras, hasta ministros con cantidades inexplicables en sus despachos. En cada caso, la narrativa oficial suele minimizar lo ocurrido mientras, simultáneamente, esos mismos gobiernos endurecen las medidas de control financiero sobre la población.

La cuestión no es si el efectivo debe o no ser regulado, sino la evidente asimetría en la aplicación de esas regulaciones. ¿Por qué quienes diseñan las leyes de transparencia financiera parecen, en ocasiones, los menos transparentes en sus propias finanzas?

El Argumento de la Privacidad, Solo Para Algunos

Los defensores del efectivo —cada vez más escasos entre los legisladores— argumentan que las transacciones en metálico son un derecho fundamental de privacidad financiera. Es una postura legítima: no todo gasto debe ser rastreado, registrado y potencialmente escrutado por autoridades o corporaciones.

Pero esta defensa de la privacidad rara vez se extiende a los ciudadanos comunes. Para ellos, la tendencia regulatoria es clara: cada transacción debe ser trazable, cada movimiento bancario monitoreado, cada ingreso justificado. La privacidad financiera, al parecer, es un lujo reservado para quienes redactan las leyes, no para quienes deben cumplirlas.

Digitalización y Control

La pandemia aceleró la digitalización de los pagos, un proceso que muchos gobiernos han celebrado abiertamente. Las transacciones digitales son más eficientes, más seguras, más... controlables. Cada euro digital deja un rastro, una huella que puede ser seguida, analizada y, si es necesario, bloqueada.

Esta capacidad de control total sobre las finanzas ciudadanas tiene implicaciones profundas. ¿Qué ocurre cuando el Estado puede conocer cada compra, cada donación, cada movimiento financiero de sus ciudadanos? ¿Y qué sucede cuando esos mismos funcionarios estatales operan, al menos parcialmente, fuera del sistema que imponen a otros?

Una Cuestión de Confianza

El verdadero problema no es técnico ni económico; es de confianza democrática. Cuando los ciudadanos perciben que sus representantes se eximen de las mismas reglas que imponen, la legitimidad del sistema se erosiona. Si el efectivo es problemático para combatir la corrupción, ¿por qué algunos políticos insisten en usarlo? Si la transparencia financiera es esencial, ¿por qué no comienza por arriba?

Hacia una Coherencia Necesaria

La solución no pasa necesariamente por prohibir el efectivo una medida que muchos consideran excesiva y potencialmente autoritaria sino por aplicar criterios coherentes. Si se establece que ciertas cantidades de efectivo requieren justificación, ese estándar debe aplicarse universalmente, con especial rigor para quienes ocupan cargos públicos.

Los políticos deberían ser los primeros en demostrar transparencia absoluta en sus finanzas, no los últimos en ser investigados cuando se encuentran irregularidades. La credibilidad de cualquier política pública depende de que quienes la promueven la practiquen.

Conclusión

La paradoja del efectivo político revela una verdad incómoda sobre las democracias contemporáneas: existe una brecha creciente entre el nivel de escrutinio al que se somete a los ciudadanos comunes y el que se aplica a sus representantes. Mientras los gobiernos construyen arquitecturas cada vez más sofisticadas de vigilancia financiera, algunos de sus propios miembros parecen operar en las sombras del sistema que ellos mismos diseñaron.

Esta contradicción no solo es irónica; es corrosiva para la confianza pública. Si queremos sociedades verdaderamente transparentes, la transparencia debe comenzar en los despachos del poder, no terminar en las billeteras de los ciudadanos. De lo contrario, seguiremos asistiendo al espectáculo de controladores que escapan al control, de legisladores que viven al margen de sus propias leyes, y de una ironía que deja de ser graciosa para convertirse en síntoma de una democracia con problemas más profundos.

Jose Antonio Carbonell