En España llevamos años preguntándonos la razón por la que no hay vivienda disponible en alquiler y el por qué los precios no dejan de subir, y sin embargo, seguimos debatiendo el “síntoma del precio” sin atrevernos a hablar con claridad de la causa principal : la oferta está cayendo.
Hay cada vez menos viviendas disponibles porque cada vez es menos atractivo, más inseguro y más incierto poner una vivienda en alquiler. El resultado es evidente cuando la oferta baja y la demanda sube, es decir, los precios se disparan..
¡Y esto no es ideología, es economía básica! La situación ha llegado a un punto tan extremo que incluso trabajadores con sueldos normales (no salarios mínimos) ya no pueden permitirse vivir en las grandes capitales.
Hace años que en las grandes capitales se están rechazando ofertas laborales simplemente porque no existe la posibilidad real de pagar una vivienda ni siquiera una habitación. Es más, funcionarios que llevaban años solicitando un traslado a la capital, ahora rechazan esas plazas porque no pueden asumir el coste de vida.
En muchas ciudades pequeñas se vive con mucho menos porque la vivienda es más barata, los productos de proximidad reducen el gasto, y el transporte no devora el salario. Pero mudarse a una gran capital supone enfrentarse a precios disparados, especialmente en el alquiler, que ya absorbe entre el 60% y el 70% de los ingresos.
A esto se suma un encarecimiento brutal de la alimentación, la energía y los impuestos, mientras el Gobierno presume de un crecimiento del PIB y de una recaudación fiscal récord que no reflejan la realidad cotidiana.
El problema no para de crecer porque están venciendo los contratos firmados durante “aquella falsa pandemia” cuando los precios eran mucho más bajos : al renovarse pueden actualizarse libremente, lo que dispara las rentas y expulsa a miles de inquilinos del mercado.
En paralelo aparece un dato que debería preocupar a cualquiera que haya gestionado mínimamente una política de vivienda, y no es otro que los fondos de inversión inmobiliaria están abandonando España.
Me explico : fondos que operan en el mercado residencial afirman que sólo se renovará alrededor del 30% de los contratos que vencen porque perciben que la bomba reguladora de los precios ya está estallando, y el resto emigra hacia el alquiler por habitaciones o directamente se retira del mercado.
A ver, si incluso los grandes inversores con capacidad financiera y equipos jurídicos ven demasiado riesgo... ¿qué puede esperar un propietario medio? La consecuencia directa es menos oferta y alquileres aún más caros.
Todo ello está produciendo imágenes que creíamos parte de la posguerra : familias enteras viviendo en una sola habitación, personas trabajadoras que sostienen sectores esenciales durmiendo hacinadas porque no pueden pagar una vivienda completa.
El deterioro del bienestar psicológico, la estabilidad familiar y la cohesión social es evidente. Y ante esta situación... ¿qué hace el Gobierno? Anuncia un seguro público para propietarios que alquilen a menores de 35 años o familias vulnerables, es decir, es un sistema con el que el Estado pagaría impagos, daños y suministros.
Pero la realidad es la siguiente : la medida se presenta como una solución, pero la verdad es que es un gesto claramente propagandístico que sólo traslada el riesgo al contribuyente, no aumenta la oferta y no aborda la raíz del problema.
Sí..., es el ejemplo perfecto de política diseñada para titulares y no para resultados reales. Mientras tanto ignoramos el verdadero elefante en la habitación, la inseguridad jurídica. La percepción y a menudo la experiencia de que un impago se convierte en un proceso interminable es la pura verdad : un okupa o un moroso puede tardar meses en ser desalojado, y eso es porque muchos prefieren dejar la vivienda vacía antes que enfrentarse a un proceso judicial lento y caro.
