El último gran marco del Plan Hidrológico Nacional en España se aprobó en 2001, bajo el Gobierno de José María Aznar, mediante la Ley 10/2001, que incluía el Trasvase del Ebro. Cuatro años después, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo modificó con la Ley 11/2005, sustituyendo aquel PHN por el programa A.G.U.A., centrado en la energía solar y la desalación para el abastecimiento en zonas costeras. El proyecto eliminaba el Trasvase del Ebro y apostaba por un sistema de desaladoras que, a día de hoy, casi un cuarto de siglo después todavía no está completamente implantado.

Desde 2001 hasta 2025 —24 años— nuestros responsables políticos han sido incapaces de diseñar un nuevo Plan Hidrológico Nacional que ponga fin, de una vez por todas, a la escasez de agua que sufre más de media España. Persisten en la misma fórmula: desaladoras y más desaladoras, mientras nuestros ríos vierten cada año al mar más de 18.000 hm³ entre el Ebro, Duero, Tajo y Guadiana.

España no cuenta con una estrategia hídrica nacional real. Funciona con planes separados por cuencas, sin plantearse nuevas presas y con la parálisis absoluta de cualquier nuevo PHN desde 2004. Todo se ha subordinado a los Planes Hidrológicos de Demarcación, que siguen estrictamente la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE.

Mientras tanto, Marruecos —un país con 60.000 km² menos que España— ha diseñado su Plan Hidrológico del Agua 2020-2050, convertido en una auténtica política de Estado. Su hoja de ruta incluye la construcción inmediata de 16 grandes presas antes de 2027, además de otras cuatro de tamaño medio y 92 de pequeño tamaño. Ya cuentan con 17 plantas desaladoras, con otras cuatro en construcción para alcanzar en 2030 una producción anual de 1,7 millones de metros cúbicos.

El objetivo marroquí es claro: garantizar agua para las ciudades, la agricultura y la ganadería. Para ello construyen presas, canales, trasvases, sistemas de control informatizado y una gestión coordinada de todas sus cuencas. Todo con planificación, inversión y visión de país.

España, por el contrario, posee más de 8.000 cauces fluviales y 34 ríos principales repartidos entre las vertientes atlántica, cantábrica y mediterránea, además de un total de 83 ríos si se cuentan todos los sistemas principales. Y, aun así, el Gobierno se dedica a demoler presas y azudes por valor de más de 2.500 millones de euros, mientras que las grandes obras hidráulicas pendientes apenas suman algo más de 3.000 millones… sin ejecutar.

La realidad es tozuda: se está gastando más dinero en destruir infraestructuras que en construir nuevas. Cerca del 30% de las obras previstas en los últimos planes hidrológicos siguen sin ejecutarse, y buena parte del actual programa —que finaliza en 2027— continúa paralizado. Urge levantar las 27 presas contempladas en los planes vigentes aprobados por el Gobierno en 2023.

Con este panorama, cualquier promesa del Ministerio para la Transición Ecológica o de las propias Confederaciones Hidrográficas es papel mojado. Y el sector primario, una vez más, vuelve a ser engañado.

Necesitamos políticos valientes, capaces de comprometerse de verdad con un nuevo Plan Hidrológico Nacional que garantice agua en todo el territorio y que deje de tratar este asunto esencial como un debate ideológico. El agua es vida, es economía y es futuro. Y España no puede seguir esperando.

José García Martínez