El acuerdo UE-Mercosur abre el grifo del comercio industrial y minero mientras el campo contiene el aliento: 45.000 millones en compensaciones, aranceles cero para coches y una oportunidad de 22 billones que exige rearmar al sector primario.

La firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, cerrada el pasado 17 de enero de 2026 tras 25 años de negociaciones, no es un tratado más. Es la creación de la zona de libre comercio más grande del planeta, con 720 millones de consumidores y cerca del 25% del PIB mundial . Sin embargo, su llegada viene escoltada por tractores, cortes de carreteras y un miedo profundo en el campo español y europeo que no es ni nuevo ni infundado.

La fotografía fija de este acuerdo muestra un evidente desequilibrio en el corto plazo: mientras la industria automovilística, química, farmacéutica y de bienes de equipo reciben una autopista de peaje cero hacia Sudamérica, sectores como la ganadería de vacuno, avicultura, arroz, azúcar y miel se asoman a un precipicio de competencia asimétrica . Sin embargo, sostener que el pacto es únicamente una amenaza para el campo sería ignorar tanto la letra pequeña de las compensaciones como las oportunidades multimillonarias que emergen en otros sectores y, paradójicamente, dentro del propio agro si se reformula su modelo de negocio.

Lo que gana la industria en un primer momento lo pagaría el campo mientras se reordena.

El principal beneficiario neto del acuerdo, en términos de ahorro directo, es el exportador europeo de manufacturas. La eliminación de aranceles en Mercosur, que actualmente gravan los vehículos hasta con un 35% y la maquinaria con tipos similares, supondrá un ahorro estimado en 4.600 millones de dólares anuales para las empresas de la UE . Este no es un beneficio teórico: es liquidez que retorna a las cuentas de resultados de sectores con alta implantación en España, como el automóvil, los componentes industriales y la farmacia.

Los modelos económicos aplicados por la Secretaría de Estado de Comercio estiman que, cuando el acuerdo esté completamente desplegado (en un horizonte de 16 años), **las exportaciones españolas a Mercosur crecerán un 37%**, lo que se traducirá en un aumento del 0,23% del PIB y la creación de **más de 22.000 empleos** netos . Es decir, el acuerdo tiene un retorno macroeconómico positivo y cuantificable.

Pero el verdadero tesoro estratégico, y quizás el menos publicitado, no está en los coches ni en la maquinaria. Está en el subsuelo sudamericano. La UE ha firmado este acuerdo con la mirada puesta en la autonomía estratégica respecto a China. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia concentran reservas críticas de **litio, grafito, níquel y niobio**, minerales imprescindibles para la transición verde y las baterías europeas . El acuerdo elimina trabas a la exportación de estos minerales y blinda su suministro, reduciendo la dependencia del gigante asiático. Este capítulo, el de la seguridad de materias primas, tiene un valor geopolítico que no aparece en las balanzas arancelarias pero que es vital para la reindustrialización europea.

Aquí es donde el discurso dominante —el tratado como puñalada trapera al campo— encuentra sus matices. La Comisión Europea no ha ignorado el coste; lo ha cuantificado y ha puesto remedios sin precedentes.

El primer gran mecanismo es financiero. Para desbloquear el veto de Italia y calmar a las organizaciones agrarias, Bruselas ha comprometido el adelanto de 45.000 millones de euros de la Política Agraria Común (PAC) previstos para 2028 . Este dinero no es una ayuda; es un seguro de rentas para que las explotaciones más vulnerables resistan el primer envite de la apertura comercial mientras se reestructuran.

El segundo es regulatorio y técnicamente muy potente. Las salvaguardas aprobadas por la Eurocámara el pasado 10 de febrero establecen que **si las importaciones de productos sensibles (vaca, pollo, azúcar, cítricos, miel, etanol) aumentan o sus precios caen un 5% en un periodo de tres años, se activan aranceles automáticos** . El umbral inicial era del 10%; la presión del campo lo ha reducido a la mitad. Además, los plazos de respuesta se han comprimido: la Comisión puede actuar en solo 21 días. Esto no es un cortafuegos teórico, es una barrera real que blinda aproximadamente el 98,5% de la producción europea de vacuno (la cuota solo afecta al 1,5% restante) .

El problema, denunciado por los agricultores en las tractoradas del 10 de febrero en Madrid, no es tanto el mecanismo como la desigualdad estructural de partida: el productor español tiene prohibido usar glifosato y otros fitosanitarios que en Mercosur son legales, lo que genera una diferencia de coste imposible de empatar . Las salvaguardas protegen del volumen, pero no del diferencial de coste regulatorio.

La alternativa para el campo no es vender kilos sino vender certificaciones.

Si el sector primario no puede competir en precio con la escala pampeana, debe hacerlo en valor. Y ahí el acuerdo abre puertas que el sector, en su legítimo enfado, tiende a minusvalorar.

La Comisión Europea estima que las exportaciones agroalimentarias de la UE a Mercosur **aumentarán un 50% en el medio plazo**, pero no en commodities, sino en productos de indicación geográfica y alto valor añadido . Quesos, vinos, aceites, embutidos y lácteos premium tienen ahora un mercado de 270 millones de consumidores sudamericanos de clase media-alta dispuestos a pagar por la certificación europea. Por primera vez, denominaciones de origen como el queso Manchego, el jamón de Huelva o los vinos de Rioja estarán legalmente protegidas en Brasil y Argentina contra imitaciones.

La alternativa para el campo no pasa, por tanto, por exigir la autarquía (inviable políticamente), sino por "acelerar la transición hacia producciones desacopladas del precio global de la tonelada".

Esto implica:

1. Compensaciones vinculadas a reestructuración: Los 45.000 millones no deben ser un mero subsidio, sino un fondo para reducir costes fijos (energía, digitalización, concentración de oferta) y mejorar la capacidad de negociación frente a la distribución.

2. Prima por estándares: Exigir que los acuerdos comerciales incluyan cláusulas espejo. Si un producto no cumple las normas europeas de pesticidas, no debe entrar, y punto. Esa es la verdadera salvaguarda pendiente.

3. Desarrollo de la ley de la cadena alimentaria: Como denuncian los propios agricultores, el problema no es solo Mercosur, sino que en España la industria y la distribución se quedan con el margen . Prohibir la venta a pérdidas y hacer cumplir la ley es tan o más urgente que frenar el acuerdo.

La UE no puede pretender ser la primera potencia agroalimentaria del mundo y, a la vez, cerrarse a competir. La historia demuestra, como recuerda un editorial de *Cinco Días*, que la entrada de España en las Comunidades Europeas generó idénticos miedos y, 40 años después, la renta per cápita se ha doblado y el agro es más fuerte .

El acuerdo UE-Mercosur no es una sentencia de muerte para el campo, pero sí una exigencia de transformación. Mientras la industria automovilística y la farmacéutica celebran el ahorro de 4.600 millones y el Gobierno presume de 22.000 empleos industriales, el sector primario necesita algo más que tractores en la calle: necesita que los 45.000 millones de la PAC se inviertan en modernización, que las cláusulas espejo sean reales y que la cadena alimentaria deje de ser un pozo sin fondo de márgenes abusivos. Sin eso, el acuerdo será rentable en las cuentas nacionales, pero insoportable en las cunetas.