Desde 1967 hasta hoy, el Plan Hidrológico Nacional ha sido una idea recurrente en España: la convicción de que el agua, por su importancia estratégica, no puede gestionarse desde compartimentos estancos ni al ritmo de los calendarios electorales. En 1967 se redactó el primer anteproyecto técnico, con una visión estructural basada en grandes infraestructuras y redistribución de recursos entre cuencas. No llegó a aprobarse. En 1979, ya en la Transición, se presentó un nuevo anteproyecto más ambicioso, pero la Constitución de 1978 y el nacimiento del Estado autonómico alteraron el marco competencial y aquel plan quedó archivado.
El primer Plan Hidrológico Nacional aprobado como ley fue el de 1993, con un enfoque de coordinación entre cuencas. El segundo, en 2001, fue el más conocido y controvertido, al incorporar el trasvase del Ebro como eje vertebrador. En 2004 se derogó esa pieza central y la política hidráulica giró hacia la desalación y la planificación por demarcaciones, reforzada por la normativa europea. Desde entonces, no ha existido un nuevo PHN integral como ley independiente, sino revisiones periódicas de los planes de cada demarcación hidrográfica.
Hoy el debate reaparece con una idea clara: España necesita un nuevo Plan Hidrológico Nacional que garantice el agua para todos los españoles y que sea una herramienta real de desarrollo rural y cohesión territorial. El agua es un bien común y debe gestionarse con visión de Estado.
Ir más allá de las demarcaciones actuales no significa suprimir las confederaciones hidrográficas ni ignorar el marco jurídico europeo, sino añadir una estrategia nacional que coordine el conjunto del sistema. Eso exige un Balance Nacional del Agua transparente, que identifique recursos, demandas y déficits estructurales; reglas homogéneas para todo el país en situaciones de sequía; criterios claros para posibles transferencias entre cuencas cuando sean técnica y ambientalmente viables; y un programa plurianual de infraestructuras con financiación garantizada.
La viabilidad del nuevo Plan dependerá del encaje jurídico, del consenso institucional y, sobre todo, del compromiso presupuestario. Sin dotación económica suficiente, cualquier plan será papel mojado.
Pero hay algo más que debe quedar claro: las cuencas hidrográficas deben gestionarse con criterios técnicos, hidrológicos y científicos, no con cálculos políticos ni fronteras emocionales. El agua no entiende de ideologías ni de colores partidistas. Si España ha sido capaz de desplegar una red de alta velocidad ferroviaria que conecta prácticamente todas las provincias, demostrando que cuando existe voluntad política y financiación adecuada los proyectos estratégicos se convierten en realidad, también puede articular una red hidráulica moderna, solidaria y eficaz. Los trasvases, las interconexiones y las infraestructuras necesarias no deben ser tabúes, sino herramientas técnicas al servicio del interés general.
Dotado adecuadamente, planificado con rigor y ejecutado con transparencia, un nuevo Plan Hidrológico Nacional puede convertirse en el gran proyecto de cohesión del siglo XXI. No será fácil, porque exige superar inercias y recelos históricos, pero tampoco es imposible. España ya ha demostrado que sabe afrontar grandes retos colectivos cuando actúa con visión de futuro. Con ambición, responsabilidad y esperanza, el agua puede dejar de ser motivo de enfrentamiento para convertirse en motor de equilibrio, prosperidad y desarrollo rural.
Desde Vox, la propuesta es clara: iniciar el desarrollo de un verdadero Plan Hidrológico Nacional que vertebre toda el agua del territorio nacional, sin complejos y con determinación, pensando únicamente en el beneficio de todos los españoles y en la supervivencia de nuestro medio rural. Porque lo cierto es que, tras décadas de promesas incumplidas, ni PP ni PSOE han sido capaces de culminar un proyecto nacional del agua a la altura de las necesidades de España. Es momento de asumir esa responsabilidad con ambición y decisión.
José García Martínez
