Cada año, unos 4.000 jóvenes salen en España de los centros de acogida al cumplir 18 años. Son el colectivo con mayor riesgo de pobreza y exclusión social del país, por encima de las mujeres, las personas con discapacidad o la población rural. Y sin embargo, hay soluciones probadas. Lo que falta es voluntad de aplicarlas.

Por José Antonio Carbonell Buzzian

Colaborador en artículos de opinión | Auditor de Seguridad | DPD

He trabajado durante años en centros de menores. He estado en los turnos de mañana, de tarde y de fin de semana cuando un joven recogía sus cosas, firmaba los últimos papeles y cruzaba la puerta con una mochila y, en demasiados casos, sin ningún sitio real adonde ir. No lo digo para dramatizar. Lo digo porque los datos que vienen a continuación no son estadísticas abstractas. Son personas con nombre y con una fecha de cumpleaños que, en España, funciona como una sentencia administrativa.

Escribo este artículo desde la convicción de que los problemas del sistema de protección post-tutelar tienen solución. No soluciones imaginarias ni costosas: soluciones concretas, ya aplicadas en otras comunidades y en otros países europeos, que pueden transferirse con voluntad política y recursos razonables. Mi objetivo no es señalar lo que falla. Es aportar lo que puede funcionar.

El dato que lo explica todo

El informe Condiciones de vida tras salir del Sistema de Protección en España, elaborado por Aldeas Infantiles SOS en 2025, concluye que la tasa AROPE de la población extutelada se situó en el 40,9 %, el dato más alto registrado en España desde que existen registros, que prácticamente duplica el riesgo encontrado para la población general, cuya tasa AROPE fue del 24,5 %. (Defensor del Pueblo)

Las personas extuteladas constituyen hoy el colectivo con mayor riesgo de pobreza y exclusión social en España, por encima de los menores, las mujeres, las personas con discapacidad o la población rural.

El mecanismo que lo explica es simple. Mientras la edad media de emancipación en España ronda los 30 años, los jóvenes extutelados deben hacerlo a los 18. A esa edad, muchos carecen de vivienda, ahorros o apoyo emocional. La mayoría sale del sistema sin una red estable que los respalde, lo que los deja expuestos a la precariedad laboral, la inestabilidad residencial y el aislamiento social. (BUC Ressources)

Los jóvenes trasladan que la salida del sistema se vive con miedo e inquietud, y con una presión constante por salir adelante sin apenas apoyos. (Onisep)

Y sin embargo, hay una cifra que merece subrayarse en positivo antes de cualquier propuesta: en el 59,1 % de los casos sí se ha conseguido romper la transmisión intergeneracional de la pobreza y alcanzar una situación normalizada sin riesgo de exclusión. (Defensor del Pueblo) Más de la mitad lo logra. La pregunta es qué diferencia a los que salen adelante de los que no. La respuesta, invariablemente, es el acompañamiento.

Lo que funciona cuando se aplica

Antes de las propuestas, conviene situar el estado actual. España tiene recursos post-tutelares. Algunas comunidades autónomas han desarrollado sistemas sólidos. Cataluña ofrece un Servicio de Acompañamiento Especializado a Jóvenes Tutelados y Extutelados que trabaja la transición como proceso continuo, combinando vivienda, formación, inserción laboral y acompañamiento emocional, con una prestación económica de hasta 778 euros mensuales hasta los 23 años para quienes han estado tutelados más de un año. (Apradis)

Entidades como Fundación Amigo han ampliado progresivamente sus recursos de emancipación en varias comunidades: pisos en Madrid, Alicante, País Vasco, Galicia y Cantabria, con plazas que combinan alojamiento con acompañamiento socioeducativo hasta la plena autonomía. (IRTS)

Aldeas Infantiles SOS acompañó en 2024 a 1.406 jóvenes a través de ocho Proyectos de Autonomía, ocho de Emancipación, ocho Servicios de Empleo y dos Talleres Profesionales, con el vínculo humano como valor diferencial del modelo. (Onisep)

Esos modelos existen. Funcionan. Y son transferibles.

Cinco propuestas concretas

Primera. Empezar a preparar la emancipación a los 16 años, no al final.

El error más frecuente del sistema es tratar la emancipación como un evento el día que se cumplen 18 en lugar de como un proceso. Los propios jóvenes que han pasado por el sistema coinciden en que la preparación de la salida debe iniciarse al menos dos años antes y que el acompañamiento debería mantenerse al menos hasta los 25 años.

