La nueva normativa de nitratos de la Región de Murcia ha abierto un debate que va mucho más allá de la protección del Mar Menor. Estamos ante una regulación que afecta a una parte muy importante del territorio agrícola regional, con alrededor de 285.000 hectáreas declaradas como zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, donde miles de agricultores deberán adaptarse a nuevas exigencias técnicas, administrativas y económicas.

Nadie puede negar la necesidad de proteger las aguas subterráneas y los ecosistemas naturales. La propia Unión Europea obliga a todos los Estados miembros a establecer medidas para reducir la contaminación por nitratos de origen agrario. Sin embargo, la gran pregunta que debemos hacernos es si la forma de aplicar estas medidas está siendo justa, proporcionada y compatible con la supervivencia del agricultor que trabaja cada día la tierra.

La nueva normativa exige a los agricultores una mayor planificación del abonado, límites en la aplicación del nitrógeno, análisis periódicos de suelo y agua, registros detallados de fertilización, cuadernos de explotación, conservación de documentación y el cumplimiento de una compleja burocracia administrativa. Estas obligaciones pueden ser asumidas con relativa facilidad por grandes explotaciones agrícolas que disponen de departamentos técnicos propios y pueden repartir los costes entre cientos de hectáreas.

Pero la realidad del campo murciano es muy diferente. Aproximadamente el 92% de las explotaciones agrícolas de la Región de Murcia cuentan con menos de 20 hectáreas, lo que demuestra que el modelo predominante es el de la explotación familiar y de pequeña dimensión. Para un agricultor con cinco, diez o quince hectáreas, el coste de una analítica, de un asesor técnico o de cumplir con nuevas obligaciones administrativas tiene un impacto económico mucho mayor que para una gran empresa agrícola. El riesgo es evidente: que una norma diseñada para proteger el medio ambiente termine acelerando la desaparición del pequeño agricultor y favoreciendo una mayor concentración de la tierra en manos de grandes operadores.

A esta preocupación se añade el régimen sancionador aplicable en la Región de Murcia, especialmente severo por la protección de sus masas de agua y, en determinadas zonas, por la normativa adicional vinculada al Mar Menor. Muchos agricultores muestran su preocupación por que una sanción económica de elevada cuantía, incluso derivada de un incumplimiento administrativo sin una contaminación efectiva demostrada, puede poner en peligro la continuidad de una explotación familiar. El debate no está en si hay que controlar los nitratos, sino en si las sanciones deben tener la misma dureza para un pequeño agricultor que para una gran explotación con una capacidad económica muy superior.

Ahora bien, la solución no pasa por enfrentarse a Europa ni por eliminar las medidas de protección ambiental. La Unión Europea marca los objetivos de calidad de las aguas, pero deja margen para que los Estados y las comunidades autónomas apliquen medidas más proporcionadas y adaptadas a la realidad de cada territorio.

Por ello, las administraciones deben plantear soluciones reales que permitan compatibilizar la protección del agua con la supervivencia del campo. Es necesario establecer un régimen diferenciado para pequeñas explotaciones, reducir cargas burocráticas cuando no exista un riesgo ambiental significativo, crear líneas de ayuda que sufraguen los costes de analíticas y asesoramiento técnico, potenciar que las comunidades de regantes y cooperativas puedan prestar servicios conjuntos a sus agricultores, establecer periodos de adaptación razonables e impulsar la agricultura de precisión y la fertiirrigación eficiente.

Igualmente, importante es revisar el sistema sancionador para que exista una verdadera proporcionalidad, diferenciando claramente entre quien causa un daño ambiental grave y quien comete un error administrativo sin repercusión sobre las aguas. Proteger el medio ambiente debe significar corregir malas prácticas, no expulsar del campo a quienes durante generaciones han sido los responsables de mantener vivo nuestro medio rural.

El agricultor murciano ha demostrado durante décadas que es un referente mundial en eficiencia en el uso del agua, en riego localizado y en producción agrícola de alta calidad. Sin embargo, la sostenibilidad no puede convertirse en una carrera de obstáculos donde únicamente sobrevivan aquellos que disponen de mayores recursos económicos.

Como decía el protagonista de la serie Yellowstone, John Dutton: "Estamos gobernados por políticos cobardes que solo atienden a los intereses de los grandes lobbies". Una frase dura que invita a una reflexión profunda sobre cómo, en ocasiones, las decisiones se toman desde los despachos, lejos de la realidad de quienes trabajan cada día la tierra.

Los agricultores no piden privilegios ni estar por encima de la ley. Piden algo mucho más razonable: que las normas se elaboren escuchando al campo, teniendo en cuenta la realidad de una región donde el 92% de las explotaciones son pequeñas y familiares, y diferenciando entre quien daña deliberadamente el medio ambiente y quien simplemente necesita ayuda para adaptarse a nuevas exigencias.

Porque la verdadera sostenibilidad no será aquella que consiga campos llenos de expedientes y agricultores abandonando sus tierras. La verdadera sostenibilidad será la que logre un equilibrio entre unas aguas limpias, un medio natural protegido y un mundo rural vivo, donde los pequeños agricultores puedan seguir cultivando la tierra que heredaron de sus padres y puedan entregarla con orgullo a sus hijos.

José García Martinez.