El pasado martes 11 de noviembre, la SCRATS —el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura— organizó en Lorca una reunión con todos los regantes de la Región. El motivo era tan simple como devastador: el nuevo recorte del trasvase por los caudales ecológicos y la reducción prevista de las aguas subterráneas a partir de 2027. En conjunto, estas medidas supondrán un recorte superior al 35% del agua que hoy se utiliza para los regadíos. Según el análisis de diversas instituciones, incluidos los propios regantes, sería el golpe definitivo para nuestra agricultura.

La situación para los agricultores se vuelve cada vez más angustiosa por la incertidumbre permanente sobre la disponibilidad del agua. Hablar del agua como un bien común de todos los españoles ya suena a ironía amarga. Los trasvases han sido recortados prácticamente desde sus inicios, y los agricultores pagan las consecuencias de una gestión política deficiente, tanto en la Región como en la Nación, ya sea bajo gobiernos del PSOE o del PP.

Este conflicto, enquistado desde hace años, ha estallado definitivamente tras la sentencia del Tribunal Superior del pasado 13 de mayo de 2025, que da la razón a Castilla-La Mancha y desestima el recurso interpuesto por el Gobierno de la Región de Murcia. Esa sentencia confirma los nuevos caudales ecológicos, que pasan de 6 m³/segundo a 8,6 m³/segundo. El cambio implica otro recorte adicional del trasvase de unos 100 hm³. Si a esto se suma la reducción de aguas subterráneas, la condena para nuestra agricultura es prácticamente una realidad.

El fracaso del recurso autonómico se explica en dos factores: el separatismo y el ecologismo radical, impulsados por el llamado Pacto Verde. Estas políticas, aprobadas en la UE con el apoyo tanto del PSOE como del PP, han marcado la senda que han seguido los jueces. Por eso, ambos partidos son responsables directos de los recortes.

Conviene no olvidar que la derogación del Plan Hidrológico Nacional fue obra del presidente Zapatero, apoyado por nacionalistas e independentistas. De un plumazo eliminaron el trasvase del Ebro y ofrecieron a cambio un sistema de desaladoras financiado con 4.000 millones de fondos europeos que estaban destinados al propio Plan Hidrológico Nacional. Su gestión fue tan brillante —en la misma línea de las comisiones y escándalos que vemos hoy— que muchas de esas desaladoras ni siquiera funcionan al 100%.

Pero tampoco el PP puede presumir de coherencia. Su entonces ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, trató de convencer a los agricultores del Levante de que cambiaran su modelo productivo. Desde Bruselas, González Pons pedía que "se dejara de hablar de trasvases porque ese argumento ya no cala en Europa". Y a esa lista habría que sumar el silencio cómplice del expresidente regional Ramón Luis Valcárcel.

Todo esto sería anecdótico si no fuera porque Mariano Rajoy gobernó con mayoría absoluta entre 2011 y 2015 y aun así no movió un solo papel para restituir un verdadero Plan Hidrológico Nacional ni el trasvase del Ebro. Tuvo la oportunidad de deshacer lo que hizo Zapatero, pero lo cierto es que lo empeoró. Tampoco se debe olvidar que María Dolores de Cospedal, en Castilla-La Mancha, pactó con José María Barreda una reforma del Estatuto de Autonomía que ponía fecha de caducidad al trasvase en 2015. El PP fue, por tanto, impulsor de una medida que habría sentenciado al sureste español. Para "no dejar mal" a Cospedal, el Gobierno de Rajoy elevó las reservas del Tajo de 240 hm³ a 400 hm³, haciéndolas intocables y dificultando aún más los trasvases.

En Aragón, los populares, de la mano de Rudi, pactaron elevar la reserva mínima del Ebro hasta un nivel que jamás se ha alcanzado, lo que de facto imposibilita cualquier trasvase futuro.

Por eso, cuando escuché el martes pasado al presidente López Miras asegurar que "cuando falta agua, sobra coraje", no pude evitar una carcajada. Otra vez más, palabras al viento. También aseguró que "la dirección de su gobierno será la dirección de los agricultores", pero lo único que pidió fue retrasar el problema hasta 2033. Si tan alineado está con los agricultores, ¿por qué no deroga la Ley del Mar Menor? ¿Por qué no retira la nueva Ley de Zonas Vulnerables, una de las más exigentes de España? ¿Por qué no quita el proyecto de la Tortuga Mora? Como ya dije, el PP —incluido López Miras— no quiere resolver de verdad el problema del agua.

Invito a todos a leer el programa de Vox sobre la interconexión de cuencas entre el Ebro, el Duero, el Tajo y el Segura. Puedo garantizar que nosotros sí cumplimos lo que anunciamos. Y decimos lo mismo en Murcia, Toledo y Zaragoza.

Dejen de engañar a los agricultores con discursos vacíos. El Levante necesita soluciones, no excusas.

José García Martinez.