Durante años se ha repetido hasta la saciedad que el Levante vive gracias al agua que llega del Trasvase Tajo-Segura. Se ha presentado esta infraestructura como una concesión generosa realizada por unas regiones a otras, como si los agricultores de Murcia, Alicante y Almería recibieran un recurso gratuito sufragado por el resto de los españoles.

Sin embargo, la realidad es bastante más compleja y merece una reflexión serena, especialmente ahora que el Gobierno prepara unas nuevas normas de explotación tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo.

La primera pregunta que deberíamos hacernos es sencilla: si los usuarios del Levante pagan cada año decenas de millones de euros por el agua trasvasada, ¿puede afirmarse que reciben el agua gratis?

La respuesta parece evidente. Los agricultores, comunidades de regantes y abastecimientos urbanos pagan las tarifas establecidas por ley para sufragar la explotación, mantenimiento, conservación y parte de la amortización de una de las mayores infraestructuras hidráulicas construidas en España. No estamos ante un regalo. Estamos ante un servicio público hidráulico cuyo uso tiene un coste y cuyos usuarios contribuyen económicamente a su sostenimiento.

Y esta cuestión cobra hoy más importancia que nunca. El Gobierno de España trabaja en unas nuevas normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura que deberán adaptarse a los caudales ecológicos fijados en el Plan Hidrológico del Tajo y respaldados por las recientes resoluciones judiciales. Aunque todavía no se conoce el texto definitivo, las propuestas conocidas apuntan a una reducción progresiva de los volúmenes traspasables a medida que entren plenamente en vigor los nuevos caudales ecológicos previstos para 2027.

La intención del Ministerio para la Transición Ecológica es aprobar estas nuevas reglas durante los próximos meses, una vez concluyan los informes técnicos y jurídicos necesarios. Sin embargo, esta situación plantea una pregunta tan lógica como incómoda: ¿es razonable reducir primero el agua disponible para el Levante sin haber garantizado previamente que las alternativas prometidas estén completamente operativas?

Porque durante años se ha asegurado a agricultores y regantes que los recortes del trasvase serían compensados mediante nuevas infraestructuras de desalación, mejoras en la reutilización de aguas y grandes inversiones hidráulicas. Sin embargo, muchas de esas actuaciones siguen pendientes, otras avanzan con retraso y algunas todavía están lejos de ofrecer la capacidad necesaria para sustituir plenamente los recursos que podrían perderse.

Resulta llamativo que en muchos debates se hable constantemente de lo que recibe el Levante, pero pocas veces se recuerde lo que aporta. Durante décadas, los regantes han financiado las tarifas del trasvase, han invertido miles de millones de euros en modernización de regadíos, han desarrollado sistemas de riego de máxima eficiencia y han convertido una de las zonas más áridas de Europa en una de las principales despensas agrícolas del continente.

La cuestión adquiere aún más relevancia cuando se plantean nuevos recortes en las transferencias de agua. Si el Estado considera que el trasvase debe reducirse por razones ambientales o por la aplicación de nuevos caudales ecológicos, surge otra pregunta inevitable: ¿qué ocurre con quienes han estado financiando durante décadas esta infraestructura?

Porque el problema no es únicamente la cantidad de agua que dejará de llegar. El problema es quién asumirá el coste de sustituir esos recursos por agua desalada, notablemente más cara y dependiente de elevados consumos energéticos. Si el agricultor debe pagar más por producir los mismos alimentos, alguien terminará soportando ese sobrecoste: el propio agricultor, el consumidor o el conjunto de la sociedad mediante subvenciones públicas.

Nadie discute la necesidad de proteger los ríos ni de garantizar un buen estado ecológico de las masas de agua. Lo que sí debe debatirse es si las decisiones que se adopten tendrán en cuenta también el impacto económico y social sobre cientos de miles de familias que dependen directa o indirectamente del regadío.

El Trasvase Tajo-Segura no es únicamente una obra hidráulica. Es una infraestructura estratégica que ha contribuido durante décadas al desarrollo económico, agrícola y social de buena parte del sureste español. Y precisamente por ello, cualquier modificación de sus reglas de explotación debería realizarse desde el equilibrio, la transparencia y el rigor técnico.

Porque la verdadera cuestión no es quién tiene razón en el conflicto territorial. La verdadera cuestión es si España quiere seguir apostando por una agricultura competitiva y productiva o si está dispuesta a asumir las consecuencias económicas y sociales de reducir progresivamente uno de los sistemas hidráulicos más importantes del país.

Y quizás haya llegado el momento de plantear una última reflexión. Si los usuarios del Levante llevan décadas pagando por utilizar el Trasvase Tajo-Segura, financiando su explotación y contribuyendo al sostenimiento de una infraestructura estratégica para España, ¿puede seguir sosteniéndose que reciben un privilegio? ¿O estamos ante un servicio hidráulico que sus usuarios han pagado, utilizan y ayudan a mantener desde hace más de cuarenta años?

La respuesta a esta pregunta probablemente explique mejor que ningún discurso por qué el futuro del Trasvase Tajo-Segura sigue siendo uno de los grandes debates nacionales sobre el agua.

José García Martinez