España ha decidido dejar indefensos a sus agricultores. Mientras el pulgón arrasa explotaciones en la Región de Murcia, reduciendo cosechas, disparando costes y poniendo en jaque la viabilidad de miles de hectáreas, la Administración ha optado por no utilizar una herramienta legal que sí existe y que otros países europeos aplican sin complejos: el artículo 53. No estamos ante una plaga inevitable, ni ante un problema técnico sin solución. Estamos ante una decisión política que tiene consecuencias económicas directas y devastadoras.

Porque conviene decirlo claro: el pulgón no es el único enemigo del agricultor. Cuando existe un mecanismo legal que permite actuar con rapidez ante una emergencia fitosanitaria, y no se utiliza, el daño deja de ser natural para convertirse en responsabilidad administrativa. Francia, Italia o Portugal han autorizado soluciones eficaces para contener la plaga. España, sin embargo, ha preferido mirar hacia otro lado, dejando al sector con herramientas insuficientes y obligándolo a asumir pérdidas que en muchos casos superan el 40% de la producción.

Pero llegado este punto, el agricultor no puede quedarse en la queja. Tiene que pasar a la acción, y además con una estrategia clara, organizada y jurídicamente sólida.

El primer paso es documentar las pérdidas. Cada explotación debe cuantificar con precisión el daño sufrido: reducción de rendimiento, aumento de costes en tratamientos, pérdida de calidad comercial y cualquier merma económica directa. Sin esa base, no hay reclamación posible. Fotografías, informes técnicos, comparativas con campañas anteriores y certificaciones de cooperativas serán fundamentales.

El segundo paso es actuar de forma colectiva. Las reclamaciones individuales tienen poco recorrido; las colectivas, en cambio, generan presión real. Comunidades de regantes, cooperativas y organizaciones agrarias deben coordinarse para presentar reclamaciones conjuntas. No se trata solo de sumar expedientes, sino de construir un caso sólido que evidencie que el daño no es aislado, sino estructural.

El tercer paso es iniciar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado. La ley es clara: cuando el funcionamiento de la Administración provoca un daño económico evaluable y evitable, existe derecho a indemnización. Y aquí se dan todos los elementos. Existía una herramienta legal —el artículo 53—, existía una emergencia fitosanitaria, y aun así no se ha actuado. Esa inacción tiene consecuencias, y esas consecuencias deben ser compensadas.

Paralelamente, es imprescindible exigir la activación inmediata de medidas excepcionales. No basta con reclamar daños pasados; hay que evitar los futuros. El sector debe presionar, con datos en la mano, para que se autoricen de forma urgente las materias activas eficaces que ya se utilizan en otros países de la Unión Europea. El principio de igualdad no puede ser un eslogan vacío: no se puede competir en el mismo mercado con reglas distintas.

El siguiente paso es llevar el problema a Europa. Si España no actúa, el sector debe acudir a la Comisión Europea denunciando una situación de clara desventaja competitiva. No es admisible que un agricultor murciano tenga prohibido lo que a un italiano o francés se le permite. Eso no es política agraria común; eso es desigualdad institucionalizada.

Y mientras todo esto se articula, hay que exigir medidas urgentes de compensación: ayudas directas, beneficios fiscales y reconocimiento de la situación como crisis agraria. No solucionan el problema de fondo, pero son imprescindibles para evitar que muchas explotaciones no vuelvan a sembrar.

Lo que está ocurriendo en Murcia no es solo una crisis de pulgón. Es el reflejo de un modelo en el que se legisla de espaldas al campo, se restringen herramientas sin ofrecer alternativas reales y, cuando llega el problema, se deja al agricultor solo frente a las pérdidas. Y eso ya no es una cuestión técnica, es una cuestión de responsabilidad.

Porque aquí la pregunta no es si había solución. La había. La pregunta es por qué no se ha querido utilizar. Y a partir de ahí, la respuesta debe ser clara: organización, acción legal y presión institucional.

El campo no puede permitirse esperar. Y esta vez, tampoco debería perdonar.

Jose García Martinez.