La propuesta es sistematizar el Plan de Emancipación Individual desde los 16 años en todos los centros de acogida, con objetivos concretos, revisión trimestral y participación activa del joven en su diseño. No como trámite: como hoja de ruta vivida.

Segunda. Acompañamiento garantizado hasta los 25 años.

La encuesta FEPA 2024 alerta de que si no se acompaña al joven extutelado de forma individualizada y como mínimo hasta los 25 años, la emancipación forzada a los 18 puede transformarse en una situación de vulnerabilidad crónica. (Moving2Europe)

No se trata de mantener indefinidamente una plaza residencial. Se trata de mantener el vínculo: un referente adulto, acceso a orientación, seguimiento periódico. El coste de ese acompañamiento es mínimo comparado con el coste social de la exclusión que se produce cuando no existe.

Tercera. Incorporar al equipo educativo en el proceso de emancipación desde dentro.

Quienes trabajamos en centros de menores sabemos que el conocimiento más valioso sobre un joven no siempre está en el expediente. El educador que ha compartido con él los turnos de tarde, el ACE profesional de apoyo que ha estado presente en los momentos de crisis, conocen dimensiones de su autonomía cotidiana si sabe gestionar su dinero, si se organiza solo, si necesita que alguien le recuerde cada paso que ningún informe recoge.

La propuesta es sistematizar ese conocimiento: incorporar en el protocolo de los centros una ficha de autonomía cotidiana elaborada por el equipo de intervención directa, que alimente el Plan de Emancipación Individual y llegue al equipo técnico de forma estructurada. Hay información que solo se genera en el contacto diario. Merece entrar en el sistema.

Cuarta. Alianza con el tejido empresarial para contratos de emancipación.

El Observatorio Permanente de la Inmigración presentó en marzo de 2026 datos que revelan que el 69 % de los jóvenes migrantes extutelados de 18 a 23 años formaba parte del mercado laboral, con la hostelería, la construcción y los servicios administrativos concentrando el 54 % de los contratos.

Eso demuestra que estos jóvenes trabajan cuando tienen acceso real al empleo. La propuesta es crear una línea de incentivos bonificaciones en cotizaciones o subvenciones directas para empresas que contraten jóvenes extutelados con un compromiso mínimo de seis meses. Extremadura ya aplica un modelo similar con resultados documentados.. Es replicable en cualquier comunidad autónoma.

Quinta. Un protocolo nacional de seguimiento post-salida de doce meses.

Cuando un joven sale de un centro de protección, el expediente se cierra. Nadie verifica sistemáticamente a los tres, a los seis o al año si ese joven tiene techo, trabajo o si ha entrado en una espiral de exclusión. El estudio comparativo entre España y Portugal sobre buenas prácticas en la transición a la vida adulta identifica en Portugal una buena práctica que España no ha generalizado: la caracterización pormenorizada y el seguimiento continuo del perfil y situación de los jóvenes una vez que salen del sistema de protección. (ERTS)

La propuesta es establecer un protocolo de seguimiento de doce meses tras la salida, con un contacto mensual por parte de la entidad que gestionaba el centro o del servicio de protección autonómico. No para controlar: para detectar a tiempo si alguien necesita que se active de nuevo un recurso. Prevenir la exclusión cuesta infinitamente menos que revertirla.

La clave que los datos confirman

La pobreza se hereda, pero no es un destino inevitable. Se puede esquivar con apoyos adecuados. Cuando los jóvenes extutelados disponen de acompañamiento prolongado, acceso a vivienda, formación y empleo, no solo logran desarrollar sus propios proyectos de vida, sino también ofrecer a sus hijos e hijas entornos más estables y esperanzadores. (Onisep)

El sistema de protección a la infancia en España invierte años de trabajo, recursos y esfuerzo humano en acompañar a estos jóvenes hasta los 18 años. Ese trabajo tiene valor. Tiene frutos. Y se desperdicia en una proporción inaceptable cuando el sistema para exactamente en el momento en que más se necesita.

Las cinco propuestas que he expuesto aquí no requieren reinventar nada. Requieren aprender de lo que ya funciona, generalizarlo con base normativa sólida y financiarlo de forma estable. La reforma de la LOPIVI, aprobada en primera lectura el 5 de mayo de 2026, ofrece el marco para hacerlo. Lo que sigue dependiendo de la voluntad política y de la presión de la sociedad civil es que ese marco se convierta en práctica real.

La clave reside en transformar la vulnerabilidad inherente a la salida del sistema en una oportunidad. Como resume la voz de uno de los jóvenes participantes en el estudio de Aldeas Infantiles SOS: «Con apoyo, florecemos». (Defensor del Pueblo)

No se puede decir con más claridad.