España atraviesa un momento decisivo, no por falta de recursos, ni por ausencia de talento, sino por una evidente distorsión de prioridades. Se recauda más que nunca, se legisla más que nunca, pero la sensación de abandono crece en amplias capas de la sociedad. Ha llegado el momento de hablar con claridad, un país no se mide por sus cifras macroeconómicas, sino por la dignidad real con la que viven sus ciudadanos.
La agricultura, la ganadería y la pesca sostienen nuestra alimentación y forman parte de nuestra identidad productiva. Sin embargo, estos sectores soportan exigencias, normativas estrictas, costes crecientes y una competencia exterior que no siempre cumple las mismas reglas. No tiene sentido imponer estándares medioambientales, laborales y sanitarios rigurosos a nuestros productores mientras se permite la entrada de productos procedentes de países donde esas condiciones no existen. Si Europa fija normas, deben aplicarse por igual a todos. De lo contrario, estamos condenando a nuestros propios trabajadores a una competencia desleal que los empuja al cierre y al abandono.
Al mismo tiempo, resulta imposible hablar de justicia social cuando salarios y pensiones no están ajustados al coste real de la vida. La inflación no es una estadística abstracta, es la compra diaria, la factura energética, el alquiler que no deja de subir. Miles de trabajadores y jubilados viven haciendo cuentas a final de mes para cubrir lo esencial. El esfuerzo de toda una vida no puede traducirse en precariedad permanente. La dignidad económica no es un lujo, es una condición básica para la estabilidad social.
La vivienda constituye otra herida abierta. En la actualidad se necesitan más de 600.000 viviendas de protección oficial. Durante décadas se ha priorizado la construcción libre y la especulación, dejando de lado el derecho efectivo a una vivienda digna. Desde 1978, este problema se ha ido posponiendo hasta convertirse en una crisis estructural. Jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan más de la mitad de sus ingresos al alquiler, personas mayores que sostienen a varias generaciones bajo el mismo techo. La vivienda no puede seguir siendo únicamente un negocio, debe volver a ser un derecho garantizado.
Ante todo ello, surge una pregunta inevitable, ¿dónde va el dinero público? La recaudación fiscal es elevada, pero la sanidad pública continúa colapsada. Las listas de espera se prolongan durante meses, faltan profesionales y los recursos son insuficientes. No se trata de cuestionar a quienes trabajan en el sistema, sino de reconocer que necesitan más medios y mejor planificación.
En educación, las carencias también son evidentes, aulas masificadas, falta de apoyo especializado y una sobrecarga que termina afectando a la calidad formativa. En dependencia, la situación es aún más preocupante. Las ayudas se demoran, las familias asumen responsabilidades que deberían estar respaldadas por el Estado. Y las residencias de mayores carecen en muchos casos de personal suficiente y especializado. Deberían estar plenamente medicalizadas y dotadas de recursos humanos acordes a las necesidades reales. Las personas con discapacidad requieren apoyos constantes en todos los niveles, no soluciones parciales. Y quienes padecen enfermedades mentales necesitan centros adecuados y terapias dignas, no entornos que recuerdan más al aislamiento que al cuidado.
La política tampoco puede quedar al margen de esta reflexión. Los cargos públicos deberían vivir exclusivamente de su sueldo, sin privilegios añadidos ni puertas giratorias que aseguren posiciones ventajosas al finalizar su mandato. La representación no puede convertirse en una carrera blindada ni en un puente hacia intereses privados. Se necesita más transparencia, menos corrupción y mayor rendición de cuentas. Si un responsable público no cumple con su función, debe asumir las consecuencias como cualquier trabajador.
La justicia, por su parte, no puede seguir siendo lenta e ineficaz, para algunos casos. Los procesos judiciales deben agilizarse para evitar que la demora se convierta en impunidad. Quien robó debe devolver lo robado y afrontar las penas correspondientes. La igualdad ante la ley no puede ser un principio teórico mientras la percepción social apunta a privilegios y diferencias en la aplicación de las normas. El tráfico de influencias erosiona la confianza ciudadana y debilita la democracia.
También es necesario afrontar con seriedad el desafío del cambio climático, negarlo no lo hace desaparecer. Sus efectos son visibles y afectan tanto al medio ambiente como a la economía. La transición ecológica debe ser firme, pero también justa, protegiendo a los sectores productivos y ofreciendo alternativas reales.
En el ámbito sanitario y científico, la investigación contra el cáncer y las enfermedades raras requiere una apuesta decidida. No basta con avances puntuales, se necesita inversión sostenida y una estrategia que priorice la salud pública. La ciencia debe estar al servicio de las personas, garantizando acceso equitativo a los tratamientos y evitando que el interés económico condicione en exceso las decisiones fundamentales.
Por encima de todo, subyace una cuestión ética. Hemos normalizado la desigualdad, la confrontación constante y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Sin embargo, una sociedad se define por cómo trata a quienes más lo necesitan, mayores, dependientes, personas con discapacidad, enfermos crónicos. Si ellos no ocupan el centro de las políticas públicas, algo esencial está fallando.
Solo tenemos una vida, no debería ser una lucha continua por sobrevivir, sino una oportunidad para vivir con estabilidad y respeto. España y Europa disponen de recursos, experiencia y capacidad para construir un modelo más justo. Lo que falta no es dinero, sino voluntad firme de orientar las prioridades hacia el bienestar real de la ciudadanía.
La dignidad no puede seguir aplazándose. Si no se corrigen los desequilibrios actuales, el malestar social seguirá creciendo. Aún estamos a tiempo de exigir coherencia, justicia y humanidad. No se trata de pedir lo imposible, sino de reclamar lo básico, que el progreso se traduzca en bienestar tangible para todos y no en privilegios para unos pocos.
CONCHI BASILIO
