Como auditor y consultor de seguridad con años de experiencia en el sector, considero que la propuesta de la Unión Europea de integrar a los vigilantes de seguridad en la defensa interior de las fronteras no es un capricho político, sino una respuesta pragmática a una realidad que quienes trabajamos en este ámbito conocemos bien.

El diagnóstico estructural: déficit crítico de efectivos policiales

Los datos oficiales de Eurostat sitúan la media europea en 318 agentes de policía por cada 100.000 habitantes, aunque esta cifra presenta importantes variaciones entre países. España cuenta con aproximadamente 500 agentes por cada 100.000 habitantes, mientras que países nórdicos como Dinamarca o Finlandia rondan los 200.

Sin embargo, estas cifras ocultan una realidad más compleja. Francia reportó en 2024 más de 8.000 vacantes en su policía nacional que no logra cubrir debido a dificultades en el reclutamiento. Alemania enfrenta una ola de jubilaciones masivas que supera ampliamente su capacidad para incorporar nuevos efectivos. Italia ha reconocido públicamente la insuficiencia de personal para controlar adecuadamente sus extensas fronteras marítimas.

Según estudios del sector, la disponibilidad real de efectivos policiales para tareas operativas se reduce significativamente cuando se consideran factores como trabajo administrativo, formación continua, bajas laborales y turnos de descanso. La presencia efectiva en calle puede ser hasta un 30-40% inferior al número nominal de plantilla.

Escalada criminal transnacional: datos alarmantes

Europol, en su informe de Evaluación de Amenaza de Criminalidad Organizada y Grave (SOCTA) de 2024, identificó más de 5.000 grupos criminales organizados activos en la Unión Europea. El tráfico de drogas alcanzó niveles históricos, con decomisos de cocaína que superaron las 300 toneladas en 2023, principalmente en los puertos de Amberes, Rotterdam y Hamburgo.

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) registró más de 380.000 detecciones de cruces irregulares de fronteras en 2023, un incremento significativo respecto a años anteriores. La ruta del Mediterráneo central y la ruta de los Balcanes Occidentales concentran la mayor parte de estos flujos.

Según datos de Eurojust, la criminalidad organizada transnacional opera con estructuras cada vez más sofisticadas, aprovechando las fronteras abiertas del espacio Schengen. Las organizaciones criminales albanesas, grupos de Europa del Este y redes nigerianas han establecido presencia en múltiples países simultáneamente, dificultando las investigaciones policiales tradicionales que dependen de la cooperación entre jurisdicciones.

El tráfico de seres humanos, el cibercrimen y el tráfico de armas completan un panorama donde la delincuencia organizada genera, según estimaciones de Europol, más de 139.000 millones de euros anuales en beneficios ilícitos en la UE.

Amenazas geopolíticas y seguridad híbrida

El contexto de seguridad europeo experimentó una transformación radical desde febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania. Más allá del conflicto armado directo, Europa enfrenta amenazas híbridas que requieren nuevos enfoques de protección.

El Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol (EC3) registró un incremento del 38% en ciberataques a infraestructuras críticas entre 2022 y 2024. Estos ataques, algunos atribuibles a actores estatales según servicios de inteligencia europeos, han afectado a redes energéticas, sistemas de transporte y administraciones públicas.

Los incidentes de sabotaje físico también se han multiplicado. En 2023 se documentaron daños a cables submarinos en el Mar Báltico, sabotajes a infraestructuras ferroviarias en Francia antes de los Juegos Olímpicos, y ataques a gasoductos. Según el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), estas acciones forman parte de campañas de desestabilización que combinan elementos físicos, digitales y de desinformación.

El terrorismo yihadista, aunque con menor intensidad que en la década anterior, mantiene capacidad operativa. La Coordinadora Antiterrorista de la UE advierte sobre la radicalización online y el riesgo de "lobos solitarios" que requieren vigilancia permanente de espacios públicos y eventos masivos.

El sector de seguridad privada: dimensión y profesionalización

El sector de la seguridad privada en Europa emplea más de dos millones de personas según la Confederación Europea de Servicios de Seguridad (CoESS), superando en número a los efectivos policiales en la mayoría de países miembros. En España hay aproximadamente 90.000 vigilantes de seguridad frente a unos 140.000 policías y guardias civiles.

El sector ha experimentado una notable profesionalización en las últimas dos décadas. En Alemania, los vigilantes de seguridad deben completar entre 400 y 700 horas de formación según la especialización, incluyendo materias como legislación de seguridad, derechos fundamentales, gestión de conflictos y primeros auxilios. Francia exige el Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) que incluye 175 horas de formación teórico-práctica.

En España, el Real Decreto 2364/1994 establece requisitos de formación específicos, con cursos de 180 horas para vigilantes de seguridad y especializaciones adicionales para seguridad aeroportuaria (60 horas), explosivos (200 horas) o protección de personas (180 horas).

Tecnológicamente, el sector invierte significativamente en innovación. Según el informe sectorial de CoESS, el mercado europeo de tecnología de seguridad alcanzó los 51.000 millones de euros en 2023, incluyendo sistemas de videovigilancia inteligente con analítica predictiva, control de accesos biométrico, drones de vigilancia perimetral y plataformas integradas de gestión de eventos de seguridad.

