En los últimos meses, determinadas publicaciones en redes sociales han instalado la idea de que España "ha perdido" 60.000 millones de euros de la Unión Europea, una cifra que, por su magnitud, resulta llamativa y fácilmente utilizable como arma política o mediática.
Sin embargo, la afirmación es falsa, España no ha perdido ese dinero, lo que ha hecho es renunciar voluntariamente a solicitar la mayor parte de los préstamos disponibles en el marco del Plan de Recuperación europeo. Y lo ha hecho por una razón esencial, financiarse en los mercados internacionales resulta hoy, más barato y más flexible que recurrir a esos préstamos comunitarios.
Para comprenderlo, conviene recordar la estructura del programa europeo Next Generation (NGEU). España tenía asignados aproximadamente 163.000 millones de euros, divididos en dos bloques, subvenciones a fondo perdido, casi 80.000 millones, y préstamos reembolsables, unos 83.000 millones.
La polémica se centra en este segundo grupo. El Gobierno ha anunciado que solo utilizará una fracción de esta parte crediticia y que no solicitará alrededor de 60.000 millones que estaban disponibles. La palabra "renunciar" es clave, no se ha perdido nada, porque ningún país está obligado a pedir la totalidad de los préstamos. La decisión corresponde a cada Estado miembro, en función de su estrategia económica y de sus necesidades de financiación.
¿Por qué renunciar a un dinero que parece tan atractivo? La respuesta se encuentra en la naturaleza misma de esos préstamos. Aunque proceden de la deuda común europea y ofrecen, en general, condiciones favorables, no son gratuitos, ni tampoco incondicionales. Requieren justificar proyectos específicos, cumplir rigurosos hitos y plazos, y destinar los fondos a áreas concretas del plan aprobado por Bruselas.
Además, los países deben incorporar esos préstamos a su deuda pública, con todo lo que ello implica para las cuentas del Estado.
En este contexto, la decisión del Gobierno español se basa en un criterio económico muy simple, actualmente el Tesoro Público está consiguiendo financiación en los mercados a tipos que pueden resultar iguales o inferiores a los préstamos del RRF, y con condiciones más flexibles. Si se puede obtener dinero más barato y sin los condicionamientos administrativos añadidos, la lógica financiera invita a prescindir de la opción más costosa o menos conveniente.
A esta razón se añade otra igualmente determinante, la capacidad real de ejecutar nuevos proyectos con plazos demasiado ajustados. Los fondos europeos requieren que los programas estén diseñados, adjudicados y en marcha antes del 2026.
España, como muchos otros países, enfrenta limitaciones administrativas y de absorción presupuestaria. Pedir 60.000 millones adicionales sin garantías de ejecución efectiva no solo no tendría sentido, sino que podría provocar problemas administrativos y la obligación de devolver fondos no utilizados.
Este enfoque no es exclusivo de España. Francia y Alemania también han decidido no solicitar la mayor parte de los préstamos del RRF, alegando exactamente los mismos motivos, condiciones de mercado favorables, menor necesidad de endeudamiento y prioridad por financiarse de forma más flexible. Por el contrario, Italia ha optado por utilizar casi todos los préstamos, porque su coste de financiación es superior y necesita apalancar grandes inversiones públicas para dinamizar su economía. Cada país toma decisiones distintas, porque su situación fiscal, su acceso a los mercados y su capacidad administrativa son diferentes.
Conviene subrayarlo, renunciar a un préstamos no equivale a perder dinero, como tampoco "perdería" un ciudadano que decide no pedir una hipoteca que no necesita o cuyo interés no le conviene. La analogía es exacta, el préstamo está disponible, pero nadie obliga a aceptarlo si hacerlo no sirve al interés propio.
La insistencia de algunas narrativas en presentar esta decisión como una pérdida o una incapacidad para gestionar los fondos europeos, responde más al ruido político que al análisis económico.
España, hasta la fecha, ha recibido ya la mayor parte de las subvenciones aprobadas, que no tienen que devolverse y que si constituyen una transferencia real de recursos desde Bruselas. Eso es lo que verdaderamente distingue a los fondos europeos de otras formas de financiación, las subvenciones aumentan la inversión sin incrementar la deuda pública. Los préstamos, en cambio, deben devolverse.
En definitiva, España no ha perdido 60.000 millones de euros, porque ese dinero nunca fue una transferencia garantizada, sino un préstamo optativo al que el país podía, o no, acceder. Renunciar a él es una postura coherente si la prioridad es contener el endeudamiento, aprovechar las buenas condiciones de financiación en los mercados y evitar comprometerse con más proyectos de los que la administración puede gestionar, en los plazos que exige Bruselas.
En tiempos en que la desinformación se difunde a gran velocidad y en que los números abultados se utilizan para generar alarmas infundadas, conviene volver a los hechos, nadie pierde lo que no pide. España ha decidido no endeudarse más porque, en este momento, no lo necesita y no le conviene. Y esa, lejos de ser una mala noticia, es una señal de fortaleza económica y de gestión responsable.
CONCHI BASILIO
