La reforma laboral impulsada por Javier Milei se presentó como un plan para “modernizar” las relaciones de trabajo, reducir costos y crear empleo formal.

En la práctica, lo que dibuja es otro paisaje: caída del empleo registrado, avance de la informalidad, abaratamiento del despido y un desfinanciamiento silencioso del sistema de seguridad social que compromete las jubilaciones futuras.

Lejos de ampliar derechos, la reforma consolida un modelo en el que los riesgos los asume casi por completo el trabajador, tanto en su vida activa como en su vejez.Un mercado laboral que se precariza por abajo.

En estos primeros tramos de aplicación, la foto del empleo argentino es elocuente: se destruyen decenas de miles de puestos asalariados privados registrados mientras crecen las ocupaciones informales, de baja calidad y sin aportes.

El desempleo abierto se mantiene en torno a cifras similares a las previas, pero no porque se creen empleos formales estables, sino porque una parte creciente de la población se refugia en changas, cuentapropismo de supervivencia o plataformas de reparto.

El resultado es un mercado laboral más fragmentado: menos empresas y menos contratos en blanco, más trabajadores que “se inventan” un ingreso en la economía sumergida.

Abaratar el despido: cuando ser echado deja de ser excepcional.

Uno de los pilares de la reforma es el abaratamiento del despido.

Al recortarse conceptos tenidos en cuenta para calcular la indemnización y promoverse fondos o seguros de cese que financian parte de ese costo, echar personal se vuelve mucho menos oneroso para el empleador.

Esto erosiona el carácter disuasorio que tenía la indemnización tradicional y convierte el despido en una herramienta barata de ajuste, especialmente en contextos recesivos.

Para el trabajador, la pérdida es doble: cobra menos cuando lo echan y pierde poder de negociación en su puesto, porque la amenaza de despido deja de ser un “último recurso” para transformarse en una decisión empresarial de bajo costo.

La extensión de los períodos de prueba, que en algunos casos pueden acercarse al año, agrava esta lógica.

Se amplía el tiempo en el que el trabajador vive en una especie de limbo, con baja protección frente al despido y con la sensación de que cualquier queja –por salario, condiciones de seguridad o jornadas excesivas– puede terminar en la calle.

No sólo se precariza el vínculo laboral; se instala un clima de miedo que inhibe la organización y la defensa de derechos dentro de los lugares de trabajo.

Sindicatos acotados, negociación colectiva más débil.La reforma también recorta la capacidad de acción sindical.

Se restringen o penalizan formas clásicas de conflicto –como bloqueos de establecimientos–, se limitan horas sindicales y se fijan condiciones más rígidas para asambleas y medidas de fuerza.

A la vez, se promueven figuras “independientes” o de colaboración que fragmentan las plantillas y debilitan la representación gremial.

En un país donde el derecho laboral se construyó históricamente sobre el principio protector y la centralidad de la negociación colectiva, estos cambios desarman el equilibrio de fuerzas: el empleador gana margen para despedir, tercerizar y precarizar, mientras los sindicatos pierden herramientas efectivas para defender convenios, salarios y condiciones de trabajo.

La consecuencia probable no es “paz social”, sino más conflicto disperso, individual y silencioso: trabajadores que renuncian, aceptan rebajas o soportan abusos por temor a un despido barato.

Aportes y jubilaciones: la reforma que se come el futuro.El capítulo más silencioso, y quizá más grave, es el impacto sobre el sistema de seguridad social.

Parte de las cargas patronales que hoy financian jubilaciones y prestaciones se redirige hacia fondos orientados a abaratar el costo del despido.

Cada punto de aporte que deja de ir al sistema previsional para ir a un fondo privado o semi-privado equivale a menos recursos para pagar jubilaciones presentes y futuras.

A esto se suma la trayectoria laboral que induce la propia reforma.

Más despidos baratos y más precariedad implican carreras contributivas intermitentes: períodos en blanco alternados con etapas en negro, monotributo de subsistencia o directamente desempleo sin cotizar.

Un trabajador que pasa por varios despidos y largas temporadas en la informalidad llegará a la edad de retiro con lagunas en su historial de aportes, menos años computados y salarios de referencia más bajos.

El resultado es previsible: jubilaciones reducidas, mayor dependencia de mínimas asistenciales y vejeces más desiguales.

En lugar de reforzar el vínculo entre trabajo formal y jubilación digna, la reforma corta ese hilo por los dos extremos.

Por arriba, desfinancia el sistema previsional en nombre de “bajar el costo laboral”; por abajo, promueve un mercado de trabajo en el que cada vez menos personas pueden sostener décadas de aportes completos y salarios decentes.

Un modelo de país: quién gana y quién pierde vista en conjunto, la reforma laboral de Milei no es una suma dispersa de ajustes técnicos, sino un programa coherente de redistribución de poder e ingresos.

Del lado de los ganadores se ubican las empresas que obtienen más flexibilidad para contratar y despedir, menos cargas sobre la nómina, mayores márgenes para fragmentar plantillas y menos presión sindical.

Del lado de los perdedores está la mayoría de los trabajadores: pierden estabilidad, pierden indemnización, pierden capacidad de negociación y, a la larga, perderán parte de su jubilación.

El discurso oficial promete que, algún día, la competitividad derivada de estos sacrificios se traducirá en más inversión, mejores empleos y un boom económico que “derrame” hacia abajo.

Mientras tanto, el costo es inmediato y concreto: vidas laborales más inestables, proyectos vitales postergados y un futuro previsional cada vez más incierto.

La pregunta política y social de fondo es cuántos años puede sostenerse un país que convierte el trabajo y la jubilación en apuestas precarias, mientras exige a quienes viven de su salario que renuncien, una y otra vez, a derechos que costaron décadas conquistar.

Jose Antonio Carbonell Buzzian