Las patronales presentan su "máximo esfuerzo" mientras los márgenes empresariales se disparan y los trabajadores siguen en la precariedad

La novena reunión de la mesa negociadora del Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada ha dejado al descubierto lo que muchos ya sospechaban: las patronales APROSER, ASECOPS y FES están ofreciendo un paquete de mejoras que, bajo una apariencia de generosidad, esconde una realidad insultante para miles de trabajadores que sostienen un sector cada vez más lucrativo.

Un 16% que no llega ni para recuperar lo perdido

Las patronales presentan con orgullo un incremento salarial del 16% para el periodo 2027-2030, alardeando de un supuesto aumento acumulado del 32% en ocho años. Sin embargo, los números cuentan otra historia. Con una inflación acumulada que ha superado el 20% en los últimos años y proyecciones que sitúan la inflación entre el 2% y el 3% anual, ese 16% apenas compensará la pérdida de poder adquisitivo.

Mientras tanto, las empresas de seguridad privada facturan cifras récord año tras año. El sector mueve miles de millones de euros anuales, con contratos millonarios en aeropuertos, entidades bancarias, infraestructuras críticas y eventos de gran envergadura. ¿Dónde queda ese dinero? Ciertamente no en los bolsillos de quienes arriesgan su integridad física cada día.

Conciliación de cartón piedra

La propuesta de conciliación es otra burla disfrazada de progreso. ¿Un fin de semana libre al mes garantizado? En 2025, presentar como un logro que un trabajador pueda descansar 48 horas seguidas una vez cada treinta días es reconocer abiertamente las condiciones medievales del sector.

Los "descansos adicionales progresivos" son especialmente ofensivos: un fin de semana extra en 2027, dos en 2028 y tres a partir de 2029. Es decir, habrá que esperar hasta 2029 para tener tres fines de semana adicionales al año. Mientras, los directivos de estas empresas disfrutan de sus semanas laborales de lunes a viernes y vacaciones completas.

El cuento de las pymes que no se sostiene

Las patronales justifican su tacañería argumentando que el 90% del sector está compuesto por pequeñas y medianas empresas con "márgenes reducidos". Esta narrativa, repetida hasta la saciedad, ignora varios hechos fundamentales:

Muchas de estas "pymes" forman parte de grupos empresariales con estructuras complejas que permiten optimizar fiscalmente los beneficios mientras mantienen salarios de miseria.

Los costes laborales del 90-92% son precisamente el problema: significa que los trabajadores generan prácticamente todo el valor mientras las empresas se quedan con márgenes que, aunque pequeños en porcentaje, representan millones de euros en beneficios brutos.

La "inseguridad jurídica" que mencionan es en muchos casos el resultado de malas prácticas empresariales, competencia desleal y guerra de precios que ellas mismas han alimentado.

Mejoras que deberían ser derechos básicos

Presentar como "avances" cuestiones como que los ejercicios de tiro sean tiempo de trabajo efectivo, establecer un protocolo de desconexión digital o garantizar que quien libre la Nochevieja no tenga que trabajar la mañana siguiente es admitir el estado de explotación sistemática en que viven estos trabajadores.

Estas no son mejoras: son derechos laborales básicos que en cualquier otro sector estarían garantizados desde hace décadas. El hecho de que las patronales los presenten como "esfuerzo máximo" demuestra el nivel de abuso normalizado en la seguridad privada.

El chantaje del "paquete indivisible"

Quizás lo más insultante de esta propuesta es su presentación como una oferta "global, coherente e indivisible", cerrada a contraofertas. Es el clásico "lo tomas o lo dejas" de quien negocia desde una posición de fuerza y con nula voluntad de diálogo real.

Las patronales han retirado sus propuestas más polémicas sobre incapacidad temporal y transporte de fondos, pero solo después de semanas de presión sindical. Y ahora presentan esta retirada como un gesto de buena voluntad, cuando en realidad era lo mínimo exigible.

El negocio que no quieren compartir

Mientras los vigilantes de seguridad cobran salarios que en muchos casos rondan el salario mínimo, trabajan en condiciones precarias, con turnos interminables y asumiendo riesgos físicos constantes, los beneficios empresariales crecen año tras año. Los grandes contratos con la administración pública, las empresas privadas y las infraestructuras estratégicas generan márgenes que permiten mantener estructuras empresariales sólidas, invertir en tecnología y, en muchos casos, repartir dividendos generosos.

Una propuesta que no está a la altura

El sector de la seguridad privada es estratégico para el funcionamiento de nuestra sociedad. Sin estos profesionales, aeropuertos, bancos, hospitales, centros comerciales y eventos multitudinarios no podrían operar. Sin embargo, las patronales siguen tratándolos como mano de obra prescindible y fácilmente reemplazable.

Esta propuesta de convenio no es un "máximo esfuerzo", es una tomadura de pelo. Es el reflejo de un modelo empresarial que maximiza beneficios a costa de precarizar a quienes realmente generan el valor. Y lo más grave es que se presenta envuelta en un discurso de supuesta responsabilidad y sostenibilidad empresarial que no resiste el más mínimo análisis.

Los trabajadores de seguridad privada merecen algo más que migajas y promesas de mejoras que llegarán "progresivamente" en años venideros. Merecen salarios dignos, condiciones laborales del siglo XXI y el reconocimiento real de su aportación a la sociedad.

Hasta que las patronales no entiendan esto, cualquier propuesta que presenten será exactamente lo que es esta: una falta de respeto.

Jose Antonio Csrbonell Buzzian