El trasvase Tajo-Segura no es una concesión graciable ni una anomalía histórica: es una infraestructura de Estado y un derecho consolidado del que dependen miles de familias, explotaciones agrícolas y una parte esencial de la economía del sureste español. Pretender sustituirlo, o incluso justificar su recorte, con agua desalada no es una solución técnica, es un engaño político.
Ya está bien de insistir en la misma mentira que se repite desde hace dos décadas. El discurso de la desalación como alternativa real al trasvase nació con el programa A.G.U.A. de 2005 y sigue utilizándose hoy como coartada para debilitar una infraestructura que funciona y que ha demostrado sobradamente su utilidad. Llenar el litoral de desaladoras no ha resuelto el problema del agua entonces, ni lo va a resolver ahora.
El agua del trasvase es innegociable. Eso no significa rechazar otras fuentes complementarias. Si se quiere aportar más recursos mediante desalación, bienvenida sea como apoyo, nunca como sustitución. Lo contrario es condenar al sector agrícola a una inseguridad permanente y a unos costes inasumibles.
Resulta especialmente preocupante que la Confederación Hidrográfica del Segura plantee la desalación de hasta 400 hm³ anuales para reemplazar el agua del trasvase. No solo es un planteamiento inviable, sino que quienes lo formulan saben perfectamente que esa cifra está fuera de la realidad a medio plazo. Hoy, la producción conjunta de las desaladoras de la Región de Murcia y su entorno ronda los 100 hm³ anuales. Incluso duplicar esa cantidad exige nuevas infraestructuras que todavía están en desarrollo. Hablar de 400 hm³ no es planificación, es una ensoñación.
Mientras tanto, se pierden energías en consultas públicas y documentos provisionales que poco aportan a la verdadera sostenibilidad del sistema. La mejor garantía para el trasvase ya se estableció en 1978, cuando las Cortes Españolas respaldaron una obra concebida para ser permanente. Entonces se hizo un esfuerzo titánico para construir una infraestructura estratégica. Hoy, paradójicamente, se intenta desmantelar con decisiones administrativas y argumentos ideológicos.
Los trasvases no son soluciones temporales. Son respuestas estructurales a déficits hídricos estructurales. Funcionan así en todo el mundo y deberían funcionar así en España. Agua hay de sobra; lo que falta es voluntad política para planificarla de forma solidaria y eficiente. Por eso sigue siendo imprescindible un gran Plan Hidrológico Nacional que permita aprovechar el agua que hoy se pierde en el mar.
La confusión también se extiende a la gestión de las aguas subterráneas. Desde Bruselas y desde los organismos de cuenca se lanzan mensajes contradictorios: primero se anuncia el cierre de acuíferos, luego se pospone cualquier decisión a estudios futuros. Se habla de sobreexplotación sin explicar con claridad cómo se calcula realmente el volumen disponible.
En la Demarcación Hidrográfica del Segura existen 63 masas de agua subterránea perfectamente identificadas. Algunos acuíferos, como los situados entre Murcia y la Vega Baja, cuentan con reservas cercanas a los 2.000 hm³. Otros, como los vinculados al entorno del Mar Menor, aportan entre 38 y 46 hm³ anuales. Son datos que fluctúan, que requieren gestión técnica, no consignas políticas.
Aprovechemos todos los recursos disponibles: trasvase, aguas subterráneas, desalación y depuración. Pero hagámoslo con sentido común, sin demonizar unas fuentes para justificar recortes de otras. Y, sobre todo, dejemos trabajar a los agricultores. Nadie mejor que ellos sabe lo que cuesta cada metro cúbico y cómo gestionar un recurso escaso del que depende su futuro.
Los políticos están para aportar soluciones reales, no para crear problemas artificiales. El agua desalada no soluciona el recorte del trasvase. Lo único que lo hace es mantenerlo, reforzarlo y gestionarlo con responsabilidad.
José García Martínez
