El Gobierno reconoció el 5 de mayo de 2026 lo que llevaba cuatro años siendo evidente: la ley no bastaba si nadie comprobaba que se cumplía. La reforma de la LOPIVI crea un Plan Director de Formación para todos los profesionales que trabajan con menores y endurece los requisitos para acceder a esos puestos. En los centros de protección de la Región de Murcia, los Agentes de Convivencia Educativa siguen sin formación homologada, sin perfil regulado y sin que nadie lo controle. La nueva ley llegará. La pregunta es cuántos turnos de mañana, tarde, noche y fin de semana tienen que pasar antes de que la Consejería de Política Social actúe.
Por José Antonio Carbonell Buzzian
Auditor de Seguridad | Periodista de Investigación.
Hay momentos en que una ley dice en voz alta lo que todos sabían en voz baja. El 5 de mayo de 2026 fue uno de esos momentos. El Consejo de Ministros aprobó la ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia la LOPIVI reconociendo, con todas las letras, que cinco años de vigencia no habían sido suficientes para que el sistema funcionara como debía.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, lo dijo sin rodeos: "España tiene una deuda con parte de sus infancias." Una deuda que se mide, entre otras cosas, en fallos estructurales del sistema. En protocolos que existen en papel y no en la práctica. En figuras de protección nombradas sin formación. En canales de denuncia que nadie conoce.
Ese diagnóstico no es nuevo para quienes trabajamos en el sector. Lo que es nuevo es que ahora lo firma el Gobierno en un texto normativo.
Y lo que sigue sin cambiar, en la Región de Murcia, es lo más importante: la situación de los Agentes de Convivencia Educativa en los centros de protección de menores.
Qué dice la reforma y por qué importa en Murcia
La ampliación de la LOPIVI, aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros el 5 de mayo de 2026, refuerza la formación de todos los profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes a través de un Plan Director de Formación, mejora el acceso a la justicia con la creación de turnos de oficio especializados en violencia contra la infancia, y otorga a la Dirección General de Infancia capacidad de intervención directa ante casos de desprotección grave. (Boletín Oficial de la Región de Murcia)
Ese Plan Director de Formación es, en la práctica, el reconocimiento oficial de que la LOPIVI original que ya exigía formación especializada en su artículo 58 no se había aplicado con la intensidad necesaria. El Gobierno no crea algo nuevo. Constata que lo que ya era obligatorio no se había cumplido y añade un mecanismo específico para forzar ese cumplimiento.
La reforma también contempla el endurecimiento de los requisitos para acceder y mantenerse en profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con niños, niñas y adolescentes, siendo obligatorio no haber sufrido condena por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia. (Boletín Oficial de la Región de Murcia)
Para el ACE en Murcia, esto tiene una traducción directa: la reforma va a exigir exactamente lo que hoy no se exige ni se controla. La pregunta no es si la ley va a cambiar. La ley ya ha cambiado en primera vuelta. La pregunta es si la Consejería de Política Social de la Región de Murcia va a esperar a que la reforma esté publicada en el BOE para actuar, o va a adelantarse.
El reconocimiento que nadie debería celebrar
La reforma parte de una realidad incómoda que el propio texto reconoce: tener protocolos no significa que funcionen. Nombrar a una figura de protección sin formación específica no protege a nadie. Y disponer de canales de denuncia que nadie conoce, tampoco. Con esta reforma el foco se desplaza hacia algo más exigente: cómo se aplican realmente las obligaciones, porque la protección del menor no es formal, es operativa. (Audidat)
Eso es exactamente lo que ocurre con el ACE en los centros de protección de menores de Murcia. Una figura que trabaja en turno de mañana, de tarde, de noche y los fines de semana. Que está presente cuando el menor entra en crisis, cuando estalla un conflicto en el comedor, cuando un adolescente anuncia que se va a hacer daño. Y que lo hace, en demasiados casos, sin formación homologada, sin protocolo documentado y sin que ningún organismo autonómico haya verificado si está capacitado para ello.
Eso no es una hipótesis. Es la consecuencia lógica de un hecho verificable: la Consejería de Política Social de la Región de Murcia no ha aprobado, en cuatro años y once meses de LOPIVI, ningún decreto, orden ni circular que defina qué formación mínima necesita un ACE para trabajar en un centro de protección de esta comunidad.
Un dato que no admite retórica
Entre 2013 y el 31 de marzo de 2026 se han registrado 68 menores asesinados en España en casos vinculados a violencia de género: 34 niñas y 34 niños, con picos en 2015 y 2026, años en los que se contabilizaron nueve víctimas menores en cada uno
No todos esos menores estaban en centros de protección. Pero algunos sí.. Y los que estaban en centros tenían, en teoría, la protección del Estado. Tenían una plaza en un recurso de acogida. Tenían un equipo de profesionales a su alrededor. Y en muchos casos tenían un ACE de turno como único adulto presente en determinadas franjas horarias.
Los expertos advierten que escuchar a más niños no basta si no se refuerzan recursos humanos y materiales. Es necesario aumentar la plantilla de profesionales formados y extender protocolos que traduzcan la escucha en protección efectiva.
Traducido al contexto de los centros de protección murcianos: de nada sirve que la nueva ley garantice que los menores sean escuchados en los juzgados si el ACE que los acompaña cada día no sabe cómo actuar cuando ese menor desregula, huye o se autolesiona.
El Plan Director de Formación: una oportunidad que Murcia no puede desaprovechar
La reforma introduce un Plan Director de Formación para todos los profesionales que trabajan con menores. Es la primera vez que el Gobierno central establece un instrumento específico de ese tipo con rango normativo. Su desarrollo reglamentario está por llegar. Y cuando llegue, las comunidades autónomas van a tener que demostrar que sus centros cumplen.
La Consejería de Política Social de la Región de Murcia tiene ahora mismo una ventana de oportunidad que se cerrará cuando la reforma llegue al BOE. Puede adelantarse y aprobar la normativa autonómica que regule el perfil ACE, sus requisitos de formación y su sistema de verificación, antes de que la ley se lo imponga. Si lo hace, será un ejemplo de buena administración. Si no lo hace, cuando el Plan Director de Formación entre en vigor, Murcia partirá de cero con el reloj en contra y los menores de sus centros habrán esperado, como mínimo, cinco años más de lo que era necesario.
Como auditor de seguridad conozco bien esa lógica. Las organizaciones que esperan a que la normativa las obligue a actuar siempre pagan más: más tiempo, más recursos, más riesgo acumulado. Las que se adelantan a la norma construyen sistemas mejores y más sólidos. En protección de menores, el coste de esperar no se mide en euros. Se mide en turnos de ACE que pasan sin la formación que deberían tener.
