España vuelve a arder. Miles de hectáreas devoradas por las llamas, pueblos amenazados, vecinos desalojados, explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas y un enorme daño ambiental que, desgraciadamente, vuelve a repetirse.

Y vuelven también las explicaciones de siempre: altas temperaturas, sequía, viento, la emergencia climática. Factores que influyen, pero que no deberían impedirnos hacer una pregunta fundamental: ¿en qué condiciones llegan nuestros montes al verano?

España cuenta con cerca de 28 millones de hectáreas de superficie forestal y arrastra desde hace años un grave problema de abandono rural, pérdida de ganadería extensiva, menor aprovechamiento de leña y biomasa y una gestión insuficiente de amplias superficies forestales.

El resultado es sencillo: demasiado combustible esperando una chispa.

La prevención de incendios no comienza cuando aparece la primera columna de humo ni cuando despega el primer hidroavión. Empieza muchos meses antes: gestionando el monte, realizando tratamientos de desbroce, manteniendo cortafuegos y accesos, reduciendo la continuidad del combustible vegetal, aprovechando la biomasa y favoreciendo actividades tradicionales como el pastoreo.

Sin embargo, hemos construido un enorme entramado de leyes, planes, autorizaciones y restricciones ambientales, debido a la famosa Agenda 2030, que han paralizado el mantenimiento de nuestros montes Ya que alrededor de las actuales políticas de protección ambiental, conviven la Ley de Montes, la legislación sobre biodiversidad, Red Natura 2000, espacios protegidos y numerosas normativas estatales y autonómicas que pueden convertir determinadas actuaciones forestales en procesos complejos y burocráticos.

Proteger el medio ambiente es necesario.

Pero proteger no puede significar abandonar.

Un bosque no se protege solamente desde un despacho, aprobando leyes y estrategias. Se protege trabajando sobre el terreno.

Y mientras acumulamos normativas, nuestros montes acumulan combustible.

Después llega el verano, suben las temperaturas, baja la humedad, aparece el viento y cualquier negligencia, accidente o acto intencionado puede desencadenar un incendio devastador.

Entonces aparecen los millones.

Hidroaviones, helicópteros, bomberos, brigadas forestales, UME, evacuaciones y posteriormente ayudas para reconstruir lo destruido.

Todo ello es imprescindible cuando existe una emergencia. Pero deberíamos preguntarnos:

¿Cuánto habría costado prevenir antes lo que después nos cuesta millones apagar y restaurar?

También resulta preocupante que parte de nuestra flota estatal de grandes hidroaviones lleve décadas de servicio. Se ha previsto incorporar siete nuevos aviones DHC-515, pero su llegada se prolongará durante los próximos años. Actualmente solo hay operativos cinco hidroaviones, para cubrir todo el territorio nacional.

Otra vez parece que vamos detrás del problema.

Pero ni siquiera disponer de más hidroaviones solucionará por sí solo la situación. Si dejamos enormes superficies cargadas de combustible, llegará un momento en que ningún medio aéreo podrá compensar lo que no se hizo durante los meses anteriores.

Por eso la eficacia de una política contra incendios no debería medirse solamente por cuántos medios movilizamos cuando España está ardiendo.

Deberíamos preguntar también cuántas hectáreas se gestionaron antes del verano, cuántos cortafuegos estaban correctamente mantenidos, cuánto combustible vegetal se redujo y cuánto dinero se destinó realmente a prevención.

Las responsabilidades están repartidas entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y otras administraciones. Todas deberían rendir cuentas.

Porque detrás de cada hectárea quemada hay mucho más que una estadística.

Hay familias desalojadas, agricultores que pierden cultivos, ganaderos que pierden pastos y animales, viviendas amenazadas y, en los casos más terribles, vidas humanas.

Ellos son quienes terminan pagando las consecuencias de aquello que no se hizo a tiempo. Necesitemos menos burocracia y más gestión forestal; menos discursos después del incendio y más prevención durante el invierno; menos promesas para reconstruir lo quemado y más inversión para evitar que llegue a quemarse. Mientras tanto este gobierno solo habla de emergencia climática, sirviéndole como excusa para no hacer nada.

Porque los incendios no empiezan en verano.

Empiezan mucho antes, cuando dejamos pendiente el trabajo que debería haberse hecho durante el otoño, el invierno y la primavera.

Y cuando despega el primer hidroavión, la prevención ya ha llegado tarde.

José García Martinez.