Para este año que acabamos de iniciar, la agricultura española afronta varios frentes abiertos, pero hay tres que marcarán de forma decisiva su futuro inmediato: la normativa europea y la Política Agraria Común, la competencia desleal procedente de Marruecos y del bloque MERCOSUR, y, en el caso del Levante y Andalucía, la escasez de agua agravada por las restricciones al trasvase Tajo-Segura.
A finales del año pasado, más de 10.000 agricultores y ganaderos de toda Europa se manifestaron en Bruselas contra las políticas impulsadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y respaldadas por su mayoría parlamentaria: el Partido Popular Europeo, los Socialistas y Demócratas —incluido el PSOE— y los liberales de Renovar Europa. Todos ellos parecen haber encontrado un punto de acuerdo: cargar sobre las espaldas del sector primario el peso de una transición ideológica que amenaza con desmantelar la agricultura europea tal y como la conocemos. Todos a una, como en Fuenteovejuna.
Estas protestas coincidieron con la cumbre agrícola de la Unión Europea, donde se debatió el futuro de la PAC a partir de 2026, con dos ideas claras sobre la mesa: posibles recortes presupuestarios y una mayor imposición de las políticas del Pacto Verde. Los agricultores rechazan la llamada "tasa verde" y el creciente entramado regulatorio que asfixia al campo, y exigen una PAC que priorice la producción de alimentos y la rentabilidad de las explotaciones frente a experimentos ideológicos alejados de la realidad rural.
En el ámbito de la revisión del Marco Financiero Plurianual, se plantea un recorte de hasta el 22 % en la PAC y su integración en fondos multisectoriales. Para España, uno de los países más afectados, esto supondría más de 900 millones de euros menos cada año. A día de hoy, solo Francia e Italia han alzado la voz con firmeza. El resto, incluida España, parece seguir de vacaciones mientras su agricultura se desangra.
A todo ello se suma un aluvión normativo que entrará plenamente en vigor en 2026: obligatoriedad del Cuaderno Digital Agrícola, planes de abonado en regadío, registros de fertilización, nuevas zonas vulnerables, mayores exigencias en elementos de paisaje, controles adicionales en la PAC y una creciente burocracia en los arrendamientos. Todo bajo el paraguas de la sostenibilidad, pero sin evaluar el impacto real sobre la viabilidad económica de las explotaciones.
En cuanto al acuerdo con MERCOSUR, la presión de las movilizaciones y el apoyo decidido de Francia e Italia han logrado, de momento, la suspensión y reprogramación de la firma del tratado. Se exigen garantías de sostenibilidad y competencia justa, mientras la UE pretende cerrar un pacto estratégico a 25 años. Si no se corrige el rumbo, el campo europeo seguirá en la calle, porque no puede competir en desigualdad permanente.
Pero si hay un caso sangrante es el de Marruecos. Las importaciones procedentes de nuestro país vecino continúan creciendo y seguirán haciéndolo en 2026, hundiendo precios y expulsando producciones nacionales. La enorme diferencia en costes laborales y la laxitud en las exigencias fitosanitarias han provocado una deslocalización silenciosa de nuestra agricultura. España ya ha perdido su liderazgo histórico como proveedor de tomate en el mercado comunitario, mientras Marruecos, amparado por un marco comercial privilegiado, se consolida como principal proveedor de la UE. Esto no solo pone en jaque al sector, sino también a la seguridad alimentaria europea.
A ello se añade la falta de reciprocidad normativa y el trasfondo político del acuerdo sobre el Sáhara Occidental. Por todo ello, es imprescindible exigir igualdad de condiciones, controles reales y una protección efectiva frente a importaciones que no cumplen las mismas reglas que se imponen a nuestros agricultores.
Y, por último, pero no menos importante, el agua. Sin agua, todo lo anterior carece de sentido. La agricultura desaparecería en amplias zonas de España. El empeño del actual Gobierno en desmantelar el trasvase Tajo-Segura, comenzando por el aumento de los caudales ecológicos ya en vigor desde este mes de enero, reduce drásticamente el agua disponible, a lo que se suman nuevos recortes previstos para 2027 y la sustitución forzada por agua desalada, una obsesión ideológica de los gobiernos socialistas. Paralelamente, Bruselas insiste en un control férreo de las aguas subterráneas sin conocer realmente la capacidad de los acuíferos: se controla lo que sale, pero no se sabe lo que hay. ¿Cómo se puede gestionar así?
Son medidas carentes de rigor técnico y científico, profundamente políticas, que ponen en riesgo la viabilidad del sector primario, su desarrollo económico y el futuro de regiones enteras.
El escenario que se presenta para 2026 es, si nada cambia, desolador. Por eso, los agricultores y ganaderos deben dejar de confiar en quienes les imponen normas desde despachos lejanos y empezar a respaldar a quienes defienden de verdad al sector primario en España y en Europa. Está en juego no solo la supervivencia del campo, sino un futuro digno para quienes nos alimentan.
José García Martinez