La propuesta europea: integración regulada

La iniciativa de la Comisión Europea no plantea sustituir a las fuerzas de seguridad del Estado, sino establecer un marco de colaboración estructurado que formalice y expanda funciones que la seguridad privada ya desempeña en muchos ámbitos.

En aeropuertos europeos, la seguridad privada realiza actualmente controles de pasajeros, inspección de equipajes y vigilancia de instalaciones bajo supervisión de autoridades públicas. Según datos de Airports Council International (ACI Europe), más del 70% del personal de seguridad en aeropuertos europeos pertenece al sector privado.

En puertos comerciales, la seguridad privada implementa el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (código ISPS), realizando controles de acceso, vigilancia perimetral y gestión de amenazas a la cadena logística.

La propuesta europea contemplaría la armonización de estándares de formación mediante una certificación europea unificada, el establecimiento de protocolos de coordinación entre seguridad pública y privada especialmente en infraestructuras críticas, la creación de canales seguros de intercambio de información dentro del marco legal de protección de datos, y la especialización de vigilantes para funciones específicas en fronteras exteriores e instalaciones estratégicas.

Riesgos identificables y necesidad de salvaguardas

La ampliación del papel de la seguridad privada plantea desafíos técnicos y jurídicos significativos. El primero es la protección de derechos fundamentales. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA), la delegación de funciones de autoridad en actores privados requiere mecanismos robustos de supervisión y rendición de cuentas.

La experiencia en países donde la seguridad privada tiene atribuciones ampliadas muestra resultados mixtos. Reino Unido implementó en 2001 la Security Industry Authority (SIA), organismo regulador independiente que establece estándares obligatorios, realiza inspecciones y puede retirar licencias. Este modelo ha mejorado la profesionalidad del sector, aunque persisten críticas sobre precariedad laboral y control efectivo.

El segundo desafío es la heterogeneidad regulatoria. Según un estudio comparativo del Parlamento Europeo de 2023, las legislaciones nacionales sobre seguridad privada presentan diferencias sustanciales en requisitos de formación, facultades permitidas, sistemas de licenciamiento y marcos sancionadores. Esta fragmentación dificulta la operatividad transfronteriza y la transferibilidad de certificaciones.

El tercer riesgo es la calidad del servicio. La presión competitiva en licitaciones públicas puede generar una "carrera hacia el fondo" con reducción de costes a expensas de condiciones laborales y estándares de seguridad. Según datos de la Federación de Servicios de UGT en España, el sector presenta tasas de rotación superiores al 20% anual, lo que dificulta la retención de talento y la profesionalización sostenida.

Marco de salvaguardas necesarias

Desde una perspectiva técnica, la integración de la seguridad privada en funciones de defensa interior requeriría establecer sistemas obligatorios de certificación ISO 9001 para empresas del sector, implementar auditorías externas independientes periódicas por organismos acreditados, crear sistemas de trazabilidad de incidentes y mecanismos de reclamación accesibles, definir criterios de adjudicación de contratos públicos que prioricen calidad sobre precio, y establecer umbrales salariales mínimos que garanticen condiciones laborales dignas.

La supervisión debería ejercerse a través de autoridades nacionales competentes coordinadas por una agencia europea especializada, con capacidad sancionadora efectiva que incluya desde multas económicas hasta retirada de licencias de actividad.

Valoración técnica

El modelo actual de seguridad en Europa enfrenta limitaciones estructurales evidentes. Las amenazas han evolucionado hacia formas más complejas, transnacionales e híbridas, mientras que los recursos públicos disponibles no crecen al mismo ritmo.

La seguridad privada representa un recurso existente, profesionalizado y tecnológicamente avanzado que puede contribuir significativamente si se integra bajo marcos regulatorios adecuados. La clave no es privatizar funciones esenciales del Estado, sino redefinir responsabilidades: las fuerzas de seguridad concentrándose en funciones que requieren poder coercitivo estatal (investigación criminal, orden público, respuesta ante emergencias), y la seguridad privada asumiendo funciones de prevención, vigilancia pasiva y protección de infraestructuras específicas.

Conclusión profesional

La propuesta europea de integrar la seguridad privada en la defensa interior no es una medida excepcional, sino la formalización de una realidad operativa ya existente en aeropuertos, puertos, fronteras y infraestructuras críticas. El desafío consiste en construir un marco regulatorio armonizado que garantice profesionalidad, respeto a derechos fundamentales y coordinación efectiva.

Como profesionales del sector, nuestra responsabilidad es contribuir con análisis riguroso basado en evidencia empírica y mejores prácticas internacionales. La seguridad es demasiado importante para dejarse al azar o a improvisaciones, y requiere aproximaciones técnicas, regulación inteligente y supervisión robusta. El debate no debería centrarse en si esta evolución es necesaria, sino en cómo implementarla con los máximos estándares de excelencia y transparencia.

Jose Antonio Carbonell Buzzian