La meritocracia no es una utopía de derechas ni un eslogan de consultora. Es la única forma justa de organizar una sociedad que no quiera condenar a sus hijos al destino de sus padres

Imagina un país donde tu éxito dependa de tu esfuerzo, no del apellido. Donde abrir una empresa no requiera doce meses de papeleo y tres funcionarios de por medio. Donde un joven de Vallecas tenga las mismas oportunidades que uno de Salamanca. Suena a obviedad, pero en España sigue siendo ciencia ficción.

Llevamos tres décadas estancados porque hemos confundido la protección con el paternalismo, y la igualdad de oportunidades con la igualdad de resultados forzada. No pedimos menos Estado, pedimos un Estado inteligente. Uno que regule lo necesario y gestione lo imprescindible. Uno que deje de asfixiar al ciudadano con burocracia y empiece a empoderarlo con educación, infraestructuras y un sistema judicial que funcione.

El mito del Estado protector

El problema no es que España gaste mucho. Es que gasta mal. Mantenemos un aparato administrativo gigantesco que no protege a los vulnerables, pero sí entorpece a los emprendedores. Subvencionamos lo obsoleto en lugar de invertir en lo emergente. Creamos empleo público para disimular el fracaso del empleo privado.

El resultado es una trampa de mediocridad: los mejores se van, los peores se quedan, y el talento medio sobrevive a duras penas. España es el país de la UE donde más cuesta abrir una empresa, donde más tarda un juez en resolver un caso, donde más difícil es ascender socialmente si naces en el quintil más bajo. Esto no es socialdemocracia. Esto es bloqueo estructural disfrazado de solidaridad.

La meritocracia como revolución silenciosa

La meritocracia tiene mala prensa. La asocian con el neoliberalismo salvaje, con la desigualdad justificada, con el "cada uno a lo suyo". Pero la verdadera meritocracia es lo opuesto: es el sistema más justo porque es el más transparente.

No significa que todos partan de la misma línea. Significa que la línea de salida no determine la de meta. Significa que un niño de familia obrera con capacidad para ser ingeniero no termine de camarero porque el sistema educativo falló en detectarlo. Significa que una empresaria con una buena idea no cierre por culpa de una licencia municipal que tarda años en llegar.

En España, sin embargo, seguimos premiando la pertenencia sobre el talento. Los hijos de padres con estudios tienen tres veces más probabilidades de llegar a la universidad. Los contratos públicos se adjudican por cercanía política. Los ascensos en la administración dependen más de la antigüedad que del rendimiento. Esto no es justicia social. Es nepotismo institucionalizado.

Libertad con responsabilidad

Un Estado más liberal no es un Estado ausente. Es un Estado que confía en sus ciudadanos hasta que demuestran lo contrario. Que entiende que la libertad económica no es sinónimo de explotación, sino de oportunidad. Que sabe que la innovación nace del ensayo y error, no del permiso previo de un comité de expertos.

Propongamos tres ejes concretos: menos regulación excesiva, más inversión en I+D, y un sistema judicial independiente. No son medidas ideológicas. Son urgentes. Mientras España discute si el liberalismo es de derechas o de izquierdas, países como Portugal, Estonia o Chile han reformado sus sistemas educativos, simplificado sus administraciones y atraído talento global. Nosotros seguimos debatiendo si la concertada es el enemigo.

El coste de no cambiar

La alternativa al cambio no es la estabilidad. Es la fuga. Cada año, miles de jóvenes españoles altamente cualificados emigran. No se van por la crisis climática. Se van porque aquí sus estudios no valen, sus proyectos no encuentran financiación, y su esfuerzo no se reconoce. Estamos exportando nuestro capital humano más valioso y sustituyéndolo por temporalidad y precariedad.

Esto tiene un coste político. Cuando el sistema bloquea el ascensor social, la frustración no busca reformas. Busca venganza. El auge de los extremos no es casualidad. Es el síntoma de una sociedad que ha dejado de creer en el futuro.

La España posible

Un Estado con más libertad y más meritocracia no sería una selva. Sería un jardín donde crezcan los talentos, no los enchufes. Donde el esfuerzo se premie y la pereza no se subvencione. Donde la justicia social signifique igualdad de oportunidades reales, no igualdad de resultados forzada.

La pregunta no es si podemos permitirnos reformas profundas. Es si podemos permitirnos seguir sin hacerlas.

El poder no debería estar en manos de los partidos, ni de los jueces, ni de los funcionarios de turno. Debería estar en manos de quienes demuestran cada día que merecen tenerlo: los ciudadanos que trabajan, crean, innovan y pagan impuestos. Devolvérselo no es un acto de generosidad. Es una necesidad de supervivencia.

"El mérito no es una amenaza para la igualdad. Es su única garantía real."

Jose Antonio Carbonell Buzzian