Decía el filósofo francés Jean-Paul Sartre que "incluso el pasado puede modificarse; los historiadores no paran de demostrarlo". Hoy, este Gobierno parece empeñado en demostrarlo cada día. Hablan de los horrores de la dictadura franquista, pero callan ante los crímenes indiscriminados cometidos por el bando republicano durante la Guerra Civil, construyendo un relato selectivo al servicio de sus intereses.
Fue el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero quien abrió la puerta con la llamada Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, ha sido Pedro Sánchez quien la ha llevado a su máxima expresión con su nueva ley, utilizando la figura de Franco como herramienta política constante. Desde exhumarlo para exhibirlo mediáticamente hasta convertir el 50 aniversario de su muerte en una campaña propagandística, nunca tuvo el dictador tanta presencia pública desde su fallecimiento. El mensaje es claro: o gobiernan ellos, o España vuelve a la dictadura.
El Gobierno se autodefine progresista, pero continúa anclado en 1936, gobernando junto a partidos que formaron parte de aquel Frente Popular que derivó en una auténtica dictadura revolucionaria. Entonces estaban PSOE, PCE, ERC, CNT y UGT; ahora son PSOE, Podemos, ERC, independentistas y hasta herederos del terrorismo.
Sin embargo, ese relato empieza a quedarse corto cuando la corrupción les alcanza de lleno: la esposa del presidente investigada en varias ocasiones, su hermano, Ábalos, Koldo, Cerdán y un largo etcétera de casos abiertos. Ante esta situación, el Gobierno ha optado por la confrontación social permanente. Lo advertía Zapatero: "interesa que haya tensión en las calles". Hoy lo comprobamos con el caso del fiscal general, Álvaro García Ortiz, declarado culpable por el Tribunal Supremo mientras el presidente lo proclamaba inocente antes de conocerse la sentencia.
La reacción ha sido declarar la guerra a la Justicia, acusando al propio Tribunal Supremo de querer derrocar al Gobierno. Desde ministros hasta medios públicos afines han emprendido una campaña de descrédito institucional sin precedentes. TVE, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, CIS, INE, Indra o Telefónica muestran hasta qué punto el Gobierno ha colonizado estructuras clave del Estado con el objetivo de perpetuarse en el poder. Hablan de dictaduras pasadas mientras construyen un modelo que se le parece demasiado.
Frente a esta deriva, prefiero celebrar los 50 años de la monarquía parlamentaria actual. Porque, a los dos días de la muerte de Franco, fue la Corona, encarnada en el Rey Juan Carlos I, la que impulsó la Transición y abrió el camino hacia la democracia. Las propias Cortes franquistas decidieron disolverse y aceptar al nuevo jefe del Estado, en un gesto histórico que combinaba miedo y esperanza, pero que permitió el nacimiento de un sistema de libertades.
Imaginemos por un momento que el actual Congreso de los Diputados tuviera la misma generosidad y se disolviera para devolver la voz a los ciudadanos. Sería, sin duda, el auténtico Gordo de Navidad.
El reciente discurso del Rey Felipe VI ha sido una lección para todos los intolerantes que pretenden reescribir la historia y someter las instituciones. Reivindicó la Transición, la figura de su padre y principios esenciales: la palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, el acuerdo frente a la imposición. Esa es la esencia de la monarquía parlamentaria: un símbolo de unidad y continuidad que no gobierna no legisla y no puede imponerse, pero que actúa como árbitro y garante constitucional ante excesos del poder político.
Qué diferencia con un presidente cuya principal habilidad parece ser mentir sin rubor, con el único objetivo de aferrarse al cargo. En él nada resulta auténtico, ni siquiera la imagen cuidadosamente diseñada que ahora exhibe.
Termino con una frase atribuida a Abraham Lincoln, que deseo ver cumplirse algún día en esta España agotada por sus gobernantes: "Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo".
José García Martinez.
