Cada verano asistimos con preocupación a imágenes de montes arrasados, columnas de humo visibles a decenas de kilómetros, viviendas amenazadas y miles de personas pendientes de la evolución de un incendio. Se movilizan todos los recursos disponibles, los bomberos forestales se juegan la vida en condiciones extremas y la sociedad reconoce, una vez más, la enorme labor de quienes luchan contra el fuego. Sin embargo, cuando las llamas finalmente se extinguen, vuelve a repetirse la misma pregunta, ¿por qué seguimos actuando cuando el incendio ya está declarado en lugar de evitar que alcance semejante magnitud?
La prevención no es una opción, sino la herramienta más eficaz para reducir el impacto de los incendios forestales. Así lo vienen sosteniendo desde hace años ingenieros de montes, especialistas en gestión forestal, investigadores y los propios profesionales que trabajan sobre el terreno. Un monte cuidado durante todo el año, con desbroces, limpieza de matorral, mantenimiento de cortafuegos y una adecuada gestión de la vegetación, presenta muchas más posibilidades de frenar el avance del fuego, que otro abandono durante meses.
Resulta difícil comprender que esta realidad continúe sin ocupar el lugar prioritario que merece. En la Comunidad de Madid, los representantes de los bomberos forestales llevan demasiado tiempo denunciando la precariedad de sus condiciones laborales, la insuficiencia de medios y la necesidad de reforzar los trabajos preventivos a lo largo de todo el año. Sus reivindicaciones no persiguen únicamente mejoras profesionales, también reclaman un modelo de gestión que permita proteger con mayor eficacia el patrimonio natural y la seguridad de la población.
La lógica parece sencilla, si los montes reciben un mantenimiento constante, disminuye la acumulación de vegetación seca que actúa como combustible cuando llegan las altas temperaturas. Por el contrario, cuando la prevención resulta insuficiente, las consecuencias pueden ser devastadoras si coinciden olas de calor, sequías prolongadas y fuertes vientos, fenómenos que hoy son cada vez más frecuentes.
Paradójicamente, con demasiada frecuencia se terminan destinando enormes recursos económicos y humanos a la extinción de incendios que podrían haber reducido considerablemente su intensidad mediante una política preventiva sostenida. Cada gran operativo supone la movilización de centenares de profesionales, medios aéreos, maquinaria especializada y servicios de emergencia. Sin embargo, numerosos expertos llevan años insistiendo en que invertir de manera continuada en prevención no solo protege mejor los montes, sino que también representa una gestión mucho más eficiente de los recursos públicos.
A ello se suma otro elemento que resulta imposible ignorar, la comunidad científica lleva décadas alertando sobre los efectos del cambio climático. El aumento de las temperaturas, la reducción de las precipitaciones en determinadas zonas y la mayor frecuencia de episodios meteorológicos extremos crean unas condiciones especialmente favorables para la propagación de grandes incendios forestales.
Negar o minimizar esta realidad no modifica los hechos. Los incendios actuales son, en muchos casos, más rápidos, más intensos y más difíciles de controlar que los de hace apenas unas décadas.
Precisamente por ello, las administraciones públicas tienen la responsabilidad de adaptar sus políticas a ese nuevo escenario. No basta con reaccionar cuando las llamas ya avanzan sin control, la verdadera eficacia de una gestión pública se demuestra mucho antes, cuando se planifican los trabajos forestales, se escucha a los profesionales que conocen el terreno y se dota a los servicios de prevención de los recursos necesarios para desarrollar su labor durante todo el año.
La Comunidad de Madrid, como administración competente en esta materia, tiene el deber de analizar con rigor si las medidas adoptadas responden a la magnitud del desafío que representan los incendios forestales actuales. Escuchar las demandas de los incendios forestales, reforzar la prevención y asumir las recomendaciones de la comunidad científica no constituye una concesión política, sino una obligación derivada de la responsabilidad de proteger el territorio y a quienes lo habitan.
Porque los incendios no empiezan el día en que aparece la primera llama, empiezan mucho antes, cuando se deja de invertir en prevención, cuando se desatienden las advertencias de quienes mejor conocen el monte y cuando se olvida que la naturaleza no entiende de discursos ni de insultos, sino de decisiones responsables.
Y si, pese a las advertencias de los especialistas, a las reivindicaciones de los bomberos forestales y la evidencia que existe, las administraciones continúan sin dar a la prevención la prioridad que merece, serán los ciudadanos quien deban extraer sus propias conclusiones. En una democracia, el voto no solo es un derecho, también es una herramienta para exigir responsabilidad, eficacia y compromiso con el interés general. Cada persona es libre de decidir a quien deposita su confianza, pero conviene recordar que gobernar implica responder con hechos, no con promesas. Quizá ha llegado el momento de exigir un rumbo diferente, de valorar la gestión y decidir, con su voto y con pleno conocimiento de causa, si merece ser respaldada la actual gestión del panorama que seguimos viviendo.
CONCHI BASILIO
