Hoy domingo no es un día cualquiera: es el día en que los españoles debemos salir a la calle, en Madrid o en cualquier ayuntamiento del país, para decir claramente que ya basta. España vive una situación límite y el silencio, a estas alturas, sería complicidad. Nos estamos jugando la democracia, la dignidad institucional y el futuro mismo de nuestra nación.

El país ha quedado atrapado en manos de dirigentes que no han buscado el bien común ni un solo día. Su prioridad ha sido enriquecerse, mantenerse en el poder y blindar un proyecto político que solo avanza a golpe de cesiones, chantajes parlamentarios y ataques a los pilares del Estado. Nada de lo que ocurre es fruto del azar: todo responde a un plan calculado desde 2018, cuando una moción de censura echó abajo un Gobierno legítimo para sustituirlo por otro cuya legitimidad social nunca existió.

El caso Gürtel fue el pretexto perfecto. La sentencia —iniciada por el juez Baltasar Garzón, expulsado después por prevaricación— sirvió para que el PSOE armara una alianza de favores con PODEMOS, PNV, JUNTS, ERC y BILDU. Aquella operación no fue improvisada: hoy sabemos incluso que Pedro Sánchez se reunió días antes con Bildu en el País Vasco para asegurar su apoyo. Mientras tanto, José Luis Ábalos vendía en el Congreso un discurso de "seriedad" y "honestidad" que hoy provoca vergüenza ajena. Prometieron elecciones inmediatas y, por supuesto, no cumplieron.

Desde entonces, España ha sufrido un proceso de deterioro institucional que no tiene precedentes en nuestra democracia. Se ha saqueado el Estado, se ha manipulado la Justicia, se ha pactado con quienes jamás han creído en España y se ha gobernado a base de concesiones a quienes solo buscan trocearla. El resultado es un país paralizado, sin rumbo, acosado por la corrupción y gobernado por fuerzas que, lejos de defender la unidad nacional, trabajan abiertamente para destruirla.

A esto se suma un ataque frontal al Poder Judicial. El Gobierno ha acusado a jueces y magistrados de fascistas, ha intentado controlar el Consejo General del Poder Judicial y ha convertido la separación de poderes en un obstáculo que pretende eliminar. Nunca antes un Ejecutivo había cruzado tantos límites.

La crispación no es un accidente: es la consecuencia natural de una política que basa su supervivencia en el conflicto y el enfrentamiento. España se ha convertido en un campo de batalla político donde todo vale, donde la mentira se ha normalizado y donde los problemas reales —la inflación, la vivienda, la educación, la sanidad— quedan relegados a un segundo plano. Muchos iremos a la manifestación porque estamos hartos. Hartos de ver cómo el país se hunde mientras el Gobierno se aferra al poder como si fuera su propiedad privada.

La distancia entre la propaganda y la vida real es ya insostenible. Y por eso tanta gente, con ideologías diferentes, ha llegado a la misma conclusión: que España ha cruzado una línea roja. Que la corrupción, la degradación institucional y el chantaje parlamentario permanente han traspasado los límites de lo tolerable. Cuando las instituciones se tambalean, la ciudadanía tiene el deber de reaccionar. Y la reacción tiene fecha: hoy

Lo lógico habría sido que la convocatoria viniera de toda la oposición constitucionalista, unida y firme, y que se extendiera a todos los rincones de España. Aun así, la respuesta ciudadana será la que marque la diferencia. Porque solo unidos podremos echar a un Gobierno que ha dejado de representar a la nación y que solo trabaja para contentar a quienes desean romperla.

Hoy no es una manifestación más. Es un acto de defensa nacional. Y España lo necesita.

José García Martínez