El colapso de los juzgados murcianos ha convertido el derecho a la seguridad en una promesa vacía. Miles de ciudadanos que denuncian amenazas de muerte y agresiones físicas quedan atrapados en un limbo judicial que los mantiene vulnerables y sin protección efectiva mientras esperan que un juez dicte resolución.

La saturación en Cartagena y San Javier

Los juzgados de Cartagena y San Javier atraviesan una situación crítica de colapso. Tras presentar una denuncia por amenazas o agresiones, el expediente se suma a miles de casos que esperan turno en estos juzgados de instrucción. La saturación provoca demoras que pueden extenderse durante meses. Mientras tanto, las amenazas continúan y la víctima queda en tierra de nadie: ha denunciado, pero no está protegida.

La carga de trabajo acumulada en ambas localidades hace que la media de espera para que un juez pueda valorar la adopción de medidas cautelares en casos que no se consideran de máxima urgencia se prolongue durante meses. Durante ese tiempo, el denunciante debe seguir con su vida normal, expuesto al peligro que motivó la denuncia.

¿Qué puede hacer el ciudadano?

Las opciones son limitadas y muchas veces desconocidas:

Solicitar medidas cautelares urgentes. Aunque la denuncia se haya interpuesto, es posible instar al juzgado a que adopte medidas de protección con carácter urgente, como órdenes de alejamiento. Sin embargo, esto requiere conocimiento jurídico que no todos los ciudadanos poseen.

Acudir a servicios de atención a víctimas. Existen oficinas especializadas que pueden asesorar sobre los pasos a seguir y acompañar en el proceso, aunque su capacidad también está limitada por la falta de recursos.

Buscar asesoramiento legal inmediato. Un abogado puede acelerar trámites y presionar para que el caso se priorice, pero esto supone un coste económico que no todos pueden asumir.

Reforzar la seguridad personal. Cambiar rutinas, evitar lugares habituales, informar a familiares y vecinos sobre la situación. Medidas que, en la práctica, suponen que la víctima debe alterar completamente su vida mientras el agresor permanece en libertad.

La responsabilidad del Estado: ¿qué ocurre si pasa lo peor?

La pregunta que inquieta a muchos ciudadanos murcianos es: ¿qué pasaría si, tras denunciar, el denunciante sufre algún daño porque el juez no tuvo tiempo de dictaminar medidas de protección?

La respuesta abre un escenario de responsabilidad patrimonial del Estado. Si un ciudadano denuncia amenazas o agresiones y, pese a existir constancia en el sistema judicial, sufre un ataque porque no se adoptaron medidas cautelares en un plazo razonable, podría exigirse responsabilidad a la Administración de Justicia por funcionamiento anormal.

Los tribunales han reconocido en diversas ocasiones que el retraso injustificado en la tramitación de procedimientos puede constituir una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Si ese retraso deriva en un daño para la víctima que denunció confiando en la protección del sistema, la responsabilidad patrimonial podría ser exigible.

Sin embargo, esta posibilidad jurídica es un consuelo amargo. Ninguna indemnización posterior puede reparar un daño que pudo evitarse con una actuación judicial a tiempo. El problema no es únicamente de responsabilidad legal, sino de prevención y protección efectiva.

El sistema que abandona

El sistema insta a los ciudadanos de Cartagena y San Javier a denunciar cualquier amenaza o agresión, pero después no garantiza una respuesta ágil que neutralice el peligro. La tutela judicial efectiva, reconocida constitucionalmente, se convierte en papel mojado cuando los plazos se eternizan y la víctima queda desprotegida.

El colapso de estos juzgados no es solo un problema de gestión, sino un asunto de derechos fundamentales. El Estado exige al ciudadano murciano que confíe en las instituciones y denuncie, pero luego no puede garantizar su seguridad en un plazo razonable.

Un problema sin solución a la vista

Mientras la Comunidad Autónoma de Murcia y el Gobierno central discuten sobre la necesidad de reforzar la plantilla judicial y modernizar los procedimientos en Cartagena y San Javier, miles de personas viven con miedo. La reforma de la justicia, tantas veces anunciada, no llega o lo hace demasiado despacio para quienes necesitan protección ahora.

La paradoja es cruel: los políticos debaten y los expedientes se acumulan en Cartagena y San Javier mientras hay personas que viven con el temor de que la próxima amenaza se convierta en realidad antes de que ningún juez haya tenido tiempo de mirar su caso.

La pregunta que no debería tener cabida en un Estado de derecho permanece sin respuesta en la Región de Murcia: ¿De qué sirve denunciar si después el ciudadano está más vulnerable que antes?

Jose Antonio Carbonell Buzzian