Mientras en los despachos se habla de sostenibilidad, transición ecológica y reducción de fitosanitarios, en el campo murciano la realidad es mucho más cruda: los agricultores están perdiendo sus cosechas ante una plaga de pulgón que avanza sin control, sin que el Gobierno de España utilice las herramientas legales que tiene a su disposición para evitarlo.

Porque conviene recordarlo con claridad: la propia Unión Europea, a través del Reglamento 1107/2009, contempla en su artículo 53 la posibilidad de autorizar de forma excepcional productos fitosanitarios cuando existe un riesgo grave para los cultivos y no hay alternativas eficaces. Es decir, Bruselas no prohíbe sin más; también da soluciones cuando la situación lo requiere.

Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora en la Región de Murcia.

El pulgón está provocando daños cada vez más importantes en cultivos como la lechuga, afectando a la calidad, reduciendo producciones y poniendo en riesgo contratos comerciales. Los agricultores están viendo cómo sus explotaciones pierden rentabilidad mientras las herramientas disponibles no son suficientes para frenar la plaga en condiciones reales de campo.

Y aquí es donde aparece el problema de fondo: los agricultores saben perfectamente qué solución funciona.

El producto que ha demostrado una mayor eficacia en el control del pulgón en lechuga es Movento, cuya materia activa es el spirotetramat. Un insecticida sistémico, con movilidad ascendente y descendente dentro de la planta, capaz de actuar sobre colonias ocultas y frenar el desarrollo de la plaga de forma eficaz. No es una teoría, es una realidad contrastada durante años en campo.

Sin embargo, este producto no puede utilizarse actualmente de forma ordinaria al no haber sido renovada su autorización en la Unión Europea. Pero aquí está la clave: sí podría emplearse de manera excepcional mediante la aplicación del artículo 53.

Pero lo más preocupante no es solo la gravedad de la plaga, sino la gestión —o más bien la falta de ella— por parte del Ministerio de Agricultura.

Porque no estamos ante un vacío legal ni ante una prohibición absoluta. Existe un mecanismo claro que permite actuar. Sin embargo, ese mecanismo no se activa solo: requiere que el propio Ministerio impulse, justifique y presente el correspondiente requerimiento para su autorización.

Y aquí es donde surge una de las cuestiones más graves de esta situación: la sensación, cada vez más extendida en el sector, de que el Ministerio ha llegado tarde o directamente no ha tramitado con la diligencia necesaria esa solicitud para poder aplicar el artículo 53 en tiempo y forma, dejando a los agricultores sin acceso a una herramienta que saben que funciona.

Mientras tanto, otros países como Francia, Italia o Portugal sí han movido ficha, solicitando y aplicando estas autorizaciones excepcionales para proteger a sus agricultores. La diferencia no está en la ley, está en la voluntad y en la rapidez de actuación.

Y esa diferencia se traduce en una desigualdad evidente: agricultores murcianos compitiendo en inferioridad de condiciones frente a productores europeos que sí cuentan con herramientas eficaces cuando la situación lo exige.

Porque no se trata solo de una cuestión técnica, sino también económica. Cada hectárea afectada por el pulgón supone pérdidas directas, pérdida de calidad comercial y, en muchos casos, la imposibilidad de cumplir con los mercados. Y todo ello mientras existe una vía legal para evitarlo que, simplemente, no se está utilizando a tiempo.

El resultado es evidente: más costes, menos producción y una pérdida progresiva de competitividad que pone en riesgo uno de los pilares económicos de la Región de Murcia.

Lo más grave es que no estamos ante un problema sin solución. El mecanismo existe. La legislación lo permite. Pero requiere gestión, anticipación y compromiso.

La autorización excepcional del uso de spirotetramat, mediante productos como Movento, permitiría controlar la plaga de forma eficaz, estabilizar las producciones y dar un respiro a los agricultores en un momento crítico.

Para ello, es imprescindible que el Ministerio de Agricultura actúe con urgencia, en coordinación con la Comunidad Autónoma y las organizaciones agrarias, no solo solicitando estas autorizaciones, sino haciéndolo en tiempo y forma, anticipándose a los problemas y no reaccionando cuando el daño ya es irreversible.

Porque en el campo los plazos no son administrativos, son biológicos. Y cuando la Administración llega tarde, quien paga las consecuencias es siempre el agricultor.

El campo murciano no pide privilegios, pide responsabilidad. Pide que se utilicen las herramientas que la propia normativa europea permite. Pide que no se repita una vez más la historia de decisiones tardías que acaban costando millones en pérdidas.

Porque si algo está claro es que la sostenibilidad no puede construirse sobre la ruina del agricultor. Y mucho menos sobre la inacción o la falta de previsión de quienes tienen la obligación de actuar.

Hoy más que nunca, el Gobierno de España debe decidir si está del lado del campo… o de la ineficacia total.

José García Martinez